Diciembre es un mes especialmente duro para más de 60 familias que conviven con el recuerdo intacto de haber perdido a sus seres queridos a manos de policías y militares. En su mayoría, las víctimas eran menores de edad y ni siquiera participaban en las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte, como en Apurímac.
Este 12 de diciembre, con dolor y dignidad, familiares de los siete asesinados en Apurímac durante los primeros días de la asunción de Boluarte al poder en 2022 salieron nuevamente a las calles para exigir justicia. Sus casos siguen estancados y la autoridad que más había avanzado en identificar responsabilidades por los disparos realizados con alevosía ha sido sancionada y apartada en todos los frentes políticos y judiciales.
Para estas familias, muchas de ellas de condición humilde, la posibilidad de que la justicia nunca llegue resulta una herida que no cierra. Mientras tanto, desde ciertos sectores del poder político, encabezados por Fernando Rospigliosi, se insiste en una lectura cómoda: que esas muertes no merecen investigación porque las víctimas habrían sido delincuentes o terroristas que intentaron tomar el poder.
Bajo esa lógica, la Policía y las Fuerzas Armadas no habrían disparado a quemarropa, sino defendido a la patria, razón suficiente para evitar la investigación y, mucho menos, para asumir responsabilidades o reparaciones a las familias.
Así, mientras el Congreso impulsa una iniciativa para garantizar impunidad a los responsables, la justicia para Apurímac sigue en pausa. Tres años después, las heridas siguen abiertas para Ayacucho, Cusco, Junin y Puno. Pero el Estado parece decidido a mirar hacia otro lado.
94% de peruanos cree que la corrupción va de la mano de la minería ilegal y del narcotráfico
Aunque el Congreso y José Jerí se nieguen a aceptarlo, un sector importante del país desconfía de la minería ilegal. De acuerdo con la última encuesta de Ipsos, el 93% de la población cree que la minería ilegal afecta de manera grave o muy grave al país. En el mismo sentido, la encuestadora consultó a los ciudadanos si creían que la corrupción en el país estaba vinculada a economías ilícitas, entre ellas minería ilegal y narcotráfico.
La respuesta resulta contundente: el 94% de los peruanos cree que es así. En la misma línea, el poder del Estado que se percibe como el más corrupto es el Congreso, con un 85%. Coincidentemente, justo es el Legislativo, con los partidos del pacto, el mayor defensor del Reinfo y de las economías ilegales. Saquen sus propias conclusiones.
Abogado de Pedro Pablo Kuczynski asegura que acusación fiscal no tiene sustento
En una defensa que parece más un alegato por desgaste que por falta de evidencia, Juan Midolo, abogado del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, cuestionó el pedido de más de ocho años de prisión formulado por el Equipo Especial Lava Jato. Con casi siete años de investigación sobre el caso IIRSA Norte a cuestas, Midolo aseguró que la Fiscalía no ha logrado presentar «una sola declaración, ni un solo documento» que pruebe un «acuerdo irregular» o una «dádiva» de Odebrecht a su cliente.
Con cierto tono de ironía, criticó que la acusación se sustente únicamente en «irregularidades de carácter administrativo», como cálculos de presupuesto, atribuidas a otros funcionarios, sin un hilo conductor corrupto. Sobre las supuestas reuniones con ejecutivos como Jorge Barata, el letrado las pintó como encuentros absolutamente formales y documentados en el Ministerio de Economía, descartando cualquier cita clandestina.
Así, tras casi una década de pesquisas, la defensa presenta el caso no como un hallazgo de corrupción, sino como un monumental ejercicio burocrático sin un culpable a la vista.
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