A finales del 2017, Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. (Seal) adjudicó dos licitaciones de obra a la empresa española Aldesa, por alrededor de 60 millones de soles. El primero de los procesos, de 37 millones de soles, fue denunciado ante el Ministerio Público por un presunto direccionamiento en la calificación. Se trataba de la instalación de la línea de transmisión Camaná Ocoña. Por esta adjudicación, se denunció penalmente a tres funcionarios de la empresa designados para integrar el comité de selección.
La denuncia se encuentra en etapa de investigación preliminar desde inicios de 2018. Para llevar el caso, Seal dispuso que un estudio de abogados externo se encargue de la defensa de los denunciados. La labor se encomendó al bufet limeño Arbizú & Gamarra que asume la defensa de los imputados. Voceros de SEAL señalaron a El Búho que desconocían el monto de la contratación.
Fue la propia área de Asesoría Legal de Seal la que solicitó la intervención de un estudio de abogados externo. Según el jefe de la Unidad de Logística de la empresa, Oscar Salas Manrique, se trata de un requerimiento válido. Indicó que está regulada la posibilidad que áreas especializadas de entidades requieran asesorías y servicios externos. Aunque no dio la cifra que se paga por la defensa, dijo que al ser una contratación directa, no podría ser superior a las 8 UITs (33 mil 600 soles).
Salas justificó la encargatura de la defensa en un supuesto cargamontón de denuncias en contra de Seal. La mayoría, dijo, planteadas por malos empresarios que buscan entrampar licitaciones que no logran ganar. Por ello optaron por buscar un estudio con experticia en denuncias de corrupción.
¿Perjuicio económico?
Por su parte, el especialista en gestión pública, Jorge Sumari Buendía, confirmó que sí es legal que un estudio externo asuma la defensa de trabajadores en lugar del área legal de la entidad. Empero, cuestionó que en el caso de Seal se le haya encargado la representación a un estudio de Lima.
Consideró que al ser un estudio capitalino supondría un costo más elevado. En su opinión esto pondría en riesgo el patrimonio de la empresa. Para casos similares, los bufetes de abogados locales suelen cobrar entre 20 mil y 30 mil soles. Los honorarios están en función del estado de investigación en que se encuentre la denuncia.
De otro lado, un vacío legal no especifica qué ocurre en caso el funcionario sea hallado efectivamente responsable de un delito. La inversión en su defensa no es devuelta. Y a lo mucho se podría abrir proceso administrativo a quien autorizó su defensa con recursos de la entidad.
Licitación y viaje del gerente de Seal
Los implicados en el caso son los funcionarios Fredy Butrón Fernández, Lishart Jaime Salazar León y Luis Miguel Rodríguez Castro. Se les denuncia por los presuntos delitos de concusión, peculado, negociación incompatible y asociación ilícita para delinquir. Estos recibieron el encargo de llevar el proceso de adjudicación del gerente general de Seal, José Málaga Málaga, quien no fue comprendido en la investigación fiscal.
Sin embargo, tras otorgarse la adjudicación a la empresa, el gerente José Málaga viajó a España, pagado por la empresa, con la supuesta misión de supervisar la calidad de los equipos a instalarse. El viaje, al que también acude el gerente comercial, Saúl Yanqui, ocurre casi un año después de la licitación que ganó Aldesa. El compromiso era llevar a especialistas técnicos que estuvieran en capacidad de certificar la calidad de los equipos de las áreas usuarias. Ni Málaga, ni Yanqui tienen formación o conocimiento técnico de equipos.
Adicionalmente, estos dos funcionarios de SEAL viajan a España en compañía de sus respectivas esposas. Según el registro migratorio de ambas parejas, los cuatro parten el 27 de octubre y regresan el 07 de noviembre de 2018. Así, permanecieron 12 días fuera del país, cuando el viaje de inspección debería durar no más de cinco días.
En su descargo, estos funcionarios han asegurado que el viaje de las cónyuges no le ha costado nada a SEAL. También argumentan que todo está dentro del marco de la ley. Sin embargo, este asunto no ha sido objeto de investigación.
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