Mientras la presidenta del Tribunal Constitucional (TC), Luz Pacheco, afirma que la sentencia por la Ley de extinción de dominio, «protege a inocentes que han perdido bienes», el Ministerio Público refiere que no se han presentado casos concretos en el fallo y ahora el Estado Peruano no podrá recuperar lo mal habido por bandas criminales o por la corrupción.
De acuerdo con lo declarado por el Fiscal adjunto Supremo Titular, Coordinador Nacional de las Fiscalías Especializadas en Extinción de Dominio, Mirko Cano Gamero, el TC se ha basado en generalidades para decir que se ha afectado a terceros, porque no se ha presentado ningún caso concreto, ni tampoco la Defensoría del Pueblo en su demanda de inconstitucionalidad.
Dijo también que, “el sistema de Extinción de Dominio del Ministerio Público tiene seis despachos en Lima y 18 a nivel nacional. Los casos en Lima son 762, entre los que están en trámite y los judicializados. Y el monto estimado de dinero que el Estado no podría recuperar es, aproximadamente, más de 1,202 millones de soles”.
Resaltó igualmente que, solo en el caso Odebrecht, se archivarán 33 casos con una pérdida de S/ 880’407,483, que es el monto estimado de dinero que el Estado no podría recuperar de la corrupción y que la Tercera Fiscalía Provincial de Extinción de Dominio de Lima archivaría 208 casos de aplicarse el fallo del TC y el Estado no podría recuperar, S/ 310’341,964.
¿Qué casos emblemáticos se archivarían y quiénes se beneficiarán?
Entre los casos emblemáticos que lleva la Fiscalía y que persiguen a los actores por los delitos que cometieron está, el del “Camarada Artemio”, Florindo Eleuterio Flores de quien no se podrán recuperar S/ 3’145,000 siendo una pérdida económica para el Estado que tantas muertes y destrucción sufrió por el terrorismo.
En el caso de Ollanta Humala Tasso, expresidente del Perú, quien terminó condenado por recibir dineros de Odebrecht y otras fuentes, no se podrán recuperar para el Estado, unos S/ 740,000.
O del líder prófugo de Perú Libre, Vladimir Cerrón Rojas, caso con el que se tendría una pérdida económica para el Estado de S/1’591,000. En el caso del congresista José Arriola Tueros, se dejará de recuperar S/ 296,000.
De Alberto Venero Garrido, -amigo del abogado de la Municipalidad de Lima, y de Rafael López Aliaga- testaferro que llevaba las finanzas y ocultaba los sobornos del asesor presidencial, Vladimiro Montesinos, en Suiza, se perderían para el Estado S/ 222,000.
Igualmente, se beneficiará el narcotraficante peruano Lucio Tijero Guzmán, quien llegó a ser socio de Pablo Escobar. Del conocido como “El Ingeniero” que operó durante décadas en la selva peruana hasta ser socio del sanguinario cartel de Medellín y tras colaborar con la DEA, retornó al Perú donde continuó con su red criminal hasta que fue atrapado y encarcelado. No se podría recuperar S/ 3’330,000.
Las organizaciones criminales o clanes beneficiados
Del Clan Orellana, que ejecutó cuatro modalidades criminales para obtener financiamiento como apoderarse de bienes inmuebles y blanqueo de inmuebles con “problemas legales”; emisión de créditos y cartas fianza a través de Coopex; la asesoría legal a fin de obtener resoluciones favorables mediando actos de corrupción; y la legitimación del patrimonio criminal o lavado de activos para capitalizar los fondos criminales de la organización y así capitalizar y reinvertir las ganancias ilícitas el Estado perderá aproximadamente S/ 259’000,000.
Del caso, los ‘Intocables Ediles’ con Elías Cuba Bautista a la cabeza y otros implicados. También habría una pérdida económica para el Estado Peruano de S/ 14’800,000.
Asimismo, del caso los “Gansters de la Política” que involucra al actual congresista y líder de Podemos Perú, José Luna Gálvez. También a Adolfo Carlo Magno Castillo Meza. No se podrían recuperar aproximadamente unos S/ 7’400,000 para el agraviado Estado.
La banda criminal ‘Gallegos del Santa’ que dirigía Danny Hamilthon Gallegos Guzmán. Se dedicaba a la extorsión y al pedido de cupos en varios distritos de Lima Este. Culpable de hasta cinco casos de muertes por sicariato, recuperaría S/ 1’406,000.
La Organización criminal “Duros de Amazonas” que conformaban 45 personas, entre empresarios y funcionarios regionales,. Utilizaban empresas fachada para extraer y comercializar madera de origen ilegal de los bosques de Loreto valorizada cada embarcación en más de 500 mil dólares. Sus empresas vinculadas recibieron préstamos del programa Reactiva, se beneficiará con la decisión el TC y no se podrá recuperar S/ 1’110,000.
Y del caso “Terrenos de San Bartolo”, en el que, Jorge Luis Barthelmess Camino, quien era el alcalde de la Municipalidad de San Bartolo. Fue condenado a siete años de prisión efectiva al ser responsable de los delitos contra la fe pública y la administración pública en agravio del Estado. Se perderán 5’550,000 soles.
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