Rafael López Aliaga (Porky) ahora se cuida de mencionar la palabra “fraude”, pero el propósito no le duró mucho tiempo. Terminó culpando de su derrota y de las supuestas irregularidades en el conteo de votos a Gustavo Gorriti, quien, según afirma, tendría a sus “operadores” como Marco Sifuentes y Rosa María Palacios.
El candidato insiste en que le han robado más de un millón de votos.
En respuesta, la periodista Rosa María Palacios señaló: “Rafael López Aliaga me ha hecho un inmenso reconocimiento. Según él, yo pongo y saco presidentes. Por eso me tiene terror y su respuesta es la ira balbuceante del difamador. Sobre sus alucinaciones, yo no puedo hacer nada. Son solo suyas. No me afectan sus locuras porque no me pertenecen. Lo que me pertenece es mi respuesta. Y es esta: no estoy interesada en que siga colgándose de mi nombre para obtener la notoriedad que no merece. Sus insultos solo lo describen a él y a sus seguidores, no a mí”.
Por su parte, el periodista Marco Sifuentes optó por responder con emojis a las declaraciones del candidato.
Otro momento tenso se vivió durante la ronda de preguntas. López Aliaga no toleró los cuestionamientos de los periodistas sobre su denuncia. Especialmente, contra Perú 21 hubo un choque frontal, en el que reiteró que el medio estaba “coludido” con IPSOS para perjudicarlo.
Asimismo, evitó responder cuando se le planteó el escenario de que el JNE y otras autoridades desestimen sus pedidos de un recuento total de votos, al menos en Lima. Tampoco aclaró si asumirá su eventual cargo como senador. Incluso, minimizó y se burló de los periodistas que intentaron repreguntar, respondiendo con gestos irónicos.
¿Qué pide Rafael López Aliaga, alias «porky»?
La conferencia de López Aliaga se dio luego de que el Jurado Nacional de Elecciones rechazara la posibilidad de convocar a elecciones complementarias, decisión que el líder de Renovación Popular calificó como un golpe a la legitimidad del proceso electoral.
Lejos de retroceder, el candidato ha intensificado sus acciones. Su partido ha exigido al JNE la anulación de más de 4,500 actas electorales, argumentando presuntas fallas e irregularidades en su procesamiento. Además, ha insistido en la necesidad de un recuento total de votos en Lima, señalando que los resultados no reflejan la voluntad popular.
En paralelo, López Aliaga anunció que evalúa presentar acciones legales contra las autoridades electorales, incluyendo al presidente del JNE, a quien responsabiliza de no haber suspendido el proceso pese a las denuncias. Desde su entorno, sostienen que existen suficientes indicios para iniciar investigaciones penales por presuntas irregularidades.
Sin embargo, tanto el JNE como la ONPE han defendido la transparencia del proceso y han descartado que exista un fraude sistemático. Han señalado que los mecanismos legales para impugnar actas están en marcha y que cualquier reclamo debe canalizarse por las vías correspondientes.
El escenario, lejos de calmarse, sigue escalando. Las acusaciones, respuestas y amenazas legales han convertido el proceso electoral en un campo de confrontación constante.
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