El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, descartó que el Ejecutivo declare en emergencia el sector transporte a pesar del pedido de los gremios de conductores y del Congreso, y cuando hay una escalada de violencia que afecta a trabajadores y pasajeros en Lima y Callao.
Arana sostuvo que el Gobierno evitará apelar a una declaratoria de emergencia que solo tenga “un valor conceptual o periodístico”. La respuesta debe ser responsable y sustentada en la eficacia policial y jurídica y que la decisión del Ejecutivo ya fue comunicada tanto a los gremios como al Congreso.
Sus declaraciones se dan a pesar del paro de transporte este 6 de octubre, para exigir acciones inmediatas del Estado y así hacer frente al incremento de atentados, extorsiones y asesinatos vinculados a la criminalidad organizada. Razón por la que los transportistas se reunieron con el Congreso y acordaron pedir la declaratoria de emergencia del transporte para “dar mayores facultades a la Policía y acelerar medidas de seguridad en el sistema de transporte público”.
Sin embargo, Arana Ysa argumentó que “ya existen mecanismos legales y operativos vigentes para responder a los retos de seguridad ciudadana, sin necesidad de una nueva declaratoria de emergencia exclusiva para el transporte. Ya existe incluso una declaratoria de emergencia en Nato. O sea, ya está”, afirmó.
Policía ya dispone de procedimientos para actuar contra la delincuencia
Eduardo Arna explicó que muchas de las capacidades asociadas al estado de emergencia, como la intervención policial, la persecución de responsables y el uso de tecnología de geolocalización, pueden ser implementadas bajo el marco legal ordinario.
Dijo que no se necesita tener un estado de emergencia para detener a una persona. Se tiene mediante una investigación que haya determinado el culpable y se le puede atrapar. “Hay una detención preliminar”, añadió.
El premier recalcó que la Policía Nacional “dispone de procedimientos eficaces para actuar contra la delincuencia y garantizar la seguridad. Esto, sin requerir una declaración especial que limite derechos fundamentales”.
Además, refirió que las herramientas tecnológicas y los marcos de operatividad ya vigentes permiten avanzar a las fuerzas del orden en la identificación y detención de presuntos responsables de delitos en el transporte y en otros sectores. No se puede pretender para toda la sociedad. “Existen otros mecanismos que se pueden utilizar, y la policía lo está haciendo para llegar al mismo objetivo”, declaró.
Estrategias de la Policía no han dado resultados
Sin embargo, los transportistas y parte del Legislativo mantienen la exigencia de declarar en emergencia el sector. Esto, porque “las estrategias convencionales no han logrado frenar la violencia”. Y porque los operadores del sector siguen expuestos a extorsiones, robos y ataques en múltiples regiones del país.
Justamente, antes y durante la suspensión del paro, más choferes han sido atacados por los criminales. Y también quemaron un bus que era la herramienta de trabajo y sustento de un transportista. Por eso cuestionan la capacidad real de respuesta del gobierno y la efectividad de la Policía para proteger la vida de trabajadores y ciudadanos.
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