Se trata de una denuncia constitucional suscrita por los parlamentarios Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), José Cueto (Honor y Dignidad) y Alfredo Azurín (Somos Perú) que involucra a todos los fiscales supremos en funciones. La supuesta falta grave e infracción a la Constitución sería el defender sus competencias frente a la ley que le otorga la facultad de investigar los delitos a la Policía Nacional, en lugar de la fiscalía.
Los denunciados son la Fiscal de la Nación, Delia Espinoza, los fiscales supremos Juan Villena (saliente Fiscal de la Nación), Pablo Sánchez y Zoraida Ávalos. Los cuatro conforman actualmente la Junta de Fiscales Supremos, máximo órgano de gobierno del Ministerio Público. De proceder la denuncia, este órgano quedaría descabezado ante una eventual sanción e inhabilitación.
Según los congresistas, los fiscales supremos cometieron infracciones a la Constitución y abuso de autoridad. Esto, al presentar una demanda de inconstitucionalidad sobre decretos legislativos aprobados por el Congreso que está pendiente de resolverse en el Tribunal Constitucional (TC). Además, por haber publicado un reglamento de cumplimiento obligatorio en el Ministerio Público sobre pautas para el proceso de investigación en el marco de la nueva norma. A la espera de que la demanda obtenga algún resultado en contra de la ley que otorga a la PNP la facultad de dirigir indagaciones preliminares. Asimismo, el 11 de setiembre la Junta de Fiscales Supremos, Fiscales Provinciales y coordinadores de Fiscalías Especializadas y Equipos Especiales del Ministerio Público emitieron un pronunciamiento señalando que la Ley 32130 es inconstitucional.
Procedimiento y sanción de fiscales supremos
Así, en caso de aprobarse, se tendría que proceder a un antejuicio y juicio político. La máxima sanción es la imputación de delitos así como la inhabilitación de la función pública. La norma fue promulgada por Dina Boluarte en medio del paro de transportistas por la ola de delincuencia que azota el país.
La denuncia constitucional llegará a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, que preside la legisladora María Acuña, de Alianza Para el Progreso (APP). En este grupo de trabajo las bancadas de Fuerza Popular y Perú Libre con algunos aliados, tienen mayoría.
