La congresista Milagros Jáuregui presentó sus descargos ante la Comisión de Ética del Congreso tras el escándalo que involucra a su albergue, donde se habría expuesto a menores víctimas de abuso. La parlamentaria afirmó que las acusaciones forman parte de “calumnias” impulsadas, según dijo, por la narrativa “caviar”, e insistió reiteradamente en que nunca ha tenido algún comportamiento incorrecto.
Jáuregui también aseguró que en su casa hogar jamás se ha obligado a las menores a continuar con un embarazo. Sin embargo, no supo responder con claridad a las preguntas del congresista Roberto Kamiche. Él le consultó qué ocurriría si alguna menor del albergue decidiera no tener al niño. Pese a las dudas que surgieron durante la sesión, la Comisión de Ética logró, con dificultad, aprobar el inicio de una investigación formal para esclarecer los hechos.
La decisión del grupo parlamentario se produce luego de que se difundieran imágenes en las que se observa a la legisladora junto a menores de edad que serían víctimas de violencia sexual. Ellas se encontraban alojadas en el albergue vinculado a su entorno, conocido como “Casa del Padre”. Dicho material generó una fuerte polémica en redes sociales y motivó cuestionamientos sobre la posible exposición pública de niñas en situación de extrema vulnerabilidad.
Ante las críticas, Jáuregui negó haber expuesto a las menores y aseguró que las fotografías no se difundieron oficialmente por su institución. Según sostuvo, se trataría de imágenes sacadas de contexto y parte de una campaña de difamación en su contra. Durante sus declaraciones, la congresista también rechazó las versiones que señalan que las adolescentes acogidas en el refugio tenían obligación de continuar con sus embarazos.
Explicó que las casas de acogida trabajan bajo lineamientos del Estado. Y que las decisiones relacionadas con la protección de las menores corresponden a las Unidades de Protección Especial del Ministerio de la Mujer. La controversia se intensificó luego de que diversas autoridades y organizaciones cuestionaran la forma en que se habría mostrado públicamente a niñas embarazadas producto de violación.
Estas críticas llevaron incluso a que el Ministerio de la Mujer dispusiera supervisiones en el albergue. Allí verificaron si se cumplieron los protocolos de protección y los estándares de atención para menores de edad. En paralelo, el caso también ha generado investigaciones y denuncias adicionales. Por ejemplo, determinar si existieron vulneraciones a los derechos de las menores al ser exhibidas en actos públicos o actividades vinculadas al albergue.
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