Fernando Rospigliosi, congresista de la República, fue confrontado por la ciudadanía tras un cambio radical en su posición política. De haber cuestionado enérgicamente a los militares y policías acusados de cometer delitos de lesa humanidad, pasó a considerarlos “héroes y víctimas perseguidas” por lo que él denomina la mafia caviar. Rospigliosi se ha convertido en uno de los principales impulsores de la controvertida ley de amnistía.
El trasfondo de esta postura se refleja en el escenario internacional. En teoría, el Congreso y el Estado deberían mostrarse en sintonía frente a la demanda interpuesta por los familiares de las víctimas desaparecidas y asesinadas en los casos de La Cantuta y Barrios Altos, actualmente en debate ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Sin embargo, lo que se ha evidenciado es una enorme contradicción.
Por un lado, los abogados del Estado declararon ante los jueces de la CIDH que es absolutamente falso que el Congreso intente imponer o amenazar a jueces y fiscales con las normas que aprueba. Aseguraron que cada magistrado cuenta con la potestad de aplicar lo que se conoce como control difuso, citando como ejemplo al juez Richard Concepción Carhuancho, quien utilizó esta atribución en un caso de amnistía contra el coronel en retiro Arturo Castro Arias, acusado de homicidio calificado.
Días después, el propio congresista Rospigliosi contradijo ese argumento. Con documento en mano, anunció una denuncia contra el juez Carhuancho ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ), exigiendo su destitución por “no aplicar” las leyes aprobadas en el Parlamento. Para Rospigliosi, los jueces no deberían rechazar ni cuestionar las normas creadas por el Congreso y promulgadas por el Ejecutivo, incluso cuando la Constitución reconoce la facultad del control difuso.
Este episodio pone en evidencia no solo una contradicción política, sino una visión preocupante respecto al equilibrio de poderes. Mientras el Estado defiende la autonomía judicial en instancias internacionales, desde el Congreso se exige obediencia absoluta de los magistrados a las leyes que se promulgan, debilitando la independencia judicial.
Si a esto se suman los recientes anuncios del Gobierno sobre una reforma total del sistema de justicia, lo que se proyecta es una intención más amplia: controlar las principales instituciones del Estado. Una reforma que, en lugar de fortalecer la democracia, parece orientada a centralizar el poder político en detrimento de la autonomía de los jueces y fiscales.
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