El congresista Jaime Quito expresó un rechazo contundente frente a las negociaciones que buscan concretar el octavo convenio entre la empresa minera Cerro Verde y el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Arequipa. Durante su reciente semana de representación, el legislador arequipeño dirigió sus críticas hacia la gestión de los recursos hídricos en la región, enfocándose específicamente en el destino de las aguas que procesa la planta de tratamiento La Enlozada.
Quito considera que este acuerdo, que las autoridades locales manejan con hermetismo, atenta contra el bienestar de miles de ciudadanos que sufren por la falta de servicios básicos y agua para el riego en las zonas más necesitadas de la provincia.
Según denunció el parlamentario, el convenio pretende extender el uso exclusivo de las aguas residuales tratadas a favor de la minera hasta el año 2060. Esta proyección temporal genera una preocupación legítima en el legislador, quien afirma que Arequipa no puede hipotecar su futuro hídrico por casi cuatro décadas más bajo condiciones que no favorecen al pueblo. Quito sostiene que el agua residual, una vez que recibe el debido tratamiento, constituye un activo estratégico que la ciudad debe aprovechar para potenciar el sector agropecuario y asegurar la sostenibilidad del valle.
Él enfatiza que el esquema actual permite que la minera utilice un porcentaje mayoritario de este recurso esencial, mientras los agricultores de la zona enfrentan sequías recurrentes y una preocupante falta de apoyo técnico. El congresista también cuestionó que los funcionarios tomen estas decisiones sobre un bien público sin la participación activa de la sociedad civil y sin un debate transparente que exponga los beneficios reales para la comunidad local.
El impacto del agua tratada y el desarrollo en la región Arequipa
La controversia sobre La Enlozada reabre una discusión histórica sobre el papel de la inversión privada y el retorno social. Quito recordó que la construcción de la planta tuvo como promesa principal la descontaminación total del río Chili, un objetivo que la población arequipeña valora, pero que no justifica una entrega perpetua del recurso a una sola compañía.
El parlamentario propone que las instituciones involucradas revisen cada cláusula del contrato y aseguren que el valor social del agua tratada retorne de forma efectiva a los sectores más vulnerables de la región. Para el legislador, resulta imperativo que la empresa de agua potable defienda los intereses de sus usuarios y no ceda ante las presiones de los grandes capitales mineros que buscan asegurar su operatividad a largo plazo.
Asimismo, Quito hizo un llamado enérgico a los integrantes de la junta de accionistas del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Arequipa para que los alcaldes actúen con responsabilidad ante las próximas generaciones. Advirtió que su despacho continuará con la labor de fiscalización para evitar que los directivos firmen un documento que su despacho considera perjudicial para los intereses regionales.
El parlamentario insiste en que el agua de Arequipa pertenece a los arequipeños y que cualquier convenio debe priorizar la seguridad hídrica y el consumo humano sobre la rentabilidad corporativa. En su visión, la recuperación de la soberanía sobre los recursos naturales es el único camino para garantizar un desarrollo equitativo que no deje de lado las necesidades de quienes trabajan la tierra y habitan en las periferias de la ciudad blanca.
Si valoras nuestro contenido, hazte miembro de la #BúhoComunidad. Así podremos seguir haciendo periodismo. También puedes apoyarnos uniéndote a nuestro canal de YouTube.
