Tras la suspensión de Delia Espinoza, a quien llamó “desquiciada” y “acosadora”, algunos medios y políticos ya daban por hecho que Tomás Gálvez sería designado fiscal interino de la Nación, y así fue.
El propio Gálvez ya había adelantado, días antes, que si lo nombraban evitaría la confrontación con el Congreso y con el Gobierno de Dina Boluarte. Tras la oficialización del nombramiento, los congresistas fujimoristas fueron los primeros en saludar la designación.
La Junta de Fiscales Supremos lo eligió en sesión extraordinaria después de que Pablo Sánchez y Zoraida Ávalos declinaran asumir el cargo interino. El respaldo a Gálvez fue unánime, según el comunicado oficial. Su designación, sin embargo, ha generado controversia debido a su historial: fue destituido en abril de 2021 por la anterior JNJ en el marco del caso “Cuellos Blancos del Puerto”, acusado de mantener vínculos con magistrados investigados. Sin embargo, el Tribunal Constitucional ordenó su reposición en junio de este año al considerar que en el proceso se vulneraron sus derechos.
Con esta designación, el Ministerio Público inicia una nueva etapa marcada por la incertidumbre. Mientras Gálvez promete una gestión sin enfrentamientos políticos, desde diversos sectores advierten que su regreso a la cúspide de la Fiscalía podría significar un retroceso en la lucha contra la corrupción.
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