En contra de la opinión de la Fiscalía, el Poder Judicial y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la presidenta Dina Boluarte promulgó este miércoles en palcio de Gobierno, la cuestionada ley de amnistía a favor de policías, miembros de las Fuerzas Armadas y comités de autodefensa que violaron los derechos humanos de 1980 a 2000.
Como se informó, esta normativa alcanza a procesados sin sentencia firme y a condenados mayores de 70 años por delitos cometidos entre 1980 y el 2000, vinculados a la lucha contra el terrorismo y beneficiará a los responsables de las muertes en casos como La Cantuta y Barrios Altos.
Al acto acudieron el congresista de Fuerza Popular, Fernando Rospigliosi, ministros de Estado y un gran grupo de oficiales de las Fuerzas Armadas. La mandataria y miembros de su gobierno criticaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por cuestionar la norma, y defendieron la amnistía.
Así lo dijo Boluarte Zegarra en julio, “el Perú es libre, independiente, con autonomía soberana y eso debe quedar bien claro. No somos colonia de nadie y no permitiremos la intervención de la Corte Interamericana que pretende suspender un proyecto de ley que busca justicia para miembros de nuestras Fuerzas Armadas, nuestra Policía Nacional y los comités de autodefensa que lucharon arriesgando su vida contra la insania del terrorismo, contra aquellos que solo querían derramar la sangre de nuestros compatriotas. No lo vamos a permitir”.
Fujimorista Fernando Rospigliosi presentó proyecto de ley
Como se sabe, la Comisión Permanente del Congreso, el 9 de julio, aprobó el texto en segunda votación con el voto favorable de congresistas de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Renovación Popular, Podemos, Avanza País y Honor y Democracia. Luego, la presidenta tenía hasta este 15 de agosto para promulgar o devolverla al Parlamento con observaciones.
El fujimorista Fernando Rospigliosi, entonces presidente de la Comisión de Constitución, en el debate en la Comisión Permanente, refirió que la amnistía responde a “una necesidad de justicia” y es una forma de saldar “una deuda moral que tiene el Estado con aquellos que derrotaron al terrorismo en las décadas de 1980 y 1990 e impidieron que el Perú cayera en manos de una sangrienta dictadura comunista”. Sin mencionar en ningún momento a las víctimas civiles.
Es más, argumentó que permitirá corregir violaciones al derecho al plazo razonable para los procesos judiciales y refirió que hay más de mil personas en esa situación.
¿Qué dijeron las autoridades judiciales y de derechos humanos?
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en junio exhortó “al Estado del Perú a abstenerse de aprobar amnistías por graves violaciones a los derechos humanos, de acuerdo con sus obligaciones de derecho internacional, sentencias y resoluciones de supervisión de la Corte Interamericana”.
La Fiscal de la Nación, Delia Espinoza, el 1 de agosto, afirmó que la ley de amnistía solo lograría “impunidad”. “La Corte Interamericana de Derechos Humanos le ha pedido al Estado peruano no llegar a aprobar la pretendida ley que genera amnistía para militares y policías que hayan cometido delitos contra los derechos humanos. Hay una gran desinformación sobre este tema”, enfatizó.
La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, el 15 de julio declaró que, “la ley que ha sido aprobada no guarda armonía con la Constitución, ni con la Convención Americana de Derechos Humanos ni con el Sistema Interamericano, que ya hace más de 25 años sostuvo que no se pueden dar amnistías ni prescripciones. En todo caso, las leyes de amnistía tienen que ser caso por caso y esta sería una ley promulgada que habla de amnistías masivas, entonces me parece un tema que deben volverlo a mirar el propio Congreso o el Ejecutivo observar en ese aspecto”.
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