El informe de Justicia Viva del Instituto de Defensa Legal (IDL) denuncia que la disolución del Equipo Especial Lava Jato y otros grupos de investigación mediante resoluciones emitidas por el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, el 6 de enero de 2026, constituye un atentado contra la independencia fiscal.
El documento califica la medida como un atentado contra la independencia fiscal, y señala que el objetivo principal fue apartar a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez de casos de corrupción que involucran a importantes figuras políticas y empresariales.
Asimismo, sostiene esta organización -fundada en 1983 en defensa de los derechos humanos, la democracia y la paz en Perú y América Latina- que esta decisión carece de sustento técnico y vulnera acuerdos internacionales y medidas cautelares de la CIDH destinadas a proteger a los investigadores.
El documento advierte, además, sobre los riesgos operativos y el peligro de impunidad que conlleva trasladar estos complejos procesos de corrupción transnacional a la especialidad de lavado de activos. Y subraya los logros históricos del equipo, incluyendo numerosas sentencias y millonarias reparaciones civiles, para desmentir cualquier acusación de ineficacia.
El informe hace también un llamado a la vigilancia ciudadana e internacional para frenar lo que describe como una estrategia política destinada a favorecer a redes de corrupción.
¿Qué puntualiza el informe del IDL?
El informe de Justicia Viva-IDL detalla la desactivación del Equipo Especial Lava Jato y la de otros tres equipos especializados por parte de Tomás Gálvez, el 6 de enero de 2026. Considera como puntos clave:
1. Desactivación del Equipo Lava Jato y remoción de fiscales
La resolución fiscal pone fin al Equipo Especial Lava Jato, que operaba desde 2016 para investigar la corrupción política y empresarial. El cambio principal consiste en que los casos pasen a la especialidad de lavado de activos y que los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez sean apartados de las investigaciones.
Mientras Vela regresa a su plaza titular, Pérez queda fuera del nuevo esquema al no ser nombrado en la especialidad de lavado, lo que se describe como una medida sin fundamento objetivo y basada en una «venganza y promesa política» para favorecer a partidos investigados como Fuerza Popular y el APRA.
2. Violaciones a la independencia fiscal y estándares internacionales
De acuerdo con el informe, esta decisión constituye un grave ataque a la independencia fiscal por las siguientes razones:
– Incumplimiento de medidas cautelares: Ignora las protecciones otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor de Vela y Pérez.
– Vulneración de normas nacionales e internacionales: Viola la Ley de la Carrera Fiscal y el estándar de la sentencia «Casa Nina vs. Perú», que prohíbe remover fiscales sin acreditar un mal desempeño mediante el debido proceso.
– Advertencias desoídas: El Estado peruano habría ignorado solicitudes de la OCDE y de la Relatoría Especial de la ONU para proteger a estos fiscales contra el acoso y la interferencia política.
Logros del Equipo Especial Lava Jato y el impacto de su «desactivación»
3. Logros del Equipo Especial Lava Jato
El informe resalta que la labor del equipo ha sido fundamental para la lucha contra la impunidad, logrando hasta diciembre de 2025:
– 75 sentencias condenatorias en total.
• Acusaciones contra 336 personas naturales y 61 personas jurídicas.
• Una recaudación por reparaciones civiles a favor del Estado que asciende a S/. 4,653’ 802,330.40 soles.
4. Impactos negativos en las investigaciones
La eliminación del equipo genera un retroceso sin precedentes en la lucha contra la corrupción transnacional. Entre los perjuicios identificados están:
– Pérdida de experticia: Al fragmentar los casos o verlos solo bajo la óptica de lavado de activos, se pierde la visión integral que incluía delitos de crimen organizado y corrupción.
– Incertidumbre presupuestal: No se aclara si el presupuesto asignado para pericias y diligencias se mantendrá.
– Riesgo de impunidad: Por el cambio de fiscales a pocos días de diligencias importantes (como interrogatorios a colaboradores eficaces). Esto deja a los nuevos responsables con escaso tiempo de preparación.
5. Llamado a la Acción
El documento concluye que esta es una «estrategia mafiosa» que busca la impunidad en un contexto electoral donde varios investigados postulan a cargos públicos. Por ello, se insta a la demanda ciudadana y a la acción de organismos internacionales. Y mecanismos de control (como el Poder Judicial o la Junta de Fiscales Supremos) para garantizar la rendición de cuentas y la reposición de la legalidad.
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