El candidato presidencial y prófugo de la justicia, Vladimir Cerrón, publicó un video en sus redes sociales en el que se refiere a las matanzas durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte y el Congreso ocurridas entre diciembre de 2022 e inicios de 2023 en diversas regiones del país.
En la grabación, difundida en TikTok el 9 de febrero y en Facebook el 10 del mismo mes, el secretario general del partido político Perú Libre asegura que 70 personas fueron asesinadas por la Policía y el Ejército durante la represión de las manifestaciones que estallaron tras la destitución del entonces presidente Pedro Castillo y la toma de mando de Boluarte.
Cerrón afirma textualmente: “La información de inteligencia [policial] se utilizó para derrocar al presidente Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022 y con ello deterioraron la democracia, violaron los derechos fundamentales y debilitaron la institucionalidad del Ejecutivo. Este golpe produjo 70 muertos acribillados por la Policía y el Ejército, fundamentalmente en Puno, Apurímac y Ayacucho”.
Sin embargo, el dato difundido por el exgobernador regional de Junín es falso. Diversos informes de organismos nacionales e internacionales coinciden en que el número de civiles asesinados durante la represión estatal fue menor al que menciona Cerrón.
Fueron 49 civiles asesinados por la Policía y el Ejército
El informe “Perú en la mira por crímenes de lesa humanidad: asesinatos y represión sistemática de 2022-2024”, publicado en junio de 2024 por la Federación Internacional por los Derechos Humanos y la Asociación Pro Derechos Humanos, documenta 49 civiles asesinados en el contexto de la represión contra manifestantes. El documento detalla que la violencia estatal tuvo mayor cantidad de víctimas mortales en tres episodios: Andahuaylas (Apurímac), entre el 10 y el 12 de diciembre; Ayacucho, el 15 de diciembre; y Juliaca (Puno), el 9 de enero de 2023. En este último caso, considerado el más letal, se registraron 18 personas asesinadas.
El informe también señala que 48 de las 49 víctimas murieron por impactos en la cabeza, el tórax o el abdomen, causados por armas de fuego o por el impacto de cartuchos de gas lacrimógeno. En la mayoría de casos analizados se identificó el uso de fusiles calibre 5.56 o 7.62 mm, además de pistolas de 9 mm y escopetas con perdigones, compatibles con armas tanto de la Policía Nacional como del Ejército.
Por su parte, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) registró 50 civiles muertos y al menos 821 heridos durante las protestas. El organismo también señaló que 27 de las víctimas mortales tenían menos de 25 años y siete eran menores de edad, y que, según la información recopilada, muchas de las personas fallecidas no habrían participado directamente en las manifestaciones.
Además, el documento precisa que otras 11 personas fallecieron en el contexto de los bloqueos de carreteras, principalmente en accidentes o por falta de acceso oportuno a atención médica, situaciones que ocurrieron durante las movilizaciones pero no como resultado directo de la acción de las fuerzas de seguridad.
En tanto, el Informe Defensorial N.°190 de la Defensoría del Pueblo, que analiza la crisis política y las protestas entre el 7 de diciembre de 2022 e inicios de 2023, reporta 49 personas fallecidas en enfrentamientos vinculados al conflicto social, en su mayoría durante intervenciones de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en distintas regiones del país. El documento identifica focos de violencia en Andahuaylas (6 fallecidos), Ayacucho (10), Juliaca (18), así como muertes registradas en regiones como Junín, Arequipa, Cusco, La Libertad y Lima.
Diversos medios de comunicación informaron a lo largo de los últimos años que los responsables de los asesinatos son efectivos de la Policía Nacional y el Ejército. De hecho, la Fiscalía llegó a pedir que el Estado asuma la reparación civil por el asesinato de los siete menores de edad a manos de las fuerzas del orden.
No se ha iniciado ningún juicio oral ni dictado sentencia por los asesinatos ocurridos durante las protestas.
Conclusión
Los reportes de la Defensoría del Pueblo, de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y del informe ‘Perú en la mira por crímenes de lesa humanidad’, además de diversos medios de comunicación, coinciden en que fueron entre 49 y 50 los civiles asesinados por las fuerzas del orden durante la represión de las protestas contra Dina Boluarte y el Congreso entre diciembre de 2022 y enero de 2023, no 70 como aseguró el dirigente de Perú Libre. Por tanto, PerúCheck califica como falsa la afirmación de Vladimir Cerrón.
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