El congresista Edwin Martínez Talavera solicitó formalmente al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) la notificación inmediata de la resolución que declara vacante al alcalde de Arequipa, Víctor Hugo Rivera. El parlamentario señaló que, pese a haberse votado a favor de la vacancia el pasado 10 de abril, el organismo electoral mantiene el proceso detenido. Esta demora administrativa supera los veinte días, excediendo los plazos de cinco días establecidos en la Ley N° 27444.
La permanencia de Rivera Chávez en el cargo, según Martínez, representa una situación de desgobierno total para la provincia. El legislador argumenta que la falta de publicación oficial impide que la teniente alcalde, Ruccy Judith Oscco Polar, asuma la conducción de la municipalidad. La omisión por parte de la Secretaría General del JNE estaría afectando gravemente la ejecución presupuestal y el normal desarrollo de las funciones públicas en Arequipa.
El congresista sostiene que la falta una resolución que oficialice su vacancia obstaculiza la fiscalización ciudadana y mantiene una autoridad sin legitimidad tras el fallo del pleno. Ante ello, exige que el máximo organismo electoral cumpla con el marco legal vigente para finalizar la incertidumbre administrativa que atraviesa la ciudad.
Postura de la Municipalidad de Arequipa
La gestión municipal actual calificó las declaraciones del congresista como falsas e injustas para los servidores públicos. Mediante un comunicado, la institución instó al parlamentario a detallar qué áreas específicas habrían dejado de funcionar para sustentar sus críticas. A su vez, el MPA remarcó que la resolución sobre la vacancia es competencia exclusiva y autónoma del Jurado Nacional de Elecciones. Subrayaron que cualquier decisión del organismo debe acatarse en el marco de la legalidad y libre de injerencia política externa.
Sumari respalda pedido de celeridad ante «escenario de desgobierno»
Esta exigencia de celeridad coincide con la postura del decano del Colegio de Abogados de Arequipa, Jorge Sumari. El jurista advirtió que el organismo electoral podría incurrir en el delito de omisión de funciones si mantiene el retraso. Sumari explicó que el JNE ya superó el plazo de diez días hábiles obligatorios tras el adelanto del fallo. Ambos representantes coinciden en que la demora genera una grave inseguridad jurídica y un escenario de incertidumbre administrativa en la ciudad.
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