Un reciente monitoreo nacional de Limatimes.pe revela un panorama profundamente desigual en el acceso a la información pública a nivel regional. Según el Reporte de Supervisión de los Portales de Transparencia Estándar 2025-I de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ANTAIP), ningún gobierno regional cumple con publicar el total de la información obligatoria por ley, evidenciando una deuda generalizada con la rendición de cuentas.
La situación más crítica se encuentra en los extremos sur y oriente del país. Los gobiernos regionales de Madre de Dios, liderado por Luis Otsuka Salazar, y Apurímac, a cargo de Percy Godoy Medina, ostentan los niveles más bajos de cumplimiento, con apenas un 36% y un 46% respectivamente. Les sigue un grupo de seis regiones, incluyendo Junín, Tumbes y Puno, cuyos portales no superan el 55% de la información requerida.
En contraste, Arequipa emerge como un referente positivo en este escenario. Bajo la gestión de Rohel Sánchez, la región ha logrado un notable 94% de cumplimiento, posicionándose entre los dos primeros lugares a nivel nacional.
Este desempeño es resultado de una mejora consistente y sostenida, según las cifras históricas del Gobierno regional de Arequipa. Hay que considerar que se llegó a reportar solo un 77% en 2023. Posteriormente, al siguiente año se logró un notable crecimiento de un 85% en 2024.
Un ranking de claroscuros
El informe, que evaluó a 300 entidades públicas entre enero y junio de 2025, detalla otros niveles de desempeño:
- Cuatro gobiernos regionales, como Huánuco (63%) y Cusco (69%), se ubican en un rango de cumplimiento entre el 60% y el 70%.
- Once gestiones regionales superan el promedio nacional del 71%, aunque este porcentaje sigue siendo considerado insuficiente para entidades que están en su tercer año de administración.
- Solo otra región, San Martín (97%), acompaña a Arequipa en superar la barrera del 90% de cumplimiento, aunque con una trayectoria irregular en los años previos.
El reporte subraya que, a pesar de los avances en casos como el de Arequipa, el cumplimiento general sigue siendo deficiente. La falta de transparencia sistemática en la mayoría de gobiernos regionales limita el derecho ciudadano a la información y dificulta el control social sobre la gestión pública, manteniendo a gran parte del país lejos de los estándares de apertura y rendición de cuentas exigidos por ley.
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