Ser militantes cercanos a la presidenta de Somos Perú, Patricia Li, tal como la propia titular del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), Sandra Gutiérrez, quien también está afiliada a dicha organización política habría bastado para beneficiarse con un contrato en dicho sector.
De acuerdo con un reportaje de Cuarto Poder, tras asumir José Jerí la presidencia interina de la República en octubre de 2025 y nombrar a Gutiérrez Cuba como ministra del MIMP, los militantes cercanos a Li Sotelo a quienes ella llama “hijos” se beneficiaron con contratos con el Estado.
La investigación periodística denunció al menos unas doce contrataciones en el MIMP de personas con vínculos políticos cercanos a la dirigencia del partido oficialista Somos Perú. Las órdenes de servicio se dieron incluso a personas -afiliadas a Somos Perú- pero sin experiencia previa en el Estado ni trayectoria académica registrada.
Uno de los “hijos” de Patricia Li, Jean Paul Sosa, de 25 años obtuvo su primera orden de servicio como auxiliar administrativo por un monto de 2 500 soles, el 15 de diciembre de 2025. Cuando se le contrató no contaba con Registro Nacional de Proveedores (RNP). Realizó el trámite recién el 30 de diciembre. Tampoco contaba con títulos académicos registrados en la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), informaron.
El problema es que no se respeta la meritocracia
Otro caso similar es el de Carlos Huamán Zamudio, también afiliado a Somos Perú y a quien Li Sotelo promovía en las redes sociales. Obtuvo una orden de servicio por 8 000 soles para labores de sistematización y análisis de información, el 21 de noviembre de 2025. En su caso, un día antes, el 20 de noviembre, regularizó su registro de proveedores, el cual no estaba actualizado desde 2015, según el reportaje.
Presentaron a otro beneficiado, Laris Mediana Rabanal, de 24 años, quien recibió su primera orden de servicio el 12 de diciembre de 2025 como auxiliar administrativo, aunque no contaba con experiencia previa en el Estado, ni RUC activo al momento de la contratación ni grado académico registrado en la Sunedu.
Un cuarto beneficiado es Luis Antonio Calderón, quien de tener un contrato de 2 800 soles en el Gobierno Regional de Ica en diciembre de 2022 pasó a dos órdenes de servicio en el MIMP: una por 18 000 soles y otra por 4 000 soles. Calderón dijo en su defensa que lo convocaron al inicio para un proyecto, pero como no se concretó, lo contrataron finalmente para labores de comunicación.
En el dominical, la analista política Mabel Huertas, dijo que si bien la contratación de militantes es, «hasta cierto punto algo legítimo», el problema surge cuando “no se respeta la meritocracia”.
«Si [estas personas] no están preparadas y esto es un favor que se hace o una suerte de clientelismo, el Estado termina siendo, finalmente, como bolsa de trabajo para quienes rodean a las personas que están en el poder», dijo.
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