El expresidente Martín Vizcarra enfrenta una etapa crítica en su trayectoria política y judicial. Tras ser internado en el penal de Barbadillo el 14 de agosto de 2025, por orden de prisión preventiva, fue trasladado el 22 de agosto al penal Ancón II, en medio de cuestionamientos sobre el proceso penitenciario y la investigación que lo involucra.
“Resistiré desde el lugar al que me manden, pero no me van a doblegar, no me van a doblegar”, publicaron a través de las redes sociales del Expresidente Martín Vizcarra.
Anoche, el exjefe de Estado conocido también como “Bebito Fiu Fiu” fue trasladado desde Barbadillo al penal Ancón II (Piedras Gordas). Esta medida se dio de inmediato tras el anuncio del INPE de reconsiderar su posible destino al penal de Lurigancho.
El INPE justificó la medida por “seguridad penitenciaria”, aunque incluso la Defensoría del Pueblo exhortó a la entidad adscrita al Ministerio de Justicia, que se considere la condición de expresidente del investigado y se quede en Barbadillo.
Vizcarra denunció públicamente que el traslado fue una “decisión de carácter político”. Su entorno también responsabiliza al gobierno:
Martín Vizcarra desiste de presentar hábeas corpus
“He pedido a mi equipo de defensa legal que ya no presente las acciones legales preparadas por esta injusta y arbitraria decisión. Sin embargo, seguiré luchando por la recuperación de la democracia y la unión de los peruanos contra el pacto mafioso que nos gobierna”, Martín Vizcarra tras su traslado a Ancón II.
Pese a que su defensa había preparado un hábeas corpus para revertir el traslado, Vizcarra ordenó desistir del recurso. También se descartó la presentación de denuncias por abuso de autoridad.
Ayer por la tarde, también se conoció que el juez Jorge Luis Chávez Tamariz admitió el recurso de apelación presentado por la defensa de Vizcarra el 21 de agosto. El caso fue elevado a la Sala Penal de Apelaciones Nacional, que deberá decidir si revoca, modifica o mantiene la prisión preventiva. La defensa sostiene que no se ha demostrado riesgo de fuga y que se omitieron pruebas de arraigo familiar y laboral.
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