El candidato presidencial Jorge Nieto aseguró que, de llegar al Gobierno, no intervendrá en las decisiones que competen exclusivamente al sistema de justicia respecto a la situación legal del expresidente Pedro Castillo. Nieto enfatizó que las determinaciones del Poder Judicial son autónomas y que cualquier intromisión del Ejecutivo desvirtuaría los principios democráticos del país. Según Nieto, su gestión se enfocará en garantizar que todos los procesados tengan un juicio justo bajo el amparo de la ley, sin buscar beneficios políticos a través de la manipulación de sentencias.
Nieto subrayó que no gobernaría buscando la obtención de votos mediante promesas que vulneren la institucionalidad de la Fiscalía o los tribunales. En su lugar, el candidato propone una aplicación de la ley que sea pareja para todos los ciudadanos, garantizando a plenitud los derechos de los acusados. Esta defensa de la autonomía judicial se complementa con su propuesta de fortalecer la lucha contra la corrupción mediante la creación de instituciones totalmente independientes del Gobierno.
También sostuvo que el compromiso presidencial debe limitarse a facilitar el cumplimiento de las normas y a erradicar cualquier sospecha de favoritismo dentro del aparato estatal. Para el candidato, la estabilidad democrática del Perú depende de que la autoridad máxima respete los estándares internacionales de separación de poderes.
Independencia de poderes y ética pública
Propuso que la autoridad máxima debe estar comprometida con un gobierno honesto para nombrar funcionarios de igual calidad ética, evitando el uso del presupuesto público para fines personales o de amistades. Esta visión ética es la que, según Nieto, impedirá cualquier tipo de negociación política sobre procesos judiciales en curso.
Fortalecimiento de la transparencia
Como parte de su estrategia para evitar la impunidad, Nieto planteó la creación de un instituto de transparencia, el cual operaría con la misma autonomía que el Banco Central de Reserva. Esta entidad se encargaría de vigilar las acciones del gobierno en tiempo real, buscando elevar el nivel de exigencia ética en la administración pública. Con este sistema, se busca que la población participe activamente denunciando irregularidades, asegurando que las quejas sean atendidas y sancionadas por la autoridad competente.
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