Trece familias permanecen en la antigua Morococha, en La Oroya, pese a la orden judicial que dispone su desalojo a pedido de la minera Chinalco. Los pobladores rechazan trasladarse a la Nueva Morococha, construida en Carhuacoto desde 2012, porque, afirman, se levantó en un humedal con riesgos de licuación de suelos, contaminación y sin condiciones para generar ingresos.
Los vecinos sostienen que habitan la zona mucho antes de la llegada de la empresa y aseguran que se mantienen gracias a la organización comunal: reparan la red de agua cuando falla y habilitaron una vía auxiliar, ya que el acceso principal quedó restringido por la concesión minera.
El pasado 27 de junio, representantes de Chinalco se reunieron con los pobladores y prometieron evaluar cada caso, pero semanas después el juez de La Oroya, Jesús Santana, ordenó el desalojo en seis días bajo apercibimiento de uso de la fuerza pública.
Las familias presentaron un recurso de oposición y esperan una respuesta.
El proceso de reasentamiento comenzó en 2012, pero hasta hoy el Convenio Marco entre Estado, empresa y población sigue pendiente de firma. Mientras tanto, las trece familias continúan en la antigua Morococha, donde sus viviendas se distinguen por las banderas peruanas que colocaron en los techos como símbolo de resistencia.
Programa de la Red de Medios Regionales del Perú
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