La Contraloría General de la República (CGR) ha dispuesto a la OCI el inicio de una auditoría de recopilación de información relacionado a la contratación de bienes, servicios y obras realizadas por la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) durante la gestión de Alfonso López-Chau, del 12 de noviembre de 2021 al 6 de mayo de 2025.
La disposición fue ordenada por la jefa de la OCI de la UNI, Carla Remigio Palacios, quien, en oficio remitido al rector de dicha universidad, Arturo Talledo Coronado, le informa que por orden de sus superiores de la Contraloría debía investigar la gestión de López-Chau Nava, según los documentos a los que accedió La República.
Esta determinación se conoce luego de que la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios inició una investigación contra el candidato presidencial por el partido Ahora Nación López-Chau. Por presuntamente haber destinado fondos públicos de la UNI, a favor de miembros de su agrupación política y que son parte de su campaña.
De acuerdo con la tesis fiscal, el candidato a presidente habría usado su cargo como rector de la UNI para beneficiar a militantes y promover su candidatura. Sin embargo, Carlo Magno Salcedo, vocero del partido y uno de los presuntos beneficiados, rechazó que López-Chau ordenara contratarlo.
Esto constituiría los presuntos delitos de corrupción en la modalidad de peculado doloso y negociación incompatible. El Segundo Despacho de la Primera Fiscalía Anticorrupción declaró ‘compleja’ la investigación y dispuso ampliar el plazo de esta por 8 meses.
¿Por qué hechos se le investiga a López-Chau?
López-Chau Nava es investigado por tres hechos, presuntamente irregulares, cometidos cuando ejerció el cargo de rector de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI).
El primero es, por presuntamente, haber beneficiado con contratos al abogado Carlo Magno Salcedo Cuadros (Secretario de Doctrina y Formación Política del Partido Ahora Nación). A Salvador Arévalo La Rosa (Secretario Nacional de Industria y Emprendimiento de Ahora Nación) y Leandro Josué Gámez Ramos (Presidente del Tribunal Electoral de Ahora Nación). Los tres son militantes activos o directivos del partido Ahora Nación.
Los tres dirigentes presuntamente beneficiados y también citados como testigos por la fiscalía, habrían suscrito diversos contratos con la UNI. Los montos ascenderían a S/ 54,000, S/ 75,000 y S/ 32,000, respectivamente, durante los años 2022 al 2024. Esto, cuando López-Chau Nava era rector de esa casa de estudios.
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