Un caso que vuelve a poner bajo la lupa a quienes deberían garantizar el control en zonas clave. Ocho personas, entre ellas efectivos policiales, cumplirán 24 meses de prisión preventiva tras ser investigadas por presuntamente integrar una red de corrupción vinculada al contrabando en la región Puno.
La medida fue dictada por el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, a pedido del Ministerio Público.
Investigación apunta a presunta organización criminal
Según la tesis fiscal, los investigados habrían formado parte de una organización criminal dedicada a facilitar el paso irregular de mercancías desde la frontera con Bolivia, evadiendo controles aduaneros.
El caso está a cargo del fiscal provincial Arturo Zirena Asencio, del Primer Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Puno.
Los implicados fueron identificados como Rubén Toque, Mario Soto, Elmer Angulo, Fraydy Paucar, Herbert Limachi, Percy Rojas, Lucila Solís y Jaime Cerezo Capajana.
Se les investiga por los presuntos delitos de organización criminal, cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial y contrabando agravado.
Cobros ilícitos y rutas bajo vigilancia
De acuerdo con las diligencias, la presunta red operaba desde el año 2024, realizando cobros ilegales a transportistas para permitir el tránsito de camiones cargados con mercancía de contrabando.
Las acciones de seguimiento y vigilancia se concentraron en zonas estratégicas como el sector de Tilali, en la provincia de Moho, además de rutas que comprenden localidades como Samán y Huancané.
Un punto clave en la investigación es la presunta participación de agentes policiales, quienes habrían facilitado el paso de los vehículos a cambio de beneficios económicos.
Megaoperativo permitió detenciones
El caso dio un giro el pasado 16 de marzo, cuando la Fiscalía Anticorrupción ejecutó un megaoperativo en distintas zonas de la región para desarticular esta presunta red.
Durante la intervención se logró la detención de los investigados, lo que permitió reunir elementos que sustentaron el pedido de prisión preventiva.
Ahora, el proceso entra a una nueva etapa.
Con los implicados en prisión, la Fiscalía buscará consolidar pruebas para determinar responsabilidades.
Pero el trasfondo es más amplio.
Lo que este caso expone es cómo redes ilegales pueden operar en zonas de frontera con la presunta complicidad de quienes, en teoría, deberían frenarlas.
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