César Acuña ya es considerado “presidente” por el rector de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, Eleazar Crucinta, luego de colocarle una banda presidencial al candidato de Alianza Para el Progreso (APP) durante un mitin realizado en Cusco.
Pese a ser autoridad universitaria, el rector vulneró deliberadamente la ley electoral y el principio de neutralidad política al participar activamente en un acto proselitista. Ante las críticas, Crucinta defendió su conducta asegurando que al evento no asistió como rector, sino “como militante e invitado expreso del congresista Alejandro Soto”. Aseguró que no se arrepiente de tal acto y afirmó que, de tener alguna responsabilidad por ello, la afrontará sin problemas.
El hecho ha generado fuerte rechazo dentro del campus universitario y entre la ciudadanía cusqueña en general, que cuestiona la falta de imparcialidad de una autoridad educativa, sobre todo en el contexto de un proceso electoral en curso.
En respuesta a la polémica, el Jurado Electoral Especial de Cusco anunció que investigará al rector por presunta infracción a la normativa electoral. Pues la colocación de la banda presidencial a un candidato configura una manifestación pública de apoyo político. Esto contraviene la neutralidad exigida a autoridades públicas y servidores estatales.
La ley electoral peruana prohíbe expresamente este tipo de conductas a quienes ocupan cargos públicos, bajo el principio de que las instituciones deben mantenerse imparciales durante la campaña. Según la resolución del organismo electoral, la investigación se centrará en determinar si la acción de Crucinta influyó en la contienda y si hubo uso de recursos o espacios institucionales de la universidad en favor de algún candidato.
El JEE evaluará el caso en base a testimonios, evidencia audiovisual y normativa vigente, para imponer sanciones si se comprueba la vulneración de la ley. El incidente ha dividido las opiniones en la comunidad cusqueña. Algunos sectores señalan que el rol de rector debería centrarse en la educación y gestión académica, sin involucrarse en actividades que puedan percibirse como proselitistas.
Por otro lado, hay quienes argumentan que como ciudadano Crucinta tiene derecho a expresar sus preferencias políticas. Esto, siempre y cuando no se utilicen los recursos ni la estructura de la universidad para ello. La difusión de las imágenes del acto, en las que se ve al rector colocando la banda presidencial a Acuña, intensificó el debate mediático. Y llevó a que organizaciones sociales y estudiantiles exijan sanciones ejemplares para proteger la autonomía y la neutralidad de la universidad.
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