Regidora de Arequipa presenta tres denuncias penales tras revocatoria de su suspensión

La sanción que se dio en 2025, tras considerar como falta grave la intervención de la regidora frente a dos efectivos de Serenazgo.

Por Dioselin Neira | 6 abril, 2026

La regidora del distrito de Alto Selva Alegre, en Arequipa, Mitsu Alexandra Quispe Zea, anunció que ha interpuesto tres denuncias penales por el daño causado a su imagen tras la sanción que el concejo municipal le impuso en marzo de 2025.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) revocó la suspensión de 30 días que pesaba sobre la autoridad edil mediante la Resolución N.° 0587-2026-JNE, emitida el 20 de marzo de 2026.

¿Cuál fue el origen de la sanción?

El pasado 21 de marzo de 2025, el Concejo Distrital de Alto Selva Alegre aprobó el Acuerdo de Concejo Nº 012-2025/MDASA, que suspendía a Mitsu Quispe por 30 días. La medida se sustentó en el literal i) del artículo 69º del Reglamento Interno del Concejo Municipal de la Municipalidad de Alto Selva Alegre, tras considerar como falta grave la intervención de la regidora frente a dos efectivos de Serenazgo.

La respuesta del Jurado Nacional de Elecciones

La concejal llevó su caso ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), cuyo pleno declaró infundado el pedido de suspensión por dos razones: no existe falta grave, ya que llamar la atención a dos efectivos de Serenazgo no constituye una infracción de la magnitud requerida, y la causal no quedó acreditada, pues la supuesta infracción al numeral 4 del artículo 25 de la Ley N.º 27972 (Ley Orgánica de Municipalidades) no fue demostrada.

Además, el Jurado exhortó al Concejo Distrital de Alto Selva Alegre a conducir todos los procesos de suspensión, vacancia o cualquier índole electoral respetando el debido proceso y la garantía de doble instancia.

«He interpuesto tres denuncias penales contra el consejo municipal y los gerentes funcionarios responsables por abuso de autoridad»

Asimismo, la regidora denunció que el municipio aplicó la suspensión al día siguiente de la notificación, sin darle plazo para reconsiderar o apelar. Señaló que esto configura una usurpación de funciones, ya que solo el Jurado Nacional de Elecciones es el ente para determinar si su suspensión era correcta.

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