El Poder Judicial a través del Tercer Juzgado Especializado en lo Constitucional de la Corte de Justicia de Lima, admitió la demanda de amparo que busca anular el proceso de selección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), los nombramientos de sus miembros y realizar así, una nueva selección.
De acuerdo con lo decidido por el Juzgado, se realizará una audiencia única el 22 de diciembre, por la plataforma Meet con participación de todas las partes involucradas.
Según lo informado, la demanda la presentó el Instituto de Defensa Legal (IDL) y dos ciudadanas, en febrero de este año, al notar “presuntas irregularidades en el proceso de selección de los nuevos miembros”. Entonces, presentaron tachas, pero no las atendieron.
Es por ello que, en respuesta, presentaron una demanda de amparo y una medida cautelar contra dicho proceso y las resoluciones de nombramiento de los actuales miembros de la JNJ.
¿Qué dice la demanda de amparo y contra quiénes está dirigida?
La acción legal está dirigida contra la Comisión Especial de Selección, presidida por el defensor del Pueblo e integrada por la presidencia del Poder Judicial, la Fiscalía de la Nación, la presidencia del Tribunal Constitucional, el Contralor General de la República, la decana de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y el decano de la Universidad Ricardo Palma.
La demanda en sus fundamentos refiere que el IDL observó una serie de «vicios e irregularidades» en el proceso seguido por la Comisión Especial presidida por Josué Gutiérrez, defensor del Pueblo.
Esto “atenta contra la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia y el artículo 155° de la Constitución, que obliga a llevar un procedimiento de selección respetando garantías de probidad, imparcialidad, publicidad y transparencia”.
Además, está demostrado que dos integrantes de la JNJ, a los que eligió esa comisión en dicho proceso, cuentan con denuncias judiciales.
Hubo cuatro irregularidades en el proceso
La falta de transparencia e imparcialidad en el proceso de selección por parte de la comisión se observaría en cuatro irregularidades: Uno, «no se compartió con la sociedad la documentación, herramientas y protocolos que pudieron evitar que las bases del concurso tengan deficiencias sobre instrumentos que ayudan a prevenir conflicto de interés o a ver que los méritos académicos se sustentan», explicó la abogada de IDL, Cruz Silva a La República.
Dos, «la falta de reglas claras de las entrevistas, los criterios para valorar la independencia», lo que generó desconfianza en el proceso y en la idoneidad de los elegidos, sobre todo porque muchos postulantes tienen serios cuestionamientos.
Tres, las tachas presentadas no se publicaron en la página web del proceso. «Deben publicarse porque eso ayuda a que la ciudadanía pueda ser parte del escrutinio público. Como tachante, no fui notificada con la información de los descargos de postulantes a los que se presentó tachas», explicó Silva del Carpio.
La irregularidad más grave
Cuatro, y quizás Ia más grave de las irregularidades, es que, al final del proceso cuando se publicó el cuadro de méritos, no se hizo lo mismo con la sesión de las observaciones sobre los candidatos y la votación.
“Durante la noche del último 28 de octubre, la Comisión publicó el cuadro de méritos del proceso y, también, indicó quiénes serían los miembros titulares y suplentes”. Pero se deben considerar el cuadro de méritos y la votación para el nombramiento.
Esto requiere una sesión para que la Comisión brinde sus observaciones sobre los candidatos y vote. «Esa sesión no ha sido considerada en el cronograma y tampoco ha sido publicada. ¿Cuándo y cómo se realizó? No se sabe. Si es que lo hicieron fue de forma clandestina», advirtió.
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