El Gobierno oficializó una ley que, según su justificación, busca proteger a la Policía Nacional del Perú, pero que ha generado controversia al garantizar inmunidad para los agentes que usen armas de fuego y provoquen lesiones o muertes. Con la firma de Dina Boluarte y su gabinete, ahora ni jueces ni fiscales podrán dictar prisión preventiva o detención preliminar contra los policías involucrados.
La ley, en teoría, defiende el principio de inocencia, pero para muchos es más bien un «cheque en blanco» para el uso excesivo de fuerza. Mientras tanto, en paralelo, se aprobó otra norma que endurece sanciones contra fiscales y jueces que no actúen con la misma contundencia al procesar a personas detenidas en flagrancia. Todo esto entra en vigencia este jueve, dejando una mezcla de inquietud y preguntas sobre el balance entre seguridad y justicia.
