La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) aprobó declarar improcedentes las denuncias constitucionales contra la expresidenta, Dina Boluarte Zegarra, referidas al puerto de Matarani de Arequipa, en dos informes de calificación que se trataron este martes en el Congreso de la República. La sesión de este grupo de trabajo fue virtual.
En la primera Denuncia Constitucional se acusó a Boluarte Zegarra y al expresidente del Consejo de ministros, Gustavo Adrianzén Olaya, al haber limitado el derecho fundamental a la negociación colectiva de los trabajadores del sector público. Esta acusación de presunta infracción constitucional la formuló el congresista Juan Burgos Oliveros de Podemos Perú. Obtuvo 9 votos a favor, 3 votos en contra y cero abstenciones.
La segunda Denuncia Constitucional la presentó el congresista Edwin Martínez de Acción Popular. Esta también contra Dina Boluarte y los exministros de Estado Raúl Pérez Reyes y César Sandoval, “por presunta infracción constitucional y la posible comisión de los delitos de corrupción en la modalidad de colusión simple y agravada, negociación incompatible y aprovechamiento indebido de cargo”.
Se les acusó de haber aprobado el Decreto Supremo del MTC del año 2025, que aprueba el texto de la adenda 5 del contrato de concesión del Terminal Portuario de Matarani, que extiende la concesión por 30 años adicionales. Obtuvo 9 votos a favor, 3 votos en contra y cero abstenciones.
Las veces que Boluarte fue blindada por el Congreso
A Dina Boluarte, antes de ser vacada por el mismo Congreso, la blindaron en mayo de 2025 en la SAC al aprobar el archivamiento de la denuncia constitucional vinculada al denominado “caso Rolex”. El informe final fue elaborado por la congresista Nilza Chacón de Fuerza Popular, quien indicó que no existían indicios suficientes para determinar que Boluarte había cometido delitos de corrupción.
Luego en septiembre de ese mismo año, la SAC volvió a blindar a Boluarte. Decidieron no seguir con las investigaciones contra la mandataria por las más de 50 muertes registradas durante las protestas en rechazo a su gobierno entre diciembre de 2022 y febrero de 2023. Los votos a favor del archivo fueron principalmente de Alianza para el Progreso (APP) y Fuerza Popular.
Otras denuncias constitucionales archivadas
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales también archivó la Denuncia Constitucional del ciudadano Percy Baldeón Ferrer. Fue presentada contra el fiscal supremo Juan Carlos Villena Campana, por presunta infracción constitucional. Y la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad, encubrimiento real y prevaricato/fallo o dictamen ilegal.
También desestimaron la Denuncia Constitucional que formuló el expresidente de la república Pedro Castillo. Era contra los congresistas Patricia Juárez, Eduardo Castillo, Manuel Revilla, Alejandro Soto, Eduardo Salhuana y Jorge Montoya. También contra Alejandro Muñante, Norma Yarrow, Adriana Tudela y José Williams por presunta infracción constitucional. Y también por la posible comisión de los delitos de omisión de actos funcionales, encubrimiento real, omisión de denuncia y obstrucción de la justicia.
Si valoras nuestro contenido, hazte miembro de la #BúhoComunidad. Así podremos seguir haciendo periodismo. También puedes apoyarnos uniéndote a nuestro canal de YouTube.
