La aprobación de la Resolución N.° 121-2026, emitida el 19 de abril por el Ministerio de Energía y Minas, ha abierto un nuevo frente en torno al proyecto Tía María en Arequipa. La norma declara de interés nacional la iniciativa minera y dispone la reserva de 2,002 hectáreas de terreno estatal.
La medida responde a una solicitud previa de Southern Perú, que desde el año anterior buscaba no solo la declaratoria de interés nacional, sino también el acceso a la propiedad de los terrenos donde se desarrollaría el proyecto. La resolución encarga a la Superintendencia de Bienes Nacionales facilitar la transferencia, lo que habilita un eventual proceso de venta directa.
La información fue proporcionada por José Álvarez Ruelas, representante de los extrabajadores de Southern Perú, quienes han planteado una acción de amparo para evitar se concrete la transferencia.
Uno de los principales cuestionamientos se centra en el valor estimado del terreno. Según los datos disponibles, el precio oscilaría entre S/ 0.80 y S/ 1.20 por metro cuadrado, lo que daría un costo total aproximado de S/ 16 millones. Este monto es considerado bajo frente al potencial valor de los recursos minerales presentes en la zona, como cobre y oro, lo que podría representar un perjuicio económico para el Estado.
Además del aspecto económico, la resolución implicaría un cambio clave en la condición del proyecto, el de concesión a propiedad. Este punto resulta crítico, ya que limitaría la capacidad del Estado para revertir o retirar el control del proyecto en caso de incumplimientos, a diferencia del régimen de concesión, que permite mayores mecanismos de supervisión.
La acción de amparo tiene el objetivo de anular la resolución. La demanda también busca determinar posibles responsabilidades. Y, como efecto inmediato, suspender el proceso de transferencia de los terrenos hasta que el Poder Judicial emita un pronunciamiento.
Cuestionan la modalidad de venta de terrenos para Tía María
El principal punto de debate radica en el cambio de régimen sobre los terrenos del proyecto Tía María. Mientras que bajo el sistema de concesión el Estado mantiene la titularidad y capacidad de control, la transferencia en propiedad implicaría una cesión definitiva, reduciendo el margen de intervención ante eventuales incumplimientos de la empresa.
Este cambio podría sentar un precedente para otros proyectos mineros en el país. De concretarse, abriría la posibilidad de que más empresas soliciten la transferencia de terrenos estatales bajo condiciones similares. Esto generaría un impacto en la gestión de recursos públicos y en la política de concesiones.
A ello se suma la falta de pronunciamientos claros por parte de las autoridades. Hasta el momento, el Gobierno Regional de Arequipa no ha emitido una posición oficial sobre la medida.
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