El último fin de semana, el penal de Barbadillo fue escenario de un operativo de requisa ejecutado por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y agentes del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) de la Policía Nacional. La intervención tuvo como objetivo oficial fiscalizar presuntos privilegios en las celdas de los expresidentes Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Pedro Castillo y Martín Vizcarra, quienes purgan prisión en dicho centro penitenciario.
Durante la inspección, las autoridades constataron que los exmandatarios contaban con diversos electrodomésticos y objetos de uso personal para cubrir necesidades básicas. Se halló que Vizcarra poseía una radio, una refrigeradora y un ventilador, mientras que en la celda de Humala se encontró un horno microondas. Por su parte, a Castillo se le incautó un televisor, una radio, una bicicleta de ejercicios, una refrigeradora y una cocina implementada; en tanto, a Toledo solo se le hallaron cubiertos.
Sin embargo, el operativo ha sido duramente cuestionado por diversos sectores que lo califican como una «cortina de humo» diseñada para desviar la atención de los recientes escándalos que rodean al presidente interino, José Jerí. Estos cuestionamientos surgen en medio de polémicas por reuniones clandestinas de Jerí con empresarios chinos y presuntas contrataciones irregulares en mayoría a jóvenes damas, tras visitas nocturnas al Palacio de Gobierno.
Abogado de Ollanta Humala: «La filtración de fotografías fue algo ‘indignante y tendencioso’”
La defensa de Ollanta Humala también expresó su rechazo formal ante lo que consideran una vulneración sistemática al derecho fundamental a la intimidad. El abogado Wilfredo Pedraza calificó la filtración de fotografías como «indignante y tendenciosa», acusando al gobierno de Jerí de utilizar el sistema penitenciario para distraer a la opinión pública de las denuncias que pesan sobre su gestión.
Paralelamente, el abogado de Humala, Edinson Huamán, remitió un oficio a la presidenta del INPE, Shadia Valdez, exigiendo detalles sobre quién autorizó la toma y posterior difusión de las imágenes. Huamán enfatizó que la sentencia en primera instancia contra Humala, que aún se encuentra en apelación, no restringe sus derechos fundamentales, como la protección de su imagen y vida privada garantizados por la Constitución.
Huamán Chacón en la carta oficial que remitió a la titular del INPE denunció que, “durante las dos intervenciones ejecutadas el domingo 8 de febrero se tomaron imágenes del exmandatario sin su consentimiento expreso”. Por lo que, en el mismo documento, solicita información detallada sobre la cadena de mando involucrada. Y la autorización expresa del expresidente para el uso de su imagen.
“La sentencia dictada en primera instancia contra mi patrocinado, y que se encuentra aún en apelación, no restringe sus derechos fundamentales”, dice en la carta. Resalta que, el artículo 2, inciso 7, de la Constitución reconoce el derecho fundamental a la intimidad. Mientras que el Código Penal tipifica como delito la violación y el tráfico ilegal de datos personales. Con agravantes si el agente es un funcionario público.
Martín Vizcarra: “En la tercera requisa tomaron fotos para filtrarlas a la prensa”
El expresidente Martín Vizcarra denunció públicamente que fue objeto de tres requisas en menos de 24 horas, calificando la medida de abusiva y desproporcionada. Según relató, la primera diligencia ocurrió el sábado 7 de febrero y culminó sin observaciones. Pese a esto, los funcionarios regresaron en dos ocasiones adicionales, incluyendo una intervención para tomar fotografías que fueron filtradas inmediatamente a la prensa.
Vizcarra también aprovechó para comparar su situación con las condiciones de reclusión que tuvo el fallecido Alberto Fujimori. «¿Le hicieron alguna (requisa) a Fujimori en los 16 años que estuvo en Barbadillo?», cuestionó. Recordó que el exdictador incluso cultivaba una huerta con herramientas y un tractor. Y sugirió que la orden de intervenir su celda responde a una directiva política «de arriba».
Ante estos hechos, Vizcarra presentó una denuncia penal contra Henry García Malpartida, director de Seguridad Penitenciaria del INPE. Esto, por los presuntos delitos de abuso de autoridad y violación a la intimidad en forma agravada. La acción legal sostiene que la segunda requisa se llevó a cabo sin razón ni sustento, lesionando los derechos del exmandatario a sabiendas de que ya se había realizado una inspección previa horas antes.
Asimismo, el expresidente ya había denunciado restricciones en visitas luego de que sus dos hijas no pudieran verlo. El refirió que sus dos hijas fueron a visitarlo durante el horario de visita semanal establecido. Sin embargo, los trabajadores de la institución habrían negado el ingreso de ambas. «Me dijeron en la puerta que solo podía entrar una, que escoja, y como padre no podía hacer eso y tuvieron que irse».
Califican acciones como efectistas y manotazos de ahogado
Especialistas consultados advierten que estas acciones buscan mejorar la imagen del sistema penitenciario mediante un discurso de «mano dura» para recuperar la confianza ciudadana. El politólogo Alejandro Godoy explicó que, aunque inicialmente este tipo de medidas fueron percibidas como positivas, hoy son vistas como actos efectistas que contrastan con la falta de fiscalización previa en casos como el de Alberto Fujimori.
Por otro lado, el analista Alejandro Mejía calificó la medida como «manotazos de ahogado» por parte de un presidente cuya aprobación se ha desplomado. Mejía criticó que se intente exponer privilegios carcelarios —asunto que amerita investigación— para ocultar que el actual gobierno poco ha hecho para combatir la corrupción persistente dentro del sistema penitenciario nacional.
Para ambos analistas consultados por La República, el clima político para José Jerí es crítico, pues una encuesta de Imasen indica que su desaprobación alcanzó el 70,4 % en enero. Este incremento en el rechazo popular estaría relaciondoa con la exposición mediática de la requisa en Barbadillo. Todo hace ver que es una maniobra distractiva frente a la crisis de inseguridad ciudadana y la falta de un Plan Nacional de Seguridad.
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