La socióloga Pamela Cáceres, docente de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA), analiza la transformación del término “caviar” en el escenario político peruano. Su investigación, presentada en un congreso académico, explora cómo esta palabra pasó de ser un llamado a la coherencia dentro de la izquierda a convertirse en un instrumento de exclusión en el discurso de la derecha.
En sus orígenes, durante las décadas de 1970 y 1980, el término surgió en el espacio de la izquierda. Se utilizaba para cuestionar a militantes de clase media que, pese a apoyar ideales progresistas, no compartían el estilo de vida de las clases populares. Era una advertencia: “compórtate de acuerdo con tu discurso”. No implicaba violencia, sino una invitación a la coherencia.
Todo cambió en los años 90, cuando la derecha adoptó el término. Según Cáceres, esta incorporación supuso aceptar una lógica marxista ortodoxa: los ricos deben pensar como ricos y los pobres como pobres. Así, “caviar” empezó a designar a quienes, siendo de clase alta o media, defendían derechos humanos o políticas favorables a los sectores populares. Al inicio, se les veía como “extraños” dentro de su clase, pero no como amenazas.
A partir del año 2000, el uso del término escaló. Ya no solo señalaba diferencias ideológicas, sino que justificaba acciones de exclusión. Desde el 2010, y con más fuerza en el actual gobierno de Dina Boluarte, el calificativo se asocia a una narrativa que busca desacreditar e incluso marginar a ciertos actores del espacio público. Hoy, quienes son llamados “caviares” pueden perder trabajos o consultorías, lo que Cáceres considera una forma de violencia: “Perder empleo no es perder la vida, pero sí la posibilidad de sostener a una familia”.
La investigadora destaca que esta estrategia se evidenció en gobiernos como los de Alan García y Ollanta Humala, donde ingresaron técnicos que no eran de izquierda, pero proponían orden y planificación. Implementaron reformas como la Ley Servir y la creación de la Sunedu, alineadas con organismos internacionales y con una economía liberal. A pesar de ello, fueron catalogados como “caviares” por afectar intereses de capitales nacionales, especialmente de universidades privadas sin estándares de calidad. El discurso que los expulsó los vinculó con términos como “terruco”, inflamando emociones contra un grupo que, en realidad, buscaba modernizar el Estado.
Cáceres también advierte que este fenómeno no se limita a la derecha. En el gobierno de Pedro Castillo, el cerronismo presionó para retirar a ministros acusados de “caviares”, como Pedro Francke y Milton Vásquez, consolidando una narrativa que asocia racionalidad y técnica con traición ideológica.
La especialista subraya un punto crítico: llamar “caviar” a alguien refuerza prejuicios de clase y limita la idea de que las clases populares también pueden generar pensamiento crítico. Para Cáceres, esta falacia se agrava con un componente de racismo. En Perú, a diferencia de otros países, se asume que los sectores andinos no tienen capacidad de reflexionar, reservando la intelectualidad a élites limeñas. “La racionalidad no le pertenece a la burguesía, también está en las clases populares”, afirma.
El discurso actual ha transformado al “caviar” de un “tonto equivocado” en un enemigo que amenaza intereses económicos y políticos. Para la socióloga, esta evolución muestra cómo la política peruana ha abandonado la argumentación y se ha sumergido en un terreno de estigmatización y polarización. El centro moderado, que promueve diálogo, es atacado desde ambos extremos, lo que deja al país frente a un reto mayor: recuperar el debate racional en medio de un clima donde la descalificación gana terreno.
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