La región Ayacucho enfrenta una crisis de infraestructura con 94 obras paralizadas, según el Sistema de Información de Obras Públicas de la Contraloría General de la República. De estas, 72 están bajo la administración directa del Gobierno Regional de Ayacucho y 22 son gestionadas mediante contratos con terceros, con un presupuesto total de S/132 millones 127 mil 570.40.
Entre las obras paralizadas se encuentran importantes proyectos de saneamiento, riego y construcción de caminos, afectando a comunidades rurales que dependen de estas infraestructuras para mejorar su calidad de vida. Un caso emblemático es la construcción del sistema de riego Curipampa, en la provincia de Parinacochas, que lleva más de 11 años detenida. Con un presupuesto de S/20 millones 776 mil 169.40, esta obra debió entregarse en 2015, pero hasta la fecha solo ha avanzado un 41.52 %. La entidad encargada es el Programa Regional de Irrigación y Desarrollo Rural Integrado – Prider, cuestionado por serios casos de corrupción.
Pagos para un expediente técnico incompleto y técnicamente deficiente
El Prider ha sido señalado por la Contraloría en repetidas ocasiones. Uno de los casos más graves involucra el proyecto de instalación del sistema de riego Azafrancucho en la provincia de Huanta, donde se detectaron pagos por S/997 mil para un expediente técnico incompleto y técnicamente deficiente. En el Informe de Control Específico n.° 032-2023-2-5997, se detalla que el Prider otorgó contratos a postores sin experiencia, resultando en un expediente técnicamente inconsistente que se aprobó sin los estudios necesarios.
Este expediente lo reformularon en 2017, pero continuó presentando deficiencias técnicas. Esta situación llevó a que el proyecto fuera desactivado en 2019 por la Dirección General de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas – MEF.
La Contraloría ha señalado la responsabilidad penal de seis funcionarios del Prider. Está incluido Eduardo Huacoto Díaz, actual gerente general del Gobierno Regional de Ayacucho, por su rol en la aprobación irregular de estos expedientes técnicos.
El consejero por la provincia de Huanta, Julio Valdez, expuso la desaparición de 200 bolsas de cemento. Estaban destinadas a la construcción del sistema de riego Ismuñay, también gestionado por el Prider. Aunque el director de Infraestructura del Prider, Luis García, negó las acusaciones, asegurando que las bolsas estaban en custodia, esta situación pone en evidencia la desconfianza hacia las autoridades.
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