Mario Cabani, el doctor de las bisturí-aventuras presidenciales, llegó puntual a su cita con el Congreso. ¿Y quién lo recibió? Solo el buen Juan Burgos, solito, como en fiesta infantil con piñata pero sin invitados. Los demás congresistas, muy ocupados, se conectaron por Zoom… y ni una pregunta le hicieron.
Cabani, con cara de “yo solo vine porque me obligaron”, confirmó que sí operó a la tía Dina. Pero de ahí, mutis. Se acogió al secreto profesional como si fuera secreto de Estado, aunque dijo que hablaría si un juez se lo ordenaba. “Sin orden judicial, ni un bisturí más”, dijo, casi casi con banda sonora de suspenso. Mientras tanto, el Congreso sigue haciendo cosplay de fiscalizadores, pero en modo fantasma.
A ver si con un pedido de prisión preliminar el cirujano se convierte en cantante.
Congresista fujimorista asegura que no hay ningún pacto con Dina Boluarte tras archivar denuncia del caso Rolex
Los congresistas siguen la Constitución al pie de la letra… cuando les conviene. Y cuando no, simplemente la interpretan como mejor les acomoda para lograr sus objetivos. Una vez más, los peruanos hemos sido testigos de cómo Dina Boluarte se salva —otra vez— de un proceso constitucional.
El caso Rolex, una de las denuncias más sólidas contra la presidenta, ni siquiera superó el primer filtro pese a la cantidad de pruebas. La denuncia presentada por el exfiscal interino Juan Carlos Villena fue rápidamente desechada en la Comisión de Constitución.
Pero lo más escandaloso no fue el archivo en sí, sino los argumentos con los que lo justificaron. La congresista fujimorista encargada del informe aseguró que no hay “ningún pacto” con la presidenta y que todo se basó —muy dignamente— en el artículo 117 de la Constitución, que según ella, impide procesarla. Todo legal, nada político. Ajá.
Y como para que el show parezca más imparcial, la presidenta de la comisión, María Acuña de APP, decidió abstenerse, aclarando que “en su comisión no se blinda a nadie”. Claro, y nosotros aquí viendo a los chanchos volar.
José Domingo Pérez cuestionó que no se le dejara ingresar a su oficina, y que su suspensión pueda alargarse
José Domingo Pérez, el fiscal suspendido por la ANC del Ministerio Público, advirtió que, mientras Juan Antonio Fernández Jerí siga al mando, su separación temporal podría volverse permanente, como esos trámites que nunca terminan. Camino a denunciarlo por abuso de poder, tras ser impedido de ingresar a su oficina, comparó su caso con el de Marita Barreto, cuya suspensión ya superó los seis meses iniciales. La lógica es simple: si molestas, te alargan el ‘descanso’ hasta el retiro forzoso. Criticó además que, pese a su obligación de entregar documentos, le bloquearon el acceso, mientras la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, no hizo nada.
«(¿Usted cree que la Fiscal de la Nación allanó el camino para su salida?) Es obvio. Y le repito: el siguiente será Rafael Vela, con lo cual seguramente la Fiscal pensará que estará libre de los cuestionamientos de los actores políticos que pueden poner en peligro su permanencia», respondió visiblemente afectado.
