La Asociación de Jueces para la Justicia y Democracia (Jusdem) rechaza las «amenazas e injerencia directa» en la justicia por parte del presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi además de mostrar su preocupación por las decisiones de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) respecto a la destitución de Delia Espinoza y la no ratificación de Pablo Sánchez.
En el pronunciamiento emitido este lunes 26 de enero por la tarde, la Jusdem acusó al presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, de “interferir directamente en el sistema judicial mediante constantes amenazas con fines intimidatorios que constituirían un debilitamiento progresivo de la independencia judicial».
Los jueces se pronuncian, tres días después de que el congresista fujimorista, ahora, titular interino del Parlamento denunció ante la JNJ a la jueza Rocío del Pilar Rabines Briceño por no aplicar la ley sobre APCI (Agencia Peruana de Cooperación Internacional) y ONG, acusándola de presunto prevaricato por desacatar la Ley 32301.
La Jusdem sostiene que estos hechos «evidencian un ataque sistemático a la institucionalidad democrática» del país, acusándolo de proferir «amenazas de destitución» y presión contra jueces y de incurrir «en una injerencia directa e inadmisible».
«Sin el mínimo decoro a la investidura de su cargo y en abierta contravención constitucional, profiere amenazas de destitución y de denuncias contra los jueces para que resuelvan aplicando la normativa en determinado sentido, sino que en dos oportunidades ha ingresado a audiencias judiciales de casos en trámite», dice el documento.
Destitución de Delia Espinoza y no ratificación de Pablo Sánchez van en contra de la meritocracia
Asimismo, los jueces expresaron su preocupación y rechazo ante las últimas decisiones de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) de destituir a la fiscal suprema Delia Espinoza y no ratificar al fiscal supremo Pablo Sánchez Velarde, disponiendo la permanencia de Tomás Aladino Gálvez, quien se encuentra «seriamente cuestionado por graves irregularidades».
«Tanto las amenazas públicas de destitución y de denuncias, la injerencia directa en audiencias, la activación del procedimiento disciplinario con fines intimidatorios, configuran un patrón sistemático de presión institucional que busca debilitar la institucionalidad democrática», manifiestan en el documento.
Al respecto, la asociación de jueces JUSDEM puntualizó que el comportamiento de Rospigliosi busca «perseguir a los jueces y fiscales en el ejercicio independiente de sus funciones», y que el accionar del JNJ genera desconfianza ciudadana y debilita la legitimidad de las autoridades.
Al respecto advirtieron públicamente que un «debilitamiento progresivo de la independencia judicial y fiscal, a causa de acciones u omisiones del Congreso y otros órganos del Estado, amenaza la democracia, separación de poderes y la legitimidad del sistema de justicia”.
«Ningún poder del Estado puede someter a la justicia, pues, cuando se intimida a jueces y fiscales, no se afecta a personas individuales, sino al derecho de la ciudadanía de contar con una administración de justicia independiente», sentenciaron.
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