Durante una entrevista en un medio televisivo, el excongresista Víctor Andrés García Belaúnde fue consultado sobre el reciente escándalo por el uso indebido de los fondos públicos destinados a la franja electoral. García Belaúnde cuestionó los diferentes casos, revelados por la prensa, y como parte de sus argumentos dijo lo siguiente: “[…] eso debería ser gratis. Porque hay que recordar que hasta hace poco la franja electoral era gratis”.
Las declaraciones de García Belaúnde ocurren en medio de la crisis política debida a los cuestionados manejos en distintas organizaciones políticas, que direccionaron la ejecución de pagos por financiamiento público indirecto de campañas, a cargo de la ONPE, hacia medios con conflictos de interés o de dudoso alcance.
Sin embargo, tras revisar la legislación y normativa al respecto y consultar con especialistas, AmaLlulla concluye que la afirmación del excongresista es falsa. En realidad, desde su origen, en el año 2000, la franja electoral nunca fue gratis. Desde su creación fue un espacio costeado con fondos públicos.
Las organizaciones políticas están facultadas a cubrir los costos de sus campañas electorales a través de tres tipos de ingresos; el financiamiento privado, el financiamiento público directo y el financiamiento público indirecto, de acuerdo a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
El financiamiento público indirecto, o también denominado franja electoral, es el conjunto de “espacios asignados a las organizaciones políticas con candidaturas inscritas en los medios de comunicación de radio y televisión de propiedad privada y del Estado, así como en medios digitales (redes sociales), para la difusión de sus propuestas, planteamientos, planes de gobierno y propaganda electoral”.
La franja electoral tiene sus antecedentes en la Ley Orgánica de Elecciones (Ley 26859), publicada el primero de octubre de 1997. Originalmente, el artículo 194 de esta norma establecía que la ONPE “adquiere espacios en los medios de comunicación del Estado, los mismos que se ponen a disposición de los partidos políticos inscritos o de las alianzas de partidos o de las listas independientes, sin costo alguno”.
Posteriormente, la Ley 27369, publicada el 18 de noviembre del 2000, modificó este artículo para extender los espacios de propaganda, sin costo para las organizaciones políticas, a canales de televisión y radios privadas. El uso de esos espacios pasó a estar bajo custodia del Jurado Nacional de Elecciones. En esta modificación aparece la expresión franja electoral.
Estos espacios no eran gratuitos, sino que el costo de los mismos era asumido por el Estado, a una tarifa preferente para todas las organizaciones políticas.
“El Jurado Nacional de Elecciones dictará las normas reglamentarias que complementan el presente artículo y fijará los límites en duración, frecuencia y valor a la publicidad política durante el proceso electoral”, precisa la nueva versión del artículo 194.
En ese marco, el Reglamento de la Franja Electoral, aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones, el 19 de enero 2001, previo a las elecciones generales de ese año, estableció que la ONPE sería la institución encargada de contratar espacios de difusión a medios privados, “previa negociación de tarifas preferentes con los medios de comunicación social de acuerdo a las prácticas comerciales del mercado de publicidad”.
En ese marco, la Organización de los Estados Americanos (OEA), por medio del informe Misión de Observación Electoral Elecciones Generales Perú, 2001, confirmó que el Estado peruano pagó a medios de comunicación para desarrollar la franja electoral.
“La ampliación de la franja electoral, pagada por el Estado, permitió el acceso equitativo y gratuito a los partidos políticos, agrupaciones independientes o alianzas, a los canales de televisión de señal abierta y estaciones de radio, públicos o privados, sin hacer depender esos accesos de los recursos económicos grandes o escasos de cada agrupación”, indica, entre sus conclusiones, el informe.
Posteriormente, en el 2003, la Ley de Organizaciones Políticas estableció que, además del pago descrito en párrafos anteriores, el Estado debe compensar a los medios, reduciendo el monto del cobro que se les hace por el uso del espectro radioeléctrico.
El artículo 270 del Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios, publicado por la ONPE en el 2005, ratificó que el Estado proporciona un presupuesto específico para la contratación de los espacios para la franja electoral.
En ese marco, en marzo de 2006, el Congreso aprobó la Ley 28679, que le otorgó a la ONPE la suma de 20 millones de soles para que esta institución financiara los gastos de la franja electoral de las elecciones generales de ese año. La ley señaló que dicha operación no perjudicaba la compensación que se le hace a los medios, que reduce el pago por derecho al uso del espectro radioeléctrico.
Consultado para esta verificación, el politólogo Fernando Tuesta, docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y exjefe de la ONPE (entre los años 2000 y 2004), confirmó que, desde su implementación en las elecciones de 2001, la franja electoral nunca fue gratuita porque el Estado siempre pagó por dichos espacios a los medios de comunicación públicos o privados.
“Desde el año 2001 hasta ahora, o sea, más de 25 años o un cuarto de siglo, la franja siempre ha sido gratis para los partidos políticos. Pero esto fue porque el Estado se encargaba de pagar esos espacios”, indicó el especialista Tuesta.
Actualmente, la Ley de Organizaciones Políticas precisa que la ONPE “recibe como asignación presupuestaria, conjuntamente con el presupuesto para el proceso electoral, el monto que irrogue el acceso a radio, televisión y al pago de la publicidad en redes sociales en cada elección. Los precios convenidos con los medios de comunicación deben ser los considerados para una tarifa social”.
Este procedimiento está establecido específicamente en el Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios de la ONPE.
“Decir que antes era gratis, no es preciso. Nunca fue gratis [para el Estado]. Los partidos acceden a los medios de comunicación a través del pago que hace el Estado a los medios”, explicó Fernando Tuesta.
“Los partidos no pagan. Es por eso que se llama financiamiento público indirecto”, precisó el exjefe de la ONPE.
Tuesta también publicó en la red social X los montos desembolsados por la ONPE para la contratación de espacios en medios de comunicación, como parte de la franja electoral, entre las elecciones generales de 2001 hasta las elecciones primarias de las elecciones generales de 2026.
Ama Llulla confirmó con base en las informaciones periodísticas y documentales que hubo financiamiento público en esos procesos electorales.
Con el fin de obtener precisiones sobre su afirmación, AmaLlulla se comunicó con Víctor Andrés García Belaúnde. En respuesta, el excongresista señaló lo siguiente:
“Lo que yo he dicho, lo que he tratado de decir, es que la franja electoral ha sido gratuita. O sea, ha habido muchas modificaciones. Empezó siendo una franja electoral para las municipales. Hay toda una historia detrás de eso. Entonces, lo que yo he dicho es que sí, originalmente no se paga”.
Enseguida, el excongresista García Belaúnde reconoció no conocer realmente si el Estado pagó siempre por la franja electoral.
“Yo no sé si se pagó la primera elección, o la siguiente sí, o si se pagó siempre, eso no lo sé. Pero la idea original era esa. Era dar una franja para darle posibilidades a todos por igual para que todos puedan participar, pero que el Estado no desprenda dinero. Hay que revisarlo, yo no me he puesto a estudiar el tema, evidentemente, pero parece que la primera vez que algo de dinero se dio a los medios fue unos 9 millones de soles de unas elecciones municipales, pero yo no creo que haya sido siempre así, eso ha ido variando hasta el final”.
En este punto es preciso señalar que el contexto de la entrevista en la que García Belaúnde brindó el dato objeto de esta verificación estaba referido a las elecciones generales, es decir, para elección del presidente de la república y miembros del Congreso.
En función de lo expuesto, AmaLlulla concluye que es falsa la afirmación del excongresista Víctor Andrés García Belaúnde, acerca de que hasta hace poco la franja electoral era gratis. En realidad, desde su creación, el Estado siempre ha cubierto los costos de los espacios asignados a las agrupaciones políticas para la franja electoral.
Este chequeo fue realizado por Evidencia.pe, miembro de la red AmaLlulla, con la herramienta de inteligencia artificial Quispe Chequea, de OjoPúblico.
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