Jonathan Águila Quispe, sobreviviente de la masacre en Colcabamba, rompió su silencio tras salir de una intervención quirúrgica que lo mantuvo al borde de la muerte. Su testimonio añade nuevas dudas sobre el operativo militar que acabó con la vida de cinco personas que regresaban de un partido de fútbol.
Con la voz aún débil, relató el horror que vivió aquella madrugada. Asegura que tuvo que fingir su muerte para evitar ser rematado por los militares. Desde el suelo, inmóvil, escuchó conversaciones entre los efectivos que hoy resultan clave para la investigación.
“Mi sub, no hay nada”, habría dicho uno de los soldados, según su versión. El sobreviviente afirma que, al no encontrar drogas ni armamento, los propios militares ordenaron traer municiones para justificar la intervención. Esta declaración contradice directamente los primeros informes oficiales, que hablaban de un enfrentamiento con presuntos implicados en actividades ilícitas.
Denunció que la escena habría sido manipulada después de los disparos. Según su testimonio, los efectivos intentaron construir una versión que los vinculara con el narcotráfico, pese a que los ocupantes del vehículo no estaban armados. Estas acusaciones coinciden con reportes que advierten posibles irregularidades en el manejo de la evidencia.
El caso ha generado una ola de indignación, no solo por la violencia del operativo, sino por las contradicciones y el silencio en las versiones oficiales. La hipótesis de una intervención sin verificación previa y con presunta alteración de la escena ha encendido las alertas en distintos sectores.
Crítica desde la iglesia
La conmoción ha llegado incluso a la Iglesia. Durante su homilía dominical, el arzobispo de Lima, Carlos Castillo, dedicó duras palabras al accionar de las Fuerzas Armadas en este caso.
Sin rodeos, cuestionó que no se haya verificado adecuadamente la situación antes de intervenir. Señaló que decisiones tomadas desde el prejuicio pueden tener consecuencias irreparables. “En vez de verificar, hicieron un prejuicio”, expresó, en referencia a la actuación de los militares.
El arzobispo también advirtió sobre el peligro de normalizar este tipo de intervenciones sin control, subrayando que el deber de las fuerzas del orden es proteger la vida, no ponerla en riesgo por suposiciones.
Mientras tanto, las familias de las víctimas, junto a las comunidades, insisten en que los fallecidos eran inocentes, piden justicia entre lágrimas y que no se cierre el caso sin responsabilidades claras.
Entre testimonios que se contradicen, evidencias cuestionadas y una presión social creciente, Colcabamba se ha convertido en un símbolo de una herida abierta que aún exige respuestas.
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