El Colegio de Abogados de Junín presentó la tercera demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 32107, que permite la prescripción de delitos de lesa humanidad cometidos antes del 2002. El gremio advirtió que la norma abre la puerta a la impunidad en procesos judiciales por violaciones de derechos humanos, como el caso UNCP, que está en juicio oral y a punto de sentencia.
El decano Cristhian Velita sustentó que la ley contradice los principios del derecho internacional, que establece la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad y de guerra, sin importar la fecha de su comisión. Recordó que el Estado tiene el deber permanente de investigar y sancionar estos delitos.
Los abogados de Junín también denunciaron que la norma vulnera derechos fundamentales como el derecho a la verdad, la dignidad humana y el acceso a la justicia, además que desconoce los compromisos internacionales asumidos por el Perú.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ya había advertido en 2024 que la aplicación de esta ley produciría un “daño irreparable” al derecho de las víctimas a la justicia en los casos Barrios Altos y La Cantuta.
La demanda del CAJ se suma a las ya presentadas por el Colegio de Abogados de Lima en septiembre de 2024 y la Fiscalía de la Nación en diciembre del mismo año. El Tribunal Constitucional deberá resolver si mantiene la vigencia de la norma o la anula por vulnerar la Constitución y el derecho internacional.
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