En el juicio por las violaciones a los derechos humanos cometidas en la Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP) entre 1989 y 1993, el abogado de las víctimas, Carlos Rivera, afirmó que el cuartel 9 de Diciembre funcionó como un centro de detención clandestino y que los crímenes no fueron excesos individuales, sino parte de una estrategia militar institucionalizada.
El letrado respaldó su alegato en manuales de contrasubversión de la época y en la teoría del “dominio del aparato organizado de poder”, que responsabiliza a los mandos militares como autores mediatos de las violaciones sistemáticas.
Rivera señaló directamente a los generales Luis Pérez Documet, Manuel Delgado Rojas y Roboan Jaime Sobrevilla, quienes —según dijo— ejercieron control absoluto de la estructura castrense y ordenaron desapariciones, secuestros y asesinatos.
“Los crímenes son la sustancia de la estrategia”, afirmó, al insistir en que la violencia fue política de Estado aplicada de manera disciplinada por la 31 Brigada de Infantería.
La parte civil, representada por la abogada Gery Vásquez, pidió que la sentencia incluya también reparaciones integrales como indemnizaciones económicas, atención psicológica especializada, búsqueda de desaparecidos y disculpas públicas en la UNCP.
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