Presidenta usa a Vallejo y carta del Papa León XIV en mensaje presidencial

En el texto de su último mensaje presidencial, Dina Boluarte tenía previsto mencionar a personajes históricos como Mariategui, Arguedas, Vargas Llosa. Sin embargo, luego de más de cuatro horas de discurso, omitió esa lectura y cerró con una carta del Papa León XIV.

Por Milagros Gonzáles Sánchez | 28 julio, 2025

Tras casi tres años marcados por una profunda crisis de legitimidad, tenía planteado mencionar a José Carlos Mariátegui, José María Arguedas, Jorge Basadre, Víctor Raúl Haya de la Torre, Mario Vargas Llosa y más peruanos ilustres para congraciarse con la ciudadanía en este, su último 28 de julio en la presidencia. Sin embargo, cometió la infidencia de leer públicamente una carta que le habría remitido el Papa León XIV, a quien llamó “chiclayano y peruano”.

No solo usa carta del Papa León XIV, también se cuelga de César Vallejo

Dina Boluarte apeló a la figura de César Vallejo para cerrar su discurso con un “hay hermanos, muchísimo que hacer”, en lo que pareció un intento forzado de apropiarse de voces emblemáticas de la historia peruana. También exaltó conceptos como “honradez intelectual” y “optimismo republicano”, mientras insistía en que su gobierno ha logrado estabilidad económica y respeto institucional, a pesar de los múltiples cuestionamientos por represión, autoritarismo e intromisión en el sistema de justicia.

El uso de estas referencias buscó suavizar el tono de un mandato que inició con represión mortal en las calles y terminó con un llamado a la unidad nacional.

Dina Boluarte insiste en “reforma” del Ministerio Público y asegura que respeta derechos humanos

Dina Boluarte insiste en reformar el sistema judicial para lograr una “verdadera justicia”, pese a denuncias de injerencia en el Ministerio Público. En el mensaje presidencial también buscó imponer una narrativa internacional de respeto a los derechos humanos.

Durante su mensaje presidencial por Fiestas Patrias, la presidenta Dina Boluarte afirmó que su gobierno trabaja por una “justicia igualitaria, reparadora y accesible”, impulsando reformas estructurales y jornadas de difusión. Sin embargo, estas declaraciones contrastan con las denuncias de injerencia política en el Ministerio Público y los constantes cuestionamientos a la independencia judicial durante su mandato.

“Al inicio de mi gobierno, asumí el compromiso de brindar una justicia real y concreta en favor de todos los peruanos; una justicia accesible para todos, pero que a su vez sea reparadora y primordialmente igualitaria. Para ello, se requiere una reforma al actual sistema de justicia […]. Trabajamos con fuerza para lograr los consensos necesarios con los demás poderes del Estado que nos permitan implementar una reforma del sistema de justicia estructural, que facilite el acceso real a la justicia”, Dina Boluarte insiste con intervenir a las instituciones del sistema judicial (Ministerio Publico y Poder Judicial) para lograr una “verdadera justicia”

Asimismo, mientras el Ejecutivo anuncia “caravanas de justicia” y millones de atenciones legales, ha respaldado silenciosamente decisiones que debilitan la institucionalidad democrática.

“Hemos visto con estupor cómo una institución fundamental del Estado constitucional viene siendo tomada por intereses subalternos, ajenos al interés nacional. Compartimos el deseo de muchos peruanos de contar con un sistema de justicia que garantice la defensa de la legalidad de manera objetiva, oportuna, independiente, autónoma e imparcial. Tenemos el deber de rechazar la politización del sistema judicial”, Dina Boluarte en su mensaje presidencial.

En mensaje presidencial, Dina Boluarte quiso imponer narrativa internacional para lavar su imagen en derechos humanos

Dina Boluarte también aseguró que su gobierno ha fortalecido la defensa internacional de la democracia y los derechos humanos, destacando su participación en foros internacionales. No obstante, esta estrategia diplomática busca imponer una narrativa de respeto a los derechos humanos, mientras en el país persisten denuncias de ejecuciones extrajudiciales, represión a protestas y falta de justicia para víctimas del estallido social de 2022–2023.

El uso de la política exterior para lavar la imagen del gobierno ante la comunidad internacional evidencia una desconexión entre el discurso oficial y la realidad nacional. Mientras en el extranjero se habla de gobernabilidad, en el Perú se criminaliza la protesta y se blinda a los responsables de violaciones a los derechos humanos.

Mandataria asegura que asumió el poder con respaldo ciudadano y llama golpistas a víctimas

Durante su mensaje presidencial por Fiestas Patrias, Dina Boluarte volvió a reivindicar la legitimidad de su mandato, afirmando que asumió la jefatura del Estado “con el respaldo de la ciudadanía” y el respeto de las fuerzas armadas, la policía nacional y las entidades democráticas.

En medio de una fuerte desaprobación popular y protestas ciudadanas que marcaron su primer año de gestión, la mandataria aseguró que su condición de primera mujer presidenta en dos siglos de historia republicana “encierra una responsabilidad superior” que asumió con compromiso.

Con esas palabras, buscó justificar su llegada al poder tras la destitución del expresidente Pedro Castillo, apelando a la estabilidad, el liderazgo y el respeto irrestricto al orden democrático como pilares que guiaron la sucesión.

«Se construyó una narrativa, un relato, por el cual los golpistas eran las víctimas y los que luchamos por recuperar el orden constitucional democrático para alcanzar la paz y la unidad entre los peruanos, fuimos los victimarios. Los golpistas, en el afán de dañar la imagen del nuevo gobierno buscaron dañar la imagen internacional de nuestro país», Dina Boluarte se victimiza en su último mensaje presidencial y llama golpistas a las víctimas.

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Milagros Gonzáles Sánchez

Bachiller en Ciencias de la Comunicación en la especialidad de Periodismo por la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Especializada en fact checkin, crónica, cobertura de Derechos Humanos, conflictos sociales, investigación y fiscalización legislativa.