A punto de alcanzar la presidencia en dos oportunidades, sus dotes intelectuales, más que dudosas, obligan a reconocerle una habilidad política fuera de lo común.

Por algo saboreó el poder desde adolescente y se convirtió en el destino de los flashes periodísticos desde que ejerció el cargo de primera dama, a costa de la expulsión de palacio de gobierno de su propia madre.

Quien sabe, de manera involuntaria, terminó concentrando en su figura y en el partido que preside, Fuerza Popular, lo peor del ejercicio político, de la búsqueda del poder y de su abuso en función de intereses ligados a actividades delictivas. No es la única, por supuesto, el extinto Alan García pudo haber sido su maestro y otros políticos como Alejandro Toledo, también nos avergüenzan como nación; pero el caso de FP es simbólico.

Pese a todo, mantuvo el favor popular, expresado en las urnas, todo este tiempo. Y hoy, cuando la mayor parte de sus mentiras se han puesto en evidencia, no sería extraño que intente una nueva postulación. E incluso, tenga una considerable representación congresal en las próximas elecciones de enero.

La pregunta es entonces, ¿qué nos pasa a los peruanos?, ¿cómo es posible tanta desinformación o tanto cinismo? Han pasado 20 años desde que se develó la corrupción fujimontesinista en toda su repulsiva dimensión. Keiko Fujimori nunca deslindó de esos actos ni de su padre, calificando los hechos de “errores”. Ya se ha demostrado hasta el hartazgo la recepción de dinero del SIN para pagar su estadía y estudios en los Estados Unidos, igual que la de sus hermanos. Los tíos están fugados en el Japón desde los 90s, acusados de enriquecerse mediante las donaciones solicitadas en ese país para los pobres del Perú, mientras Keiko vivió por muchos años en la casa de una de las tías.

Para no seguir con la extensa lista de incriminaciones, me referiré solo a las últimas comprobaciones realizadas por el equipo especial de fiscales Lava Jato, los enemigos n° 1 del fujimorismo.

«a pocos importó el fraude de la supuesta huelga de hambre de Mark Vito, cuyo proceso de engorde fue transmitido en vivo por la televisión nacional «

El tantas veces negado aporte millonario de Odebrecht fue comprobado, así como las donaciones de campaña por parte del Banco de Crédito, el grupo Gloria, la Confiep, entre otros grandes empresarios que entregaron dinero en efectivo, dentro de maletines, exactamente como en las escenas de El Padrino. También ha sido demostrado el intento de lavado de dinero a través del llamado “pitufeo” de los aportes a Fuerza Popular. Los supuestos aportantes, que no tienen donde caerse muertos, han sido amenazados y coaccionados para no declarar y todos los abogados de la ya identificada “señora K” están involucrados en actos delictivos.

Se ha demostrado también que esta señora K estuvo detrás de la protección a Chávarry, del deslacrado de oficinas con pruebas, de la protección a Hinojosa y de sus tratos con la organización “Los cuellos blancos del puerto”. Además de la aprobación u obstrucción de normas legales que favorecen a grandes grupos económicos que estaban entre sus aportantes, para perjuicio de la clase popular de la que, paradójicamente, viene su fuerza.

A pesar que ya no hay excusas ni pretextos, ni falacias, ni fakes que se puedan inventar para defender a la señora K, es posible que aún esté lejana su expectoración de la política peruana y, menos aún, de los medios de comunicación limeños.

Desde que, a pocos importó el fraude de la supuesta huelga de hambre de Mark Vito, cuyo proceso de engorde fue transmitido en vivo por la televisión nacional, sin un ápice de crítica, estamos perdidos y en manos de la señora K.

A menos que la justicia no se deje torcer la mano, esta vez.

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Las acusaciones mutuas de politización en el Tribunal Constitucional, no tienen cómo negarse, desde que el nombramiento de los magistrados es fruto de una negociación política con cuotas determinadas por el peso de la representación que cada agrupación política tiene en el Congreso.

Así pues, además de inverosímil, la airada defensa de la acusada Fujimori que hizo el presidente del TC, Ernesto Blume, desmiente a sus vestiduras rasgadas en nombre de la imparcialidad. Su manipulación para conseguir los 4 votos en favor de la libertad, con tecnicismos que se debaten hasta hoy, se produjeron precisamente en momentos en que nuevas y escandalosas revelaciones sobre recepción de dinero de empresarios y grupos económicos, por parte de la propia Keiko, se daban a conocer.

Adicionalmente, se conocieron las declaraciones del sobrino de Jaime Yoshiyama, aspirante a colaborador eficaz, confirmando el pitufeo del dinero de Odebrecht, buena parte del cual tiene hasta ahora destino desconocido. Y por si faltaran pruebas de la utilización del partido Fuerza Popular como mascarada para el enriquecimiento, el lavado, el clientelismo con grupos económicos a cambio de leyes favorables y otros; varios empresarios confirmaron la entrega de dinero, en maletines y sin documentos de por medio, a manos de Keiko Fujimori. Tampoco se conoce el destino de estos aportes, que suman no menos de 8 millones. Luego, para distraer la atención de estas revelaciones, el esposo de Fujimori, Mark Vito, distrajo con una teatralizada huelga de hambre que podría ganar los premios frambuesa a la actuación en el presente año.

La argumentación a favor de la libertad de Keiko es que se trata de hechos posteriores a la presentación del Habeas Corpus y no deben ser considerados; sin embargo, el magistrado Carlos Ramos, cuyo voto fue decisivo para su liberación, cita un hecho posterior al Habeas Corpus, como determinante en su decisión. Se refiere al cierre del Congreso como supuesto hecho que determina nuevas circunstancias en las que Fuerza Popular y su lideresa ya no pueden maniobrar; ni obstruir la acción de la justicia como antes. Con todo, esta argumentación establece que, cuando el Congreso estaba en funciones, sí hubo altas probabilidades de que esa obstrucción se produjera.

Luego, vino la batalla mediática en la que el arequipeño Carlos Ramos era la estrella principal. Defendido por pocos, se convirtió en el malvado de la película por su cambio de bando, pues regularmente venía votando en el mismo sentido que el grupo opuesto a Blume, conformado por Espinoza –Saldaña, Ledesma y Miranda; y en contra del trío Blume, Sardón (también arequipeño) y Ferrero Costa. Así las cosas, la incertidumbre persistía cuando el pleno de magistrados fue citado para la elección del nuevo presidente del Tribunal Constitucional, en funciones a partir de enero. Los candidatos eran, del bando apoyado por Blume, Augusto Ferrero; y del otro bando, Eloy Espinoza Saldaña.  

Notificados que no serían apoyados por Ramos, Blume ensayó una jugada de ajedrez para evitar que Espinoza-Saldaña consiguiera la presidencia. Propusieron a Marianella Ledesma y pidieron la vicepresidencia para Ferrero. Ledesma aceptó y, con su propio voto, logró la victoria, aunque tal vez ignore que, en cuanto el nuevo Congreso elija un magistrado, se romperá el equilibrio y sus eventuales aliados designarán en la presidencia a Ferrero. Quizás también tenga un mandato tan breve que termine pareciéndose a Mercedes Araoz.

RAMOS VS PÉREZ

Estos sucesos, sin embargo, son solo el preludio de la intensa guerra que se viene entre el deseo de supervivencia del fujimorismo y la ola anticorrupción que aún goza del apoyo popular y que se encarna en los fiscales especiales del caso Lava Jato, José Domingo Pérez y Rafael Vela. Estos últimos, han pedido al procurador público pida una aclaración de la sentencia al TC y luego pida su nulidad, puesto que consideran que su emisión fue irregular. Blume permanece irreductible, calificando de ignorantes a Pérez y Vela.

Golpes van y vienen y así, Chávarry fue liberado del caso de deslacrado de oficinas en el Ministerio Público, mientras Pérez allanaba las oficinas de CONFIEP en pleno CADE.

Tal vez sin haberlo previsto, Carlos Ramos ha resultado en el medio, acusado por José Domingo Pérez de haber revelado en su resolución la identidad de un aspirante a colaborador eficaz, lo que está expresamente penado por ley. Ambos de origen arequipeño y estudiantes del mismo colegio y universidad (La Salle y la UCSM), también encarnan el feroz enfrentamiento por el caso de Keiko Fujimori.

Finalmente, la reacción ha sido la orden del fiscal supremo Tomás Gálvez (yunta de Chávarry) investigar a José Domingo Pérez por una supuesta inconducta en un caso ocurrido hace más de 10 años atrás.

Esta historia continuará.

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La mañana del 30 de setiembre, a partir de entonces una fecha histórica, un conspicuo representante del repudiado Congreso, Héctor Becerril, desafiaba por enésima vez al presidente. “Ya hemos elegido a un miembro del TC, ahora que cierre el Congreso, que lo cierre, él dijo que si lo hacíamos cerraría el Congreso, por qué no lo cierra, ¿le tiemblan las piernas?”, espetaba a Vizcarra a través de una prensa siempre atenta a ese tipo de expresiones.

Previamente, un espectáculo sin precedentes había tenido lugar en el hemiciclo. Sumergidos en su propia ruindad, los congresistas de mayoría se dirigían a grito pelado al presidente del Consejo de Ministros, Salvador Del Solar, pidiéndole que desalojará el lugar. Una especie de jauría de mujeres incontrolables señalaba con el dedo al representante del Ejecutivo que había entrado sin invitación y luego de esforzados empujones de algunos congresistas que tuvieron que usar la fuerza para abrir las puertas cerradas por orden expresa.

Empeñados en llevar a cabo la elección de magistrados del Tribunal Constitucional, para tomar control de esta entidad, el comportamiento de los congresistas llegó a extremos impensados. Probablemente a Del Solar le cruzó por la cabeza la idea de abandonar la sede del Congreso ante semejante humillación, pero quizás sin medirlo, su determinación consiguió prestarle al país un servicio invalorable que podría capitalizar en el futuro.

Desbaratadas todas las triquiñuelas que pretendieron impedirlo, Salvador Del Solar planteó de manera formal la cuestión de confianza, cuyo estricto apego a la legalidad se sigue discutiendo, sin considerar que ésta u otra razón llevaban inevitablemente al mismo desenlace. La actuación congresal rebasó todo límite y era imperativo detenerlo. De no hacerlo, según los analistas, hoy tendríamos un Tribunal Constitucional elegido en función de los intereses ilegítimos de ese grupo, tanto en materia penal, como de grandes negocios que favorecen a unos pocos. Adicionalmente, Vizcarra hubiera sido vacado de la presidencia y las reformas canceladas.

Los actos posteriores del Congreso terminaron de justificar la medida, no solo desde el punto de vista legal, sino político y ético. Tras el retiro del vapuleado gabinete, el Parlamento decidió expresamente no tratar la cuestión de confianza y, por el contrario, continuar la elección de nuevos magistrados del TC, en un procedimiento sobre el que se pidió expresamente la confianza. Hubo una votación que el antiguo TC deberá evaluar a la hora de dirimir la constitucionalidad de lo hecho después por Martín Vizcarra. Y tras esa votación, y el retiro de los congresistas no aliados con el fujimorismo, eligieron a Ortiz De Zevallos, casualmente primo hermano del presidente del Congreso Pedro Olaechea.

Luego, a las 4 de la tarde, procedieron a debatir con desgano la cuestión de confianza con la clara intención de “sacarle la vuelta”, pero la votaron a trompicones cuando apareció Martín Vizcarra en las pantallas de la televisión nacional. Fieles a su proceder, le “ganaron por puesta de mano” al presidente, mientras daba sus explicaciones, aprobando de improviso la confianza, antes que él pronunciara la palabra DISOLVER el Congreso.

Afortunadamente para el país, en su carrera para aferrarse a la curul, los congresistas no aprobaron nada en específico, solo una frase hueca, mas no el proyecto de ley que presentó Del Solar formalmente, el que establecía un procedimiento transparente para la elección de magistrados al TC. Ese proyecto sobre el que se planteó la cuestión de confianza no se aprobó. Así pues, pese a lo que pregonan los parlamentarios disueltos, la confianza fue denegada. Los tardíos pedidos para “que se vayan todos” y renuncie también el presidente Vizcarra, no tienen otro objetivo que crear inestabilidad y asumir el poder a través del despintado expresidente del Congreso, Pedro Olaechea.

Pasada la sorpresa y el fiasco de “suspender” al presidente para hacer jurar a Mercedes Araoz, la reacción ciudadana expresada en encuestas y marchas hace irrevocable el reclamado cierre del Congreso, sustancialmente diferente a lo ocurrido en el año 92, por las razones reiteradamente expuestas por analistas diversos. Entonces se abre una nueva etapa para el país, con elecciones en 4 meses y un Tribunal Constitucional que deberá permanecer hasta que ese Congreso se instale.

Toca a los ciudadanos escribir, con sus votos y su participación en el debate público, el final de esta crónica.

NOTA: Una versión impresa de esta nota fue publicada en la edición N° 70 de El Búho, la Revista.

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El nuevo Congreso estará solo un año en funciones, tiempo suficiente para completar las reformas que el Perú necesita para comenzar el proceso de dejar atrás los lastres que como país sufrimos, pero concretamente, la corrupción de los últimos 30 años. Esa brevedad, precisamente, tiene una ventaja incomparable: pueden ir al Congreso ciudadanos que no son políticos profesionales. Es decir, podemos escoger entre lo mejor de la sociedad y no entre el menú “mal menor” al que los partidos nos tienen acostumbrados.

Pero, ¡en un año apenas aprenderán el teje y maneje del Legislativo y se acabará el tiempo! Cierto. Otra ventaja. ¿Para qué van a aprender los protocolos y formalidades, si no necesitamos técnicos en procedimiento parlamentario? Para eso hay un ejército de especialistas administrativos, hoy desempleados. Lo que necesitamos son personas de honor, con criterio, representativas de los ciudadanos y con la consigna de desterrar la corrupción y mediocridad del país. Solo hace falta la voluntad de votar leyes que apunten a eso. Los “teje y maneje” son mecanismos para hacer lobbys y business desde el Congreso, mejor que ni los aprendan. Sí hace falta un equipo de especialistas de primera, entre antiguos y nuevos, bien vigilados.

¿Y qué pasa si no se ponen de acuerdo, como es costumbre, y se pasa el tiempo sin que produzcan nada importante? Es un riesgo, pero de baja probabilidad si los que llegan son elegidos realmente por los ciudadanos y no provienen de la imposición de los partidos. Los entrampamientos siempre tienen detrás un interés subalterno para favorecer grupos, intereses, negociados o burlas al sistema judicial. Por eso, los elegidos deben tener una hoja de vida intachable. Eso descalifica automáticamente a la mayoría de partidos actuales; sin embargo, ya que ellos son los que pueden presentar candidatos, hay que presionar desde la calle para que conformen sus listas con personas honorables.

En general, las personas honorables no desean participar en política por obvias razones; sin embargo, prestar un servicio a la nación, por el plazo de un año, no es descabellado. En momentos como éste, el patriotismo puede florecer. El estado de ánimo colectivo es propicio para algo extraordinario. Venimos viviendo cosas extraordinarias, buenas y malas, todo este tiempo. Debe llevarnos a construir algo, por fin una República, antes del bicentenario.

¿Y en Arequipa? Tal vez sea una de las regiones más pobres en cuanto a liderazgos y representación, dada la emigración de sus élites y la fractura social que se refleja, por ejemplo, en el conflicto por Tía María. No obstante, hay otros factores positivos como la tradición cívica, el nivel educativo y cultural preponderante y los recursos naturales y turísticos que pueden hacernos avanzar hacia un desarrollo sustancial, no el fatuo que propugna la publicidad minera.

¿Acaso no podemos elaborar una lista de 20 nombres de personas confiables, de pensamiento diverso, comprometidas con la región y capaces de aportar al país? Lancemos nuestros candidatos y no dejemos esa tarea a los partidos políticos y movimientos que ya nos han demostrado su incapacidad. Se puede.

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El precio que los vecinos de ese hermoso valle se han visto obligados a pagar, cada vez que se reactiva el conflicto, es demasiado costoso como para olvidar. Sea que estén a favor o en contra. Y mientras más gasta la empresa Southern en publicidad -convencional o no- en operadores, creación de organizaciones paralelas, u otros, solo consigue enconar más a la gente y crear más resistencias.

Más allá de las responsabilidades, culpas, ineptitudes, malentendidos o razones de las partes, una cosa es segura: el proyecto no tiene las mínimas condiciones para desarrollarse. La polarización, no solo en el valle, sino en la ciudad de Arequipa, ha generado una agresividad inédita cuyo costo, material e inmaterial, es inmenso y pasará su factura en los próximos lustros.

Las conversaciones de café, las redes sociales, toda la vida en comunidad se ha convertido en un campo de batalla, donde la primera reacción es el insulto y la descalificación. En los medios aparecen personajes diversos amenazando con actos violentos o con «no parar hasta meter a la cárcel» al adversario; además de todos los adjetivos imaginables hacia las autoridades. Y aunque bien merecido lo tuvieran algunos, no es una atmósfera en la que se pueda construir ni la paz ni el desarrollo, como se viene pregonando.

Antes que las heridas que nos estamos infringiendo sean irrecuperables, antes que debamos lamentar una muerte o un daño grave, ya sea a policías o manifestantes, agricultores o mineros, el gobierno nacional debe detener esta ola de violencia generada por un proyecto minero.

En ese sentido, los tiempos que se toma de manera negligente el Consejo Nacional de Minería deben ser revisados. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que un recurso contencioso administrativo presentado por el exalcalde de Cocachacra, Juan Guillén, en 2014, haya tenido su primera audiencia recién hace dos meses?, ¿se tomará el juez otros cinco años para resolver?. ¿No es ese un tipo de violencia también?

Aunque se quiso tapar el sol con un dedo y, por muy en desacuerdo que estemos, es hora de respetar la decisión de una población, equivocada o no; no hay forma de imponer un proyecto a punta de perdigones. Si como dicen de manera soberbia y cruel, «a esa gente le gusta ser pobre», es su decisión. La empresa debe entender que no logrará la aceptación con las estrategias utilizadas hasta ahora y que más presión, solo logrará más oposición.

Ya fue suficiente.

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En verdad puede que nunca haya existido, así como la idealizan quienes reivindican un carácter excluyente y desdeñoso de otras identidades, en contraposición al “arequipeño de verdad”.

Y como lo sentenció el arequipeñista mayor, Juan Guillermo Carpio, el mestizaje que va cuajando hoy en Arequipa tiene un mayor componente andino, de origen aimara, en una mezcla que fructificará recién en unos 50 años.

Entonces se dará paso a una nueva identidad, igual de brillante que la que fructificó en la época de la independencia, con Mariano Melgar a la cabeza cuando la mezcla no era de españoles e incas, como se cree, sino de moros que llegaron de España y representantes de las etnias nativas que eran fundamentalmente tiahuanacos.

El reciente conflicto por el proyecto minero Tía María, ha reactivado el insensato debate sobre el origen de los protestantes y su pertenencia al linaje arequipeño que reivindican ciertos grupos con reminiscencias fantasiosas, lejos de la realidad que construyó esta formidable ciudad, patrimonio cultural de la humanidad en base al carácter único que le dio, precisamente, ese mestizaje.

La celebración de un aniversario que se acerca rápidamente al quinto centenario, paradójicamente, reivindica costumbres ancestrales como la entrada de ccapo, la comida de picantería, los bailes y trajes típicos como los del carnaval y la música folclórica; todas costumbres andinas provenientes del milenario altiplano que cierto sector “ccala” pretende rechazar como ajeno.

La división que un grupo de publicistas y un sector empresarial desfasado pretenden crear en base a quienes abrazan la “paz y el desarrollo”; y otro que estaría conformado por intonsos, engatusados por violentistas y enemigos del progreso, cuya opción es la de “seguir siendo pobres”; es absolutamente falaz y perversa. Nada más dañino para el avance de Arequipa que atizar las diferencias en base a conceptos excluyentes y abiertamente ofensivos.

Los íconos arequipeños como su carácter contestatario y revolucionario, su tradición jurídica o justiciera, su amor por la libertad y su desafío al resto del mundo; están lejos de ese pensamiento que hoy pretende acallar y arrinconar a los que reclaman, en aras del orden y el acatamiento a un pensamiento supuestamente “correcto”.

Los caminos de progreso son tan diversos como la humanidad de cada uno de los hijos de esta tierra; los de reciente data y los antiguos, los cultos o los esforzados, los que heredaron medios y los que los construyeron a pulso, los convencidos y los que solo tienen fe en sí mismos; los lonccos, los ccalas y los NA (ninguna de las anteriores).  

Los nuevos arequipeños -estoy segura- constituirán una especie más generosa, sensible, abierta; más sabia, amable y también audaz, lo suficiente para no verse enredados en agresivas disputas que parten de la falta de respeto y empatía por los otros.

Mi homenaje va para esa nueva Arequipa del quinto centenario; y para los nuevos arequipeños que honrarán la tradición, no la postiza que hoy se proclama, sino la de origen, esa que nuestra generación ha abandonado.

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Plantear un entendimiento en esos términos constituye, no solo una torpeza política, sino una falta absoluta de respeto y empatía. Esa misma actitud y discurso trajeron los ministros consigo durante los conflictos del 2011 y 2015. Y las consecuencias del desentendimiento, entre otras, fueron ocho vidas menos, que constituyen un pasivo ineludible en la historia del proyecto, así como la fractura social que se ha generado entre los vecinos de Cocachacra.

Y aun cuando los funcionarios capitalinos han tenido años para intentar una aproximación y entender un poco lo que pasa fuera de Lima, eso ha estado fuera de sus planes. Hoy, como si toda aquella violencia y dolor fuera vano, estamos ante la misma amenaza, otra vez. Mientras que, empresa y estado, parecen actuar en conjunto, bajo una misma consigna.

Así pues, en 2019, quien era viceministro de Minas durante el conflicto de 2015, reaparece en el escenario como Gerente General del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) la poderosa organización que lleva a cabo la pomposa Convención Minera, patrocinada por las empresas del sector, precisamente en Arequipa. Guillermo Shinno, entonces autoridad del Estado, es hoy un ardoroso defensor de Tía María. Mientras que, a su vez, el actual ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, aquel momento era un alto funcionario de la compañía minera Milpo, por lo que resulta comprensible su inclinación empresarial actual.

En estas intrincadas pero cercanas relaciones podría explicarse cómo, a pesar de no haber subsanado dos de las 14 observaciones a la licencia de construcción, en menos de una semana, el MINEM agilizó los trámites para otorgarla, tras una conversación de alto nivel entre ministro y representante de Southern; tal como ya había pasado en 2014, cuando aprobaron un EIA a paso de polca; y en 2009, cuando los funcionarios del ministerio no vieron ni una sola de las 138 observaciones que planteó luego la UNOPS.

Y así es como esta historia circular repite su ciclo una vez más. Acaso el conflicto cobrará nuevamente algunas vidas, que tal vez no se perciben tan valiosas, porque se trata de gente que «se opone al desarrollo».

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Más allá de la agenda política o económica que algunos promotores del conflicto traigan bajo el brazo, la base social que lo sostiene, tiene que ver con las preocupaciones ambientales. Sin embargo, el interlocutor enviado por el gobierno frente a un nuevo estallido es, como siempre, el ministro de Energía y Minas. En esta ocasión, Francisco Ísmodes Mezzano, ex gerente corporativo, por más de 20 años, de … ¡adivinen! una compañía minera. En cambio, la ministra del Ambiente, cuyo nombre aparece en Wikipedia como Lucía Ruiz Ostoic, está completamente ausente; lo que grafica la visión capitalina sobre este tema.

Reeditan así, como una fotocopiadora, lo ocurrido en 2011 y 2015, cuando dejaron una deuda impagable, por las 8 muertes que produjeron los enfrentamientos. Ísmodes vino hasta Arequipa con cartas que pedían diálogo y que envió por Whatsapp al alcalde de Cocachacra y al gobernador regional. En cambio, se reunió con personas que, a su entender, podían influir en la opinión pública para convalidar el otorgamiento de la licencia a la minera Southern Perú. Y las instó a salir a los medios a proclamar las bondades del proyecto.

Pese a su invocación al diálogo, ha advertido que la licencia es irrevisable y que nunca estuvo en discusión. También dijo que «la licencia social no existe», que es una construcción de consensos. Y en el presente caso no han dejado espacio más que para aceptar la decisión gubernamental. Por eso ha reiterado que el diálogo es para absolver las dudas que pueda tener la población sobre la actividad minera.

En otras palabras, el diálogo que plantean no implica transacción alguna, sino aceptación de algo irremediable. Al gobierno y a la empresa les toca el «toma» y al valle de Tambo el «daca».

Si durante 10 años los pobladores directamente afectados (en mayor o menor número, igualmente atendible) se ha opuesto a la actividad minera y sus paros han sido reprimidos a costa de muertes, ¿es posible hablar de diálogo pidiendo la aceptación previa de aquello contra lo que vienen protestando precisamente?

¿No indica el sentido común que el diálogo tendría que haberse producido antes? ¿No fue lo que ofreció el presidente Vizcarra? ¿Qué nuevas cartas habrían en esa mesa, si el gobierno dice que ya se tomó la decisión en 2014, cuando se acallaron las protestas a sangre y fuego, y no tenían otra opción legal más que otorgar la licencia?

En 2011 la aprobación del EIA tuvo que ser anulada ante la evidencia de 138 inconsistencias, detectadas por la UNOPS. En 2014, un segundo EIA fue aprobado por el mismo Ministerio de Energía y Minas, promotor de la actividad minera, sin intervención del Ministerio del Ambiente, pese a que ya estaba creado. Y con la intervención del congresista Jorge del Castillo y su empresa de asesoría empresarial, como se denunció en su momento.

El paro de 2015 exigía, en primer lugar, que el EIA fuera revisado por un ente independiente, como en 2010. Pero el pedido no fue atendido, ni la solicitud de realizar una consulta entre la población. El paro solo fue suspendido cuando se impuso un Estado de Emergencia y efectivos del Ejército ingresaron a las viviendas por la noche buscando a los cabecillas de la protesta. Luego, la empresa tuvo la opción de ofrecer dádivas a la población, ante la inacción absoluta y ausencia del estado en el valle. Por lo que se puede ver, no bastó.

Y a días de vencerse la vigencia de ese dudoso Estudio de Impacto Ambiental, el gobierno de Vizcarra – que había ofrecido conversar previamente- otorga una licencia definitiva a espaldas de la población afectada. Luego, pide diálogo.

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Más allá del análisis deportivo, igual como ocurrió en el mundial de Rusia, lo rescatable de este evento es la cohesión patriótica que el fútbol consigue generar.

Ver a un estadio entero, en la lejana Rusia, entonar a todo pulmón el segundo himno, «Contigo Perú», tuvo un efecto sanador; y ahora, ver al equipo de jugadores haciendo lo mismo en el camerino, tiene que servirnos de algo.

Porque durante largo tiempo los peruanos vivimos, efectivamente, oprimidos por nuestra propia autoestima; por las tragedias que han marcado nuestra historia, desde que Atahualpa, aquel orgulloso e imponente guerrero muriera bajo un infame cogote, pese a que había logrado reunir una habitación entera de oro y plata que enriqueció a los futuros opresores de su raza.

Y de pronto, hemos levantado la cerviz; y este cambio en el sentimiento de sentirse orgullosamente peruano, no tiene vuelta atrás. No ha sido solo el deporte, claro, sino muchas otras cosas: desde el rescate de nuestra historia, la gastronomía, la juventud emprendedora que hoy recorre el mundo, con la frente altiva. Los logros internacionales de los peruanos, en diversos campos, no paran de suceder. El pasaporte guinda es ahora un privilegio, pues a diferencia de otros latinoamericanos, nos abre casi todas las puertas del mundo. La bandera y el himno del Perú se lucen orgullosos en todos los confines del globo. Y a pesar de nuestros problemas como sociedad, los cambios se han iniciado, imperceptibles.

Ver los rostros peruanísimos de los jugadores, orgullosos de su origen, es un presagio. Un futuro brillante le espera al país, si nos dejamos guiar por ese sentimiento. Para eso servirá la noche del martes en Brasil, cuando esa sensación se reedite y todos gritemos a coro: como no te voy a querer, como no te voy a querer, si eres mi Perú querido, el país bendito que me vio nacer.

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Y las expresiones de odio, inquina, vileza y soberbia sin límites que exhibió en su última perorata en la TV, lo evidenciaron. Así es como, incluso quienes aplaudieron la desfachatez del dizque periodista o analista, tuvieron que aceptar que lo suyo ya no calzaba en ninguna categoría de estas.

Se trataba, simplemente, de un personaje hambriento de fama, que fracasó profesionalmente y que luego consiguió notoriedad en base a la radicalización de su discurso. Asumió posturas polémicas, a sabiendas que existen legiones de fanáticos seguidores de los extremos. Ellos se encargaron de ensalzarían por su discurso agresivo y él creyó que se trataba de admiración personal.

Así, la ironía se volvió insulto; el comentario, descalificación; la sátira, burla; y el análisis, burda tergiversación.

Finalmente, el susodicho insultador, prepotente, ignorante y soez, está fuera de los medios; pero aún hay otras voces cuyo papel parece ser pervertir la realidad, descomponer el tejido social, agredir para impresionar. En otras palabras, sabotear.

Es hora de que los peruanos aprendamos a dialogar aún en discrepancia: a respetar como obligación, más aún si se está en medios masivos; y a sacar sin reparo la mala hierba de donde esté. Y sobre esto último, al parecer, sí hubo consenso en el caso del inefable Butters.

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