Cuatro proyectos clave para Arequipa diseñados para mejorar el control del agua potable y reducir el índice de Agua No Facturada se encuentran en un punto muerto, con advertencias graves sobre un sobrecosto millonario. La Contraloría General de la República (CGR) ha señalado que la reactivación de estas obras, a cargo de la empresa de saneamiento Sedapar, se ha disparado a más del doble del saldo de obra inicialmente previsto. Esta situación evidencia una gestión negligente dentro de la entidad.
Los proyectos, ejecutados en las localidades de Camaná, El Pedregal, Yauca y Ático, tenían como propósito central la instalación de macromedidores para establecer un control riguroso sobre la cantidad de agua producida. Inicialmente, estos trabajos estaban valorizados en cerca de S/ 2.3 millones. Sin embargo, la paralización total de las iniciativas ha generado una revalorización alarmante. El costo para destrabar las cuatro obras se ha incrementado en S/ 605,247.41, lo que resulta en un nuevo monto total para el saldo de obra de más de S/ 1 millón 139 mil. En otras palabras, la cifra se incrementó en más de cien por ciento respecto al saldo original de S/ 534 mil.
El patrón de malas prácticas detectado por el organismo contralor es recurrente en los cuatro casos. La principal traba ha sido la falta de culminación de las obras civiles en las cámaras de válvulas, la infraestructura base necesaria para instalar los medidores. En la mayoría de los proyectos, solo se ejecutaron partidas menores o provisionales, dejando pendientes trabajos esenciales como el concreto armado y las instalaciones eléctricas.
Fallas en los expedientes y plazos irreales
La unidad contralora halló una segunda falla significativa: la fijación de plazos irrazonables para la compra e importación de los macromedidores. Sedapar estableció tiempos de entrega de apenas 10, 21 o 30 días. La realidad del mercado internacional choca con esta planificación, pues el tiempo de fabricación y traslado de estos equipos especializados oscila entre 11 y 13 semanas. La omisión de la entidad sobre esta realidad generó un riesgo inminente de retraso en la entrega de los equipos.
El caso de El Pedregal resalta como el más crítico en términos financieros. El saldo de obra previsto en 2023 era de solo S/ 25,938.41, pero el nuevo expediente técnico elevó el monto a S/ 351,397.05. Esta diferencia de S/ 325,458.64 representa el mayor sobrecosto individual de los cuatro proyectos. La obra en Camaná también sufrió un aumento de más de S/ 61 mil, mientras que en Yauca el incremento superó los S/ 94 mil. Por su parte, la obra en Ático registró el menor avance físico, paralizado en apenas 38.5%, agravado por la falta de presupuesto para la concientización social, lo que generó conflictos con los pobladores.
Henry Bellido Morales, gerente de Ingeniería de Sedapar, respondió a los hallazgos. Explicó que los atrasos se originaron desde el proceso inicial, con múltiples nulidades en las licitaciones y el posterior incumplimiento del contratista, Consorcio Tierra Blanca, lo que llevó a la resolución del contrato. Aseguró que tanto el contratista como la supervisión recibieron la penalidad máxima permitida por ley.
Respecto al significativo incremento del presupuesto del saldo de obra, el gerente justificó que la diferencia obedece estrictamente a «temas de actualización de costos» y «variación de costos,» y no a un cambio en la tecnología o el alcance de las partidas pendientes. Para superar el bloqueo, Sedapar ha modificado su estrategia y decidió asumir directamente la adquisición de los macromedidores, asegurando que la compra está en curso para superar el cuello de botella generado por los plazos de importación.
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