La Comisión Permanente del Congreso mandó al archivo el Informe Final de la denuncia constitucional N.º 509 contra la presidenta de la República Dina Boluarte, el expremier Alberto Otárola y otros ministros por el caso de las muertes durante las protestas.
Pese a que la congresista Ruth Luque pidió una cuestión previa para que regresara a la Comisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), esta iniciativa obtuvo un empate, pero con el voto dirimente del tercer vicepresidente, Ilich López, alcanzó 11 votos en contra.
El informe final de la SAC determinó el archivamiento de la denuncia, con lo que impidió que la Fiscalía continúe con las investigaciones contra la mandataria por las más de 50 muertes y más de mil heridos en las protestas que se realizaron en rechazo a su Gobierno entre diciembre del 2022 y febrero del 2023.
La denuncia contra Boluarte Zegarra la formuló el exfiscal de la Nación (i), Juan Carlos Villena. En esta se acusaba a la jefa de Estado de “incurrir en los delitos de homicidio calificado, lesiones graves y lesiones leves, bajo la figura de omisión impropia con dolo eventual, en el contexto de graves violaciones de los derechos humanos, en agravio de 49 fallecidos y 250 heridos”.
En la acusación estaban comprendidos también Pedro Miguel Angulo Arana, expresidente del Consejo de Ministros. A Luis Alberto Otárola Peñaranda, exministro de Defensa y titular del Consejo de Ministros. También a los exministros del Interior, César Augusto Cervantes Cárdenas, Víctor Eduardo Rojas Herrera y Vicente Romero Fernández. Así como al ex titular de la cartera de Defensa, Jorge Luis Chávez Cresta.
Como se informó, el informe final se aprobó previamente el 18 de julio en la SAC, que entonces presidía la congresista María Acuña.
Informe iría más allá de las competencias de la SAC
De acuerdo con los argumentos del informe que leyó la ahora presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones, “no se hallaron pruebas suficientes para sustentar la denuncia”.
“No existen elementos probatorios irrefutables que acrediten que los denunciados utilizaron la estructura organizativa del Estado con la intención de causar muertes y lesiones”. Y que, “en mérito a las pruebas aportadas y presentadas, no existen elementos de convicción suficientes que configuren en los tipos penales de homicidio calificado, lesiones graves y lesiones leves”, sostuvo.
Sin embargo, en el debate, la congresista Ruth Luque, quien también es abogada, hizo notar que la SAC habría ido más allá de sus funciones a “opina” sobre cuestiones que solo le competía definir a los fueros judiciales. Instó además a que el Congreso, deje que las investigaciones sigan su curso en la Fiscalía, pero su propuesta fue desoída y desaprobada la cuestión previa que solicitó.
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