El dirigente Wilber Mayta Fernández reapareció públicamente este viernes junto con algunos miembros de la asociación Jorge Basadre y su abogado, Hernán López Villafuerte. Ellos anunciaron que demandarán a la procuradora del Gobierno Regional de Arequipa (GRA), Amparo Begazo, funcionarios y hasta policías que participaron en el desalojo del 3 de julio. Este episodio concluyó con la detención del dirigente en la comisaría de Uchumayo.
Mayta Fernández argumenta que los terrenos donde se ubica su asociación fueron donados por una representante de El Común de Los Zeballos. Como se recuerda, herederos y copropietarios reclaman este lugar y afirman tener más de 70 mil hectáreas en el Cono Norte de Arequipa. Por ello, el dirigente aduce que la intervención fue ilegal.
No es la primera vez que ocurren estos hechos. En febrero, Mayta Fernández hizo lo mismo luego de ser haber sido desalojado en diciembre de 2023. En aquella ocasión, denunció a 10 funcionarios del GRA y al ex jefe de la IX Macro Región Policial de Arequipa, Ghino Malaspina.
Para la procuradora Amparo Begazo y el comandante PNP Carlos Blanco, es allí cuando se da la invasión o usurpación de terrenos en agravio del GRA. Por ello, se dispuso que la oficina de Oficina de Ordenamiento Territorial disponga lo más pronto posible el uso que se le dará a las 42 hectáreas recuperadas.
Abogado de Wilber Mayta responde
En la partida registral 04009359, donde se ubica el caso de El Común de los Zeballos se muestra que una copropietaria del predio vendió todos sus derechos en 2022. Mayta Fernández recibió ila donación en junio de 2023, lo cual parece incoherente a primera vista.
Ante ello, López Villafuerte señala que Mayta Fernández obtuvo la posesión de los terrenos unos años antes. Por ello, un eventual desalojo debería ser impulsado por los copropietarios y no por el GRA. Sin embargo, para las autoridades este tema ya está cerrado. El título de una nota de prensa de marzo indica textualmente que según el Tribunal Constitucional (TC) la «propiedad El común de los Zeballos es del GRA”.
Si el área en controversia fuera propiedad de Mayta Fernández, el caso se podría aclarar con el eventual registro del predio ante Sunarp. Para López Villafuerte, ellos no tienen la obligación legal de hacerlo.
Dentro de la partida registral solo se mencionan derechos sobre el inmueble. Incluso el TC señala que no se determinó con exactitud el área en mención. Por ello, resultaba cuestionable saber cómo Mayta Fernández delimitó el proyecto de su asociación. López Villafuerte argumenta que existen escrituras públicas donde se constatan las coordenadas del predio.
Resulta curioso que el plano de El Común de Los Zeballos esté firmado por un profesional habilitado en el Colegio de Arquitectos de Arequipa. Se trata de Alejandro Osciel García Chire (CAP 13170). El hecho es cuestionable porque en más de una ocasión el decano de dicha institución, Juan Melgar, se ha mostrado como enemigo público de las invasiones.
Aparece otro copropietario de El Común de Los Zeballos
Durante la rueda de prensa ofrecida por Mayta Fernández, se hizo presente Cirilo Patiño Cáceres. Él aduce ser copropietario de El Común de Los Zeballos, por ser nieto de Gregoria Zeballos. Patiño Cáceres indicó que está regularizando los documentos para comprobar su posesión. Mientras tanto, Mayta Fernández expresó que sufre amedrentamientos por parte la policía en su oficina ubicada en la calle Octavio Muñoz Najar 209.
La denuncia penal que el dirigente hizo contra funcionarios del GRA en febrero ya está archivada. Un interdicto de retener fue presentado en abril. Se trata de una acción legal cuando hay perturbación a la posesión. La conclusión de este proceso se verá el 25 de setiembre en la sala de audiencias del Sexto Juzgado Especializado Civil (Arequipa).he. La
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