Como estaba previsto, con la participación de al menos 50 policías y decenas de trabajadores mineros, el Juzgado de La Oroya, Junín, ejecutó el desalojo de cinco familias de la antigua Morococha, quienes por más de 13 años resistieron a la minera Chinalco que buscaba retirarlos del lugar.
Los policías, trasladados en vehículos de la empresa, se unió a la seguridad de la minera y bloquearon los accesos a la zona del desalojo y solo permitieron el ingreso de la abogado de las familias.
Pero lo irregular es que los bienes, enseres y animales de las familias fueron cargadas en camiones contratados por Chinalco que cubrieron sus placas para trasladarlos a un almacén, pero no se los comunicaron a sus dueños. Incluso se llevaron los cerdos de Marisol Caro, con el cual sostiene a su familia.
El abogado de las familias, Carlos Castro, sostuvo que este hecho podría constituir una apropiación de bienes privados.
Programa de la Red de Medios Regionales del Perú
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