En una megaoperación conjunta, la Fiscalía y la Policía Anticorrupción realizaron el allanamiento al Gobierno Regional de Junín y 17 inmuebles vinculados al gobernador Zósimo Cárdenas, a quien se investiga por contratar los servicios de internet por más de 78 mil soles con una empresa que no reunía los requisitos mínimos para efectuar el proceso.
Los inmuebles allanados se encuentran: 14 en Huancayo y tres en Pichanaqui, provincia de Chanchamayo. Participaron 18 fiscales y 130 miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) a fin de dar abasto para custodiar e intervenir cada una de las residencias.
Según la tesis fiscal, el gobernador de Junín y sus funcionarios otorgaron la buena pro a la empresa Fast Net Perú EIRL por un monto de 78 mil 750 soles. El objeto es brindar el servicio de internet por fibra óptica por un período de nueve meses para la sede del Gobierno Regional de Junín.
Sin embargo, la empresa no cumplía con los requisitos mínimos para contratar con el Estado. Por eso se habrían constituido los delitos contra la administración pública en la modalidad de colusión agravada.
En un informe de Contraloría, se advirtió que el Gobierno Regional de Junín destinó «sin sustento técnico» S/8 millones a diez obras en ejecución
Encuentran dinero en residencias de funcionarios
Al momento, se conoce que se ha encontrado 37 mil 520 soles en la vivienda del coordinador de Adquisiciones del Gobierno Regional de Junín, Manuel Maximiliano Ricapa.
Mientras que en la del subdirector de Abastecimientos y Servicios Auxiliares, Pedro Abel Cóndor Canchanya, se encontró 52 mil 400 soles y 950 dólares.
El equipo de policías y fiscales trasladarán los documentos, archivos digitales y otros a la sede de la Dirección Contra la Corrupción en Huancayo.
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