Más de medio millón de soles decomisó la Policía a los integrantes de la presunta organización criminal Los Correcaminos del Sur. Muchos quedaron asombrados por la enorme cantidad de dinero que tenían oculto, en sus colchones, los principales funcionarios de la Gerencia de Transportes de Arequipa.
La Fiscalía contra el Crimen Organizado los venía investigando hace siete meses atrás por, presuntamente, conformar una mafia que cobraba cupos a transportistas. Entre los involucrados figuraban el exasesor de Yamila Osorio , Juan Bermejo y el exgerente de Transportes, José Gamarra. Ambos han sido sindicados como los cabecillas de toda la organización.
A lo largo de las investigaciones, la fiscal Alejandra Cárdenas recabó el testimonio de diferentes testigos que revelan cómo operaban Los Correcaminos del Sur. Estas declaraciones han sido expuestas durante el desarrollo de la audiencia de prisión preventiva solicitada por la Fiscalía.
Se trata de los testimonios de testigos claves que han proporcionado información sobre el esquema de la mafia, el manejo del poder y de sus influencias.
Pagos tenían un solo destino
El testigo protegido TPN°6 afirmó ante la fiscal que «todos los pagos tenían siempre un mismo destino». En relación al cobro de cupos a las minivans, el recaudador Froilán Almonte Concha, alias «Chascoso», le entregaba 6 mil soles mensuales al jefe de los inspectores Abraham Mendoza. Luego, añade, «a (Juan) Bermejo le entregaban por intermedio de Cristhian Motta (subgerente de Transportes y Comunicaciones), 20 mil mensuales; ahora, eso tenían que repartirlo, 10 mil a Bermejo, 5 mil a Gamarra y otros 5 mil a Motta».
La Fiscalía sostiene en su acusación que los dueños de las minivans informales debían pagar cupos mensuales de 300 y 500 soles por unidad. Esto, para evitar ser intervenidas bajo cualquier pretexto.
El mismo testigo también revela cómo la organización captaba dinero a través de la emisión de resoluciones para circular o ampliar su flota. Tal como expresa, las resoluciones de permisos de circulación eran atendidas directamente por Juan Guillermo García Velásquez, subgerente de Transporte Interprovincial. Era con él con quienes los dueños de minivans se reunían para acordar el monto del pago. Él debía tramitar los expedientes con las solicitudes que presentaban los transportistas, empero, no hacía todo el trabajo. Tenía a un abogado de apellido Pinto que se encargaba de armar los expedientes en su oficina, para luego entregárselos. Por cada expediente, el abogado cobraba mil soles, mientras que García cobraba 40 mil soles por la aprobación del expediente. Pero eso no era todo.
Adicionalmente, el testigo señaló que los transportistas también debían tramitar una constancia de habilitación de terminal para estacionar sus unidades. Por este trámite les cobraban otros 10 mil soles más. No obstante, todos los expedientes necesitaban la aprobación del gerente José Gamarra. “Gamarra era el que finalmente decía a quienes aprobaba”, afirmó.
LA REPARTICIÓN DEL BOTÍN
A continuación revela cómo se hacía la repartición del botín. “Ese dinero, que cobraba García, se lo entregaba a Cristhian (Cristhian Motta, subgerente de Transportes y Comunicaciones) sacando su parte. Cristhian le daba a Gamarra, que sacaba su parte, y le daba también su parte a Juan Bermejo”.
Una persona que corrobora lo dicho por este testigo, es el colaborador Alejandro Martínez Mollesaca, intermediario entre el gerente y los subgerentes. En su declaración manifiesta que Guillermo García les pedía dinero a los transportistas. «Cuando ya estaban los expedientes venía la representante de la empresa y les pedía el pago por su resolución y ese dinero se lo daba a Christian Motta, José Gamarra y Juan Bermejo; y eso estuvo haciendo hasta que fue detenido», confiesa. Asimismo, agrega que la última autorización de circulación se la dio a la empresa Sueño Dorado que hace la ruta de Arequipa – El Pedregal
Persecución a detractores
La Fiscalía sostiene que los funcionarios de la Gerencia de Transportes favorecían a aquellos que se sometían a sus exigencias. Les ayudaban a agilizar sus trámites o sacaban sus vehículos del depósito sin pagar la multa, siempre y cuando cumplieran con sus cuotas. En cambio, perseguían y hostilizaban a las personas que no estaban de acuerdo con sus manejos, al punto de enviarlos a la quiebra.
Tal como recuerda el testigo protegido TPN°6. «Una vez una señora llamada Charo fue a reclamarle a García porque no expedían su permiso de circulación, a pesar de que anteriormente ya le habían pagado. También fue a reclamarle al gerente José Gamarra». En opinión del testigo, este incidente fue la razón por la que toda la gerencia tomó represalias contra la empresa de Charo. Empezaron a perseguir a sus vehículos llevándolos al depósito. De tanto hostigamiento, la empresaria acabó en la quiebra.
Lo contrario pasó con la dueña de Peru Bus Kley, Mary Lucelia Rivera, quien también está comprometida en el caso. El subgerente de Transportes Guillermo García tramitó con celeridad sus solicitudes para ampliar la flota vehicular de su empresa. El declarante afirmó que la empresaria inició con tres vehículos y hoy cuenta 77 unidades. “Ella todo lo hacía por medio de García”, refirió.
La Fiscalía estableció que, por una resolución de ampliación de flota, la organización cobraba 2 mil 500 soles por cada unidad.
Audiencias continúan sábado y domingo
Debido a la cantidad de personas implicadas y el número de pruebas, el juez Juan Carlos Churata, titular del Juzgado Anticorrupción de Arequipa, dispuso que la audiencia continúe este sábado y domingo.
Recordemos que el proceso se viene realizando desde el último lunes y aún no culmina. Se ha programado sesiones desde la mañana hasta la noche a fin de que pueda culminarse el debate.
A la presunta organización criminal se le acusa de los delitos de organización criminal, cohecho, coacción y tráfico de influencias.