La fiscal suprema Delia Espinoza y la presidenta del Tribunal Constitucional coincidieron, después de mucho tiempo, en un punto trascendental: Dina Boluarte ni ningún otro presidente están libres de ser investigados.
La polémica sentencia que parecía un salvavidas directo para Boluarte no permitirá, del todo, que llegue a buen puerto con impunidad. Según el fallo, la Fiscalía puede iniciar investigaciones preliminares y recabar pruebas, pero no podrá ejecutar allanamientos ni levantar el secreto bancario mientras dure la investidura presidencial, salvo que el Congreso levante la inmunidad.
Es decir, las investigaciones no se detendrán, las pruebas obtenidas mantendrán su validez y no prescribirán, quedando vigentes hasta que el presidente de turno culmine su mandato y enfrente a la justicia como un ciudadano común.
Para Luz Pacheco, esta sentencia prioriza el principio de institucionalidad con el fin de evitar mayores crisis y frenar la parálisis del país. En contraste, Delia Espinoza afirmó con firmeza que la investigación continuará y que el fallo no significa una exoneración de posibles responsabilidades penales para Dina Boluarte ni para futuros presidentes.
Este escenario ha generado preocupación en la mandataria, quien habría solicitado aclarar los límites de la sentencia y pidió que no la obliguen a entregar reiteradamente información requerida, alegando que ello podría afectar sus funciones como jefa suprema de la Nación.
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