Pobre Pedro Castillo: primero intentó dar su fallido golpe de Estado, luego quiso que el Tribunal Constitucional hiciera magia y anulara su prisión preventiva por los casos Petroperú, Puente Tarata y Ministerio de Vivienda, pero el TC, con gran frialdad, le respondió que no veía “asuntos de relevancia constitucional” ni vulneración de derechos fundamentales que justificaran la nulidad.
Así que declararon su demanda “improcedente” y, por si fuera poco, también le rechazaron el intento de anular la investigación por el autogolpe del 7 de diciembre de 2022, aunque ahí, al menos le dijeron que ya no hacía falta porque los hechos que motivaron el reclamo habían dejado de tener efecto.
Mientras tanto, un juez supremo le sumó 12 meses más a su prisión preventiva, y Pedro Castillo ya acumula una condena de 11 años, 5 meses y 15 días por conspiración para rebelión. En resumen: el exmandatario sigue tras las rejas, y el TC, con toda la paciencia del mundo, sigue diciéndole “gracias, pero no”.
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