El Perú inició la jornada de elecciones internas rumbo a los comicios 2026 con una herida abierta. Mientras 39 partidos políticos luchan por definir a sus delegados en la jornada de hoy, la sombra del terror y la impunidad ensombrece el calendario electoral: el asesinato de un candidato a diputado en Piura este viernes 28 de noviembre ha encendido todas las alarmas sobre el riesgo que corre el proceso de elecciones 2026 y quienes se atreven a incursionar en la política nacional.
Percy Ipanaqué Navarro acabó baleado por sicarios mientras conducía su vehículo en lo que constituye el tercer crimen en menos de 24 horas en la región. Ocurrió alrededor de las 2:50 p.m., cuando el candidato conducía su vehículo en dirección al cementerio Mapfre, en la carretera hacia el caserío Miraflores, informa Exitosa. Testigos señalaron que dos motocicletas interceptaron el automóvil y abrieron fuego, provocando su muerte inmediata.
La venganza que señala a las cúpulas
El crimen, perpetrado por sicarios a balazos, no es un hecho aislado de la ola delictiva. La investigación apunta a un móvil explosivo: venganza directa por denuncias de corrupción policial. El candidato había expuesto públicamente presuntos actos ilícitos dentro de la Policía Nacional del Perú (PNP), entre ellos un «sembrado» de pruebas, lo que podría transformar este homicidio en un atentado contra la transparencia y la fiscalización institucional.
Ipanaqué Navarro era un conocido abogado penalista y candidato a diputado en las elecciones 2026, por el partido Juntos por el Perú. Su trayectoria profesional lo había vinculado a casos mediáticos, incluyendo la defensa de clientes en procesos de alto perfil como el del exministro de Vivienda de Pedro Castillo, Geiner Alvarado.
Este nivel de violencia política, ejercido para silenciar, expone la profunda penetración del crimen organizado en las estructuras de poder en nuestro país. Y las elecciones de 2026 están en claro riesgo.
El Perú en la encrucijada judicial
Este ataque frontal a la democracia ocurre en un momento de extrema fragilidad institucional. La ciudadanía observa con escepticismo el inicio de la contienda electoral mientras el país lidia con el oscuro legado de sus líderes, evidenciado en las recientes condenas de expresidentes como Pedro Castillo y Martín Vizcarra por actos de corrupción y rebelión.
Organismos como la CIDH han manifestado su profunda preocupación, advirtiendo que el país se está alejando de los principios democráticos debido a maniobras legislativas que blindan la impunidad. En el mismo sentido, la ONU ha expresado su preocupación por el impedimento reiterado de organismos con la Junta Nacional de Justicia (JNJ) para reponer a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, en su cargo, por orden expresa del Poder Judicial
Crisis de seguridad desbocada
Con el asesinato de Ipanaqué se registran 3 crímenes en menos de 24 horas en el distrito de Castilla, en Piura. Cerca de las 11:30 p.m. del último jueves, un expolicía fue acribillado mientras trabajaba como taxista en el A.H. Cossío del Pomar. Mientras los peritos realizaban las diligencia de ley, un segundo crimen se perpetró en el A.H. Ciudad del Niño. El joven universitario Habner Joel Silva Jaramillo fue baleado mientras conversaba con sus amigos en la vía pública.
El escenario de terror en Piura dinamita la agenda del presidente José Jerí Oré, cuyo gobierno ha solicitado facultades legislativas al Congreso para enfrentar la criminalidad, proponiendo declarar el estado de emergencia en fronteras y ciudades clave. Sin embargo, el asesinato del candidato es la prueba más brutal de que la criminalidad está varios pasos por delante.
Así, la violencia pone el proceso electoral 2026 en la cuerda floja y la población exige garantías para su vida y el cese de la impunidad en medio de la contienda electoral.
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