Tres instituciones públicas de Arequipa han sido blanco de un operativo coordinado de ciberdelincuencia, con pérdidas que superan los dos millones de soles. Los ataques, ejecutados entre el 21 y el 31 de julio, evidencian vulnerabilidades críticas en los sistemas de seguridad financiera del Estado.
Los delincuentes contactaron a funcionarios clave:
- Municipalidad Distrital de Yura (24 de julio): S/1.7 millones robados.
- Gobierno Regional de Arequipa – GRA (21 de julio): S/738 mil sustraídos.
- UGEL Caylloma (25 de julio): S/130,800 perdidos (fondos para incentivos docentes).
Mediante llamadas, convencieron a los empleados de «actualizar datos» o «reactivar cuentas bloqueadas». Así obtuvieron claves para transferir los fondos.
Sofisticado robo en Arequipa
Los ciberdelincuentes demostraron un preocupante nivel de sofisticación al utilizar números telefónicos idénticos a los del Banco de la Nación. Incluso algunos registrados en la página web oficial de la entidad financiera. En el caso de la Municipalidad de Yura, los estafadores mantuvieron a los funcionarios en llamada durante más de 30 minutos. Ellos utilizaron jerga bancaria especializada para generar confianza y lograr que compartieran las credenciales de acceso.
Los fondos robados eran provenientes principalmente del canon minero y tributos municipales. Fueron transferidos a cuentas de empresas ficticias en Trujillo, algunas registradas en rubros como mueblería y construcción, posiblemente para evadir controles.
Impacto institucional y medidas adoptadas
Tras los robos, las instituciones afectadas implementaron cambios inmediatos. La Municipalidad de Yura separó a los funcionarios involucrados. También inmovilizó todos los equipos informáticos para realizar un peritaje forense digital.
Por su parte, el Gobierno Regional de Arequipa enfrentó la renuncia sorpresiva de Víctor Hugo Quispe, jefe de Planeamiento y Presupuesto, quien llevaba más de dos años en el cargo. Mientras tanto, la UGEL Caylloma reportó que el dinero sustraído correspondía específicamente a los incentivos laborales del personal docente, afectando directamente el pago de beneficios al magisterio local.
Estos casos han expuesto graves fallas en los protocolos de ciberseguridad de las entidades públicas arequipeñas.
La Fiscalía Especializada en Ciberdelincuencia ya investiga los casos, con apoyo de la División de Alta Tecnología de la PNP. Se ordenó el levantamiento del secreto bancario de cuentas receptoras, aunque aún no se recupera el dinero.
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