Una moción de censura, pronunciamientos de instituciones y el rechazo de los familiares de las víctimas de los asesinados por malos militares y policías en la época del terrorismo, han generado los métodos de presión del presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi contra los jueces, a fin de que apliquen su ley de amnistía para quienes son investigados.
La congresista Ruth Luque anunció este jueves, el recojo de firmas para la moción de censura contra Rospigliosi Capurrro por “ejercer presión sobre los jueces del caso de la masacre en Cayara para que apliquen la ley de amnistía a militares involucrados”, y declarando en contra de la presidenta del Poder Judicial.
Lo que dijo el hoy fujimorista Fernando Rospigliosi, y causó desconcierto fue la acusación a la titular del Poder Judicial, de «incitar a jueces politizados y prevaricadores a cometer un delito» cuando Janet Tello defendió el uso del control difuso por parte de jueces para no aplicar leyes que consideren inconstitucionales, en su discurso por el inicio del Año Judicial 2026.
Rospigliosi en una columna de opinión, además de lo dicho, acusó a los jueces a cargo de la masacre de Caraya de 1988, Máximo Maguiña, Helbert Llerena y Reli Callata, de tener «pésimos antecedentes» y advertía que, si estos no acataban la ley que precisa los alcances del delito de lesa humanidad (Ley 32107) y negaban amnistiar a los militares, podían llegar a ser «enviados a prisión».
¿Qué más dijo e hizo Rospigliosi?
Como se sabe, el caso Cayara, involucra a militares en retiro procesados por violaciones a los derechos humanos contra la comunidad ayacuchana en un operativo que buscaba perseguir a miembros de Sendero Luminoso tras un atentado a un convoy militar en Erusco.
El artículo de Rospigliosi fue publicado horas antes de la audiencia donde se iba a determinar la aplicación de dicha norma al caso. Ruth Luque interpreta esta situación como una especie de «presión política», sumado a declaraciones posteriores donde insistió sobre los puntos ya expuestos.
Porque luego, Rospigliosi reforzó públicamente que los jueces -que aún no determinaban la aplicación de la Ley 32107 para que casos de lesa humanidad anteriores al año 2002 puedan prescribir-, estarían cometiendo «prevaricato» en sus funciones.
Más aún, según denuncia la parlamentaria Luque Ibarra, el mismo día de la audiencia, el propio Rospigliosi habría ingresado a la sala virtual. Si bien la sesión se desarrollaba de manera pública y cualquier persona podía acceder a la misma, la participación del congresista causó preocupación. «Su intención [era] «ejercer presión mediática y política sobre los magistrados de la Sala».
Colegio de Abogados se pronuncia contra Fernando Rospigliosi por presión a jueces
El Colegio de Abogados de Lima, mediante un comunicado expresó su profunda preocupación y rechazo a las declaraciones y actuaciones del congresista Fernando Rospigliosi. Esto, como presidente interino del Congreso. Porque “podrían constituir una grave intromisión en el ejercicio de la función jurisdiccional y un atentado contra la independencia del Poder Judicial”.
Refieren además que, “en un Estado Constitucional de Derecho, ninguna autoridad puede intervenir en causas pendientes. Ni ejercer presión directa o indirecta sobre magistrados que vienen conociendo procesos en trámite… pilar fundamental para la imparcialidad judicial y la tutela efectiva de los derechos”.
Explican que resultan alarmantes las declaraciones de una alta autoridad parlamentaria porque podrían interpretarse como amenazas o condicionamientos hacia jueces. Así como su participación en una audiencia relacionada con un caso emblemático. Esto, porque afecta gravemente la autonomía judicial y compromete el principio de separación de poderes.
CNDDHH también se pronuncia sobre expresiones y hechos
Asimismo, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) rechazó, en un pronunciamiento público, las declaraciones del congresista Fernando Rospigliosi. Refieren que “vulneran la independencia judicial y ponen en riesgo el acceso a la justicia en casos de violaciones a los derechos humanos”.
Enfatizan que, “las amenazas y descalificaciones contra quienes administran justicia son incompatibles con el Estado de derecho”.
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