NO SUPO RESPONDER | Fernando Llanos arrinconó a Wilson Soto, autor de la ley que busca sancionar a creadores de contenido. El periodista aplicó la lógica del propio PL usando ejemplos del congresista, como su voto en el dictamen sobre el retiro de las AFP. Soto no pudo sostener su argumento.
Llanos también le cuestionó sobre su denuncia relacionada a Los Niños y le dio la oportunidad para ganar un poco de simpatía proponiéndole que intercambie su tarjeta de regalo que recibirá por 1900 soles y así regalárselo a alguien necesitado. El congresista no quiso aceptar la propuesta.
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RECUENTO | Xiomara, Olga y Marisol. Tres mujeres de tres regiones, Piura, Ayacucho y Puno, cuyos sueños quedaron truncos. Sus asesinatos dejaron un profundo dolor en sus familias y reflejan el impacto devastador de la violencia contra las mujeres.
Entre enero y octubre de 2025, el país ha registrado 119 feminicidios, una cifra alarmante. Por ello, este 25 de noviembre, organizaciones y colectivos de mujeres realizaron marchas y diversas actividades en distintas ciudades del Perú para recordar a las víctimas y exigir que cesen los actos de violencia que continúan cobrando vidas cada día.
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Editora audiovisual. Ha trabajado como productora, locutora y redactora digital en medios de comunicación. Realizó su formación profesional en la Universidad Nacional de San Agustín. Sus áreas de interés incluyen la cultura y la promoción de los derechos humanos.
El paro preventivo de 24 horas convocado por el Sindicato de Trabajadores de la Red Arequipa generó tensión en la sede del Gobierno Regional este lunes. Mientras los trabajadores realizaban un plantón para exigir el restablecimiento de guardias y el pago del bono APS, el gobernador regional Rohel Sánchez afirmó que la responsabilidad del conflicto corresponde únicamente al Ministerio de Salud (Minsa), deslindando competencias regionales.
El secretario general del sindicato, Osvaldo Cáceres, explicó que el Minsa dispuso un recorte de guardias sin diálogo previo, lo que redujo la capacidad operativa en centros de 24 y 12 horas. Además, sostuvo que el pago del bono APS enfrenta trabas administrativas que generan retrasos recurrentes. Los trabajadores señalaron que informaron estos problemas desde hace dos meses sin recibir soluciones, y cuestionaron la gestión de la Gerencia Regional de Salud, a la que acusan de no encaminar sus demandas.
El gremio advirtió que, si no logran respuestas concretas, podrían iniciar una huelga indefinida que afectaría la atención en toda la región. La protesta involucra a todos los grupos ocupacionales de la Red de Salud Caylloma y alcanza a trabajadores de Cotahuasi, Castilla y La Unión, que en total conforman más de 3 mil trabajadores.
Trabajadores cuestionan gestión en Arequipa y advierten colapso de servicios
El gremio solicitó la destitución del gerente regional de salud, a quien acusan de incapacidad para resolver la crisis. También denunciaron falta de insumos, medicamentos y condiciones laborales adecuadas. Señalaron que el recorte de guardias genera vacíos en la cobertura y preguntaron públicamente sobre el destino del presupuesto no ejecutado. Los trabajadores recalcaron que una huelga indefinida provocaría un perjuicio directo en la atención sanitaria regional en Arequipa.
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El Ministerio de Educación (Minedu) informó que durante el 2025 brindó atención educativa en 12 de las 17 lenguas originarias consideradas en riesgo de desaparición, como parte del servicio de Educación Intercultural Bilingüe (EIB). Estas lenguas, pertenecientes a pueblos andinos y amazónicos, se hablan en regiones como Loreto, Ucayali, Madre de Dios, Lima provincias y Junín, y forman parte de los esfuerzos del sector por asegurar su recuperación y continuidad.
De acuerdo con el sector, entre las lenguas atendidas se encuentran maijiki, arabela, ikitu, amahuaca, ese eja, bora, kawki, harakbut, shiwilu, kapanawa, murui muinani y quechua wanka. Los números de estudiantes oscilan desde 79 en maijiki hasta 33 380 en quechua wanka, que concentra la mayor población escolar dentro del grupo en riesgo. El ministro Jorge Figueroa destacó que, con esta cobertura, el Minedu alcanza servicios en 45 de las 48 lenguas originarias registradas en el país.
El sector señaló también que actualmente se cuenta con materiales pedagógicos en 42 lenguas originarias y en 6 variedades de quechua, lo que garantiza pertinencia lingüística y cultural para los escolares. En total, el Perú cuenta con 26 422 instituciones educativas EIB, donde estudian 1 203 697 niños y adolescentes y trabajan 106 039 docentes especializados en este enfoque.
Alcance nacional del servicio EIB y rol del docente
La atención a estudiantes de pueblos originarios se sostiene gracias al trabajo de más de 106 000 docentes que brindan el servicio de Educación Intercultural Bilingüe en todo el país. Estos maestros atienden a 1.2 millones de estudiantes que hablan alguna de las 48 lenguas originarias registradas en el Perú, dentro de 26 422 instituciones educativas EIB distribuidas en todas las regiones. Esta cobertura permite que los estudiantes reciban educación en su propia lengua y según su contexto cultural, fortaleciendo el aprendizaje y la continuidad escolar.
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Flores sostuvo que el presupuesto millonario aprobado para construir el estadio y la infraestructura deportiva exigida por ODEBO se gestionó bajo acuerdos irregulares
El congresista ayacuchano Alex Flores volvió a encender el debate nacional al afirmar que la presunta corrupción vinculada a Dina Boluarte y a Wilfredo Oscorima, habría sido determinante para que las obras principales destinadas a los Juegos Bolivarianos Ayacucho–Lima 2025 quedaran inconclusas. Según el legislador, las decisiones adoptadas durante la gestión de Boluarte siguen generando consecuencias en la región.
Flores sostuvo que el presupuesto millonario aprobado para construir el estadio y la infraestructura deportiva exigida por ODEBO se gestionó bajo acuerdos irregulares entre el Ejecutivo de entonces y el Gobierno Regional de Ayacucho. Afirmó que esas decisiones no solo frenaron los avances en la región, sino que revelan un patrón preocupante en el manejo de fondos públicos.
El parlamentario también recordó el caso de los relojes Rolex, señalando que este episodio “explica” la forma en que se priorizaron y aceleraron ciertos desembolsos. Según mencionó, Oscorima habría buscado influir en la entonces presidenta mediante la entrega de relojes de lujo, un caso que terminó siendo clave en la crisis política que derivó en su salida del cargo.
Flores pidió que las investigaciones continúen sin restricciones y advirtió que lo ocurrido en Ayacucho debe generar preocupación en todo el país. “Si un evento internacional termina afectado por decisiones irregulares, cualquier región podría estar enfrentando lo mismo”, declaró. Para el congresista, la falta de obras concluidas evidencia responsabilidades que deben ser esclarecidas.
Programa de la Red de Medios Regionales del Perú #ayacucho #alexflores #dinaboluarte #wilfredooscorima #juegosbolivarianos2025 #pasoenelperú #noticiasperu #redmediosregionalesperu
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El expresidente Martín Vizcarra escuchará este miércoles 26 de noviembre la sentencia del Poder Judicial por los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua, de cuando fue gobernador de esa región.
El expresidente de la República, Martín Vizcarra fue condenado a 14 años de prisión por el Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional al hallarlo culpable de haber recibido S/ 2.3 millones en sobornos por las obras Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua cuando se desempeñaba como gobernador regional de Moquegua, entre los años 2011 y 2014 tal como lo sostuvo el Ministerio Público.
El juzgado consideró que Martín Vizcarra cometió actos ilícitos aprovechando su cargo como presidente regional de Moquegua, condicionando a los postores para recibir dinero ilícito. La presidenta de la sala, jueza Fernanda Ayasta ordenó la detención inmediata del exmandatario.
Además, se determinó 9 años de inhabilitación para ejercer cualquier cargo público, una multa de 94,900 soles y una reparación civil de 2 millones 236 mil soles.
Durante la lectura de la sentencia, la jueza Ayasta Nassif expresó a nombre del tribunal que la «judicatura considera que el acusado Martín Vizcarra sí solicitó el pago del 2% del monto de S/80 981 137.34 por la adquisición del proyecto construcción de la línea de conducción número 1 Hawai-Lomas de Ilo». La conclusión la toman basándonos en el testimonio del exgerente de OBRAINSA, Elard Paul Tejeda.
El juez Andy Rodríguez, dio lectura a su voto singular respecto al segundo hecho, sobre el Hospital de Moquegua.
¿Cómo se desarrolló la audiencia?
La magistrada inició la sesión para la lectura de la sentencia a las 9:07 horas. Advirtió que solo se tomaría en cuenta lo actuado en los tribunales. Luego pasó a detallar los antecedentes del caso respecto de los proyectos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua. La audiencia culminó pasadas las 4 horas.
Como se conoce, el Ministerio Público, representado por el fiscal Germán Juárez, solicitó 15 años de prisión contra el exmandatario por el presunto delito de cohecho. De acuerdo con el Equipo Especial Lava Jato, Vizcarra Cornejo habría recibido S/ 2.3 millones en sobornos cuando se desempeñaba como gobernador regional de Moquegua, entre los años 2011 y 2014.
Por su parte, la Procuraduría Ad Hoc ha solicitado una reparación civil de S/ 4.6 millones, que deberán asumir solidariamente los sentenciados en caso de un fallo condenatorio.
El abogado de Vizcarra, Erwin Siccha, cuestionó la credibilidad de los directivos de las empresas Obrainsa e ICCGSA, que se acogieron a la colaboración eficaz, durante los alegatos finales. Y el exmandatario denunció supuestos beneficios desproporcionados otorgados por la Fiscalía a estas compañías.
“Les han perdonado, 1318 millones de deuda. Ni un día de cárcel para sus ejecutivos. Todo eso gracias a la bondad del fiscal Juárez Atoche”, refirió Vizcarra.
«Estaré ahí para dar la cara y acataré la decisión que tome la jueza» anunció Vizcarra
Aunque la audiencia es virtual para las partes procesales, el expresidente Martín Vizcarra confirmó que asistirá presencialmente a la sede judicial para escuchar el fallo. “Voy a venir, el miércoles 26 de noviembre, a las 9.00 a. m., y acataré la decisión que tome la jueza y los dos jueces. Obviamente, estaré aquí presente”, afirmó.
Vizcarra Cornejo se mostró confiado en su absolución y calificó la acusación fiscal como «vaga» y «gaseosa». “Hemos demostrado que no hay justificación alguna para una sentencia condenatoria. Claro, con la confianza de que voy a ser absuelto por la contundencia de los argumentos”, dijo al término de la audiencia de alegatos de clausura.
La sala es presidida por la jueza Fernanda Ayasta e integrado por los magistrados Giovanni Félix y Andy Rodríguez.
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El video que circula en redes sociales pretende presentar como la suspendida fiscal de la nación Delia Espinoza, a quien en realidad es Rosa Luz Padilla Baca, una antigua miembro del MRTA. El video de la entrevista es de agosto del 2002.
Circula en redes sociales fragmentos de un video antiguo de una entrevista a una persona, a la que el mensaje adjunto señala como la suspendida fiscal de la nación Delia Espinoza, brindando detalles sobre una presunta participación en la agrupación terrorista Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA). Sin embargo, tras revisar el video original, AmaLlulla señala que dicha atribución es falsa: la persona que aparece en el video no es Delia Espinoza.
En realidad, se trata de una entrevista a Rosa Luz Padilla Baca, exsentenciada por terrorismo por sus vínculos con el MRTA.
Los videos han circulado en cuentas de distintos usuarios de TikTok, Facebook y X, con descripciones como: “Delia Espinoza era del MRTA”, “La exfiscal Delia Espinoza pertenecía al grupo terrorista #MRTA” y “Ahora entiendo por qué Delia Espinoza odia a los militares”.
Al cierre de esta verificación, el video publicado en Facebook contaba con más de 10 mil compartidos. Mientras que en X la publicación tuvo más de 13 mil visualizaciones.
FALSO. La mujer entrevistada en el video objeto de esta verificación no es Delia Espinoza.
Con el fin de encontrar la grabación original, AmaLlulla capturó un fotograma de uno de los vídeos y realizó una búsqueda inversa de imágenes con la herramienta Google Lens. Con este procedimiento, detectó que dichos fragmentos proceden de una entrevista realizada en canal N en el año 2002, y que permanece almacenada en el repositorio del Centro de Documentación e Investigación (CDI) del Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM).
La mujer que aparece en el video no es Delia Espinoza. En realidad, se trata de Rosa Luz Padilla Baca, exmiembro del MRTA, quien en el registro de video aparece en entrevista con el periodista Jaime de Althaus, entonces conductor del programa La Hora N.
Así lo indica, de manera expresa, la ficha de clasificación del material audiovisual en el mencionado repositorio: “El 14 de agosto de 2002, en el programa La Hora N se entrevistó a Rosa Luz Padilla, exemerretista, quien contó sobre su ingreso, permanencia y arresto junto al cabecilla Victor Polay Campos”. El video dura más de 32 minutos.
Rosa Luz Padilla fue capturada nuevamente en 1992 y sentenciada por los delitos de terrorismo y contra la fe pública, así lo señaló el Estado en respuesta a una solicitud de petición realizada por Padilla ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En esa petición, ella alegaba una serie de vulneraciones, como haber sido juzgada por jueces sin rostro, la imposibilidad de defenderse, entre otras. La comisión archivó el pedido al considerar que la información aportada por Padilla no era suficiente para motivar un pronunciamiento sobre su caso.
Padilla estuvo encarcelada en el penal Santa Mónica hasta el 20 de junio de 2002, cuando fue liberada. Posteriormente, en agosto de ese mismo año, participó en la entrevista registrada en el video objeto de esta verificación.
En una reciente publicación en su cuenta de X, el periodista Jaime de Althaus, exconductor del programa La Hora N y quien entrevistó a Padilla en el video, confirmó que la mujer que aparece en el material audiovisual no es Delia Espinoza.
“Está circulando en redes una entrevista que yo le hice supuestamente a Delia Espinoza, como excolaboradora del MRTA. No es Delia Espinoza. Me parece que es Rosa Luz Padilla”, escribió el periodista.
Con base en lo expuesto, AmaLlulla concluye que es falsa la versión que atribuye a la suspendida fiscal de la Nación, Delia Espinoza, una entrevista sobre su participación en el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA). La persona que aparece en el video no es Delia Espinoza. En realidad, se trata de Rosa Luz Padilla, quien sí fue miembro de dicha agrupación terrorista y cumplió pena de cárcel por ese delito.
Este chequeo fue realizado por Radio Señal Lagunas, miembro de la red AmaLlulla, con la herramienta de inteligencia artificial Quispe Chequea, de OjoPúblico.
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Baldeón recordó que la Ley 30364 exige analizar los casos desde el enfoque de género para identificar cómo los roles y estereotipos influyen en las agresiones
La jueza de Junín Ángela Baldeón rechazó la eliminación del enfoque de género aprobada por el Congreso y afirmó que, si la ley se promulga, los jueces podrán aplicar el control difuso para evitar retrocesos en la protección de víctimas de violencia. Señaló que retirar este enfoque debilita la comprensión estructural del problema y reiteró que el Poder Judicial seguirá dictando medidas de protección.
Baldeón recordó que la Ley 30364 exige analizar los casos desde el enfoque de género para identificar cómo los roles y estereotipos influyen en las agresiones. Su módulo atendió 6.500 casos de violencia este año y dictó medidas de protección en menos de 24 horas para reducir riesgos severos a las víctimas.
Por su parte, la fiscal superior Brenda Montenegro defendió la necesidad de mantener el enfoque de género en todas las instituciones del Estado y recordó que el Perú tiene compromisos internacionales como la Convención de Belém do Pará para la lucha contra la violencia de género.
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OTRO DÍA MÁS INSULTADOS | En plena defensa de Pedro Castillo, su abogado arremetió contra el Congreso: recordó que Curwen rechazó 100 mil soles de la ONPE para no hacer propaganda de sus partidos y comparó a los parlamentarios con Jorge Luna y Ricardo Mendoza por llegar lejos: “Hablando huevadas”. El abogado terminó expulsado.
El incidente ocurrió durante la sesión de la Comisión Permanente del Congreso, donde se evaluaba la acusación constitucional contra el expresidente. Carlos Torres Caro, abogado de Castillo, utilizó su intervención para cuestionar a los congresistas y poner en duda su autoridad moral. El letrado soltó ataques directos, afirmando que algunos legisladores “se creen superiores”, pero que influencers como Curwen lograron llegar igual de lejos “sin recibir 100 mil soles”, en referencia a su video viral rechazando dinero para hacer propaganda política.
La tensión subió cuando comparó a los congresistas con los comediantes Jorge Luna y Ricardo Mendoza, insistiendo en que muchas veces “dicen cualquier cosa”, comentario que generó protestas inmediatas entre los parlamentarios. Al escuchar la frase “hablando huevadas”, varios legisladores exigieron que lo retiren de la sesión por faltarle el respeto al Parlamento.
Torres Caro también lanzó críticas contra algunos medios y sostuvo que el juicio contra Castillo tiene motivaciones políticas. Sin embargo, sus comentarios contra el Congreso fueron los que colmaron la paciencia de la mesa directiva. Tras varios llamados al orden, la presidenta de la Comisión Permanente ordenó su expulsión.
El abogado insistió en que no había cometido ninguna falta y que solo ejercía su derecho a la defensa. Sin embargo, la mayoría de los congresistas protestaron por permitir que cada vez les falten el respeto con mayor ligereza.
La denuncia contra el expresidente fue aprobada y ahora deberá pasar al pleno del Congreso.
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AUTORIDADES NO LLEGARON | Un tiburón megaboca, una especie extremadamente rara y poco vista, quedó varado en una playa de Piura. Lo que pudo convertirse en un hallazgo valioso para la investigación científica terminó generando indignación, pues pobladores filetearon al animal por desconocer su importancia. Un fotógrafo que presenció la escena denunció que ninguna autoridad llegó a tiempo para evitar que la especie fuera depredada.
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Delia Espinoza denunció un complot en su contra para que no retorne a su cargo como fiscal de la Nación. Acudirá al Congreso para que el pueblo conozca la verdad de los hechos.
El juez del Noveno Juzgado Constitucional, Juan Torres, decidió otorgar «por última vez» dos días más a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) para que reponga a Delia Espinoza como fiscal de la Nación, caso contrario estarán bajo apercibimiento del Ministerio Público quienes resulten responsables del incumplimiento al mandato judicial.
La decisión judicial se comunicó este martes 25 a la JNJ, luego de que se otorgara una medida cautelar a la fiscal, que dejaba paralizados los procesos disciplinarios en su contra. Así, el regreso de Espinoza Valenzuela debería darse este viernes 28 de noviembre, dado que el jueves 27 vence el plazo que se les otorga «por última vez».
Como se informó públicamente, el primer plazo dado a la Junta venció el lunes 24 de noviembre a la medianoche, pero Delia Espinoza no fue repuesta, pese a que el juez los notificó el 18 de este mes. Y si bien a medida cautelar se dio el 10 de este mes, ocho días después, el magistrado volvió a notificar a la JNJ que dirige Gino Ríos, debido a que se equivocó al enviar su decisión en un primer momento.
Torres Tasso no aceptó los pedidos de Delia Espinoza para declarar en desacato a la JNJ y el retiro de Tomás Gálvez como titular interino del Ministerio Público. Y declaró improcedente «habilitar el día y hora (25 de noviembre a las 8 a.m.) para la ejecución de su medida cautelar». Porque consideró que dichos pedidos «no obedecían a los términos del mandado cautelar emitido por esta judicatura».
Delia Espinoza denunciará penalmente a la JNJ si no la restituyen
De acuerdo con lo declarado por la suspendida fiscal de la Nación, Delia Espinoza, denunciaría penalmente a los miembros de la Junta Nacional de Justicia si no la restituyen en el cargo. Les dio como plazo para que acaten el fallo hasta el lunes 1 de diciembre. “De lo contrario, estarían incurriendo en desobediencia y resistencia a la autoridad”, dijo a Exitosa.
Al salir de la audiencia en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, Espinoza Valenzuela dijo enfáticamente que su reposición se tiene que dar de todas formas. “Si la JNJ decide no acatar la orden judicial y continúa con sus ‘argucias legales’, sus miembros recibirán una denuncia penal”, advirtió.
Aseguró que esta situación “ya no debe pasar del lunes…si quieren evitar una denuncia penal por desobediencia y resistencia a la autoridad, tendrían que por lo menos pronunciarse positivamente, sino el día martes esto tiene que ejecutarse de todas maneras», refirió.
«Espero que esta sea la última vez porque ya se ha extendido demasiado y está dando tiempo para que la JNJ continúe con sus argucias legales. Ya promovió una demanda competencial y también está dando tiempo para que en el Congreso puedan acelerar especialmente los casos de Delia Espinoza, que son de fechas recientes», consideró.
“Soy una perseguida política”, dice Delia Espinoza
Delia Espinoza, luego de que la Comisión Permanente aprobara el informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), que propone inhabilitarla por 10 años en la función pública, dijo que esa decisión del Parlamento es una «venganza política» por «haber hecho mi trabajo». «A mí es a la que ven como incómoda, no a mis colegas», expresó.
«Ya están en campaña. Lo cierto y real es que ellos prácticamente, por muy amplia mayoría, han aprobado un informe recomendando que se me denuncie penalmente e inhabilite por 10 años. Lo que dicen ahora es para bajar la tensión, pero están decididos para acusarme», puntualizó.
A la sesión de la Comisión Permanente por la mañana, cuando aprobaron su inhabilitación, se sumó la citación a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales por la tarde y a la que asistió con su abogado Rodolfo Pérez, quien consideró que hay ensañamiento y persecución política contra su defendida.
«Estos señores del Congreso están consumando una venganza política contra mi persona por haber hecho mi trabajo con objetivo y con arreglo a la ley, no me perdonan por haber presentado denuncias contra varios de ellos de manera sustentada porque ellos son juez y parte, ellos reciben las denuncias, ellos las archivan», reclamó.
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Ya no queda duda alguna, el pacto ha instaurado una dictadura en el país. Las pruebas son innegables, la seguidilla de atropellos en contra de Delia Espinoza alcanzaron su punto más alto esta mañana en el Congreso. La Comisión Permanente aprobó el informe final que recomienda inhabilitar por 10 años a la suspendida fiscal de la Nación.
La medida llegó en medio de amenazas del Legislativo de inhabilitar a los otros tres fiscales no alineados con el pacto. Sin embargo, eso pareció ser un ardid para hacer ver menos grave el atropello contra Espinoza.
Todo esto solo es el broche de oro de una seguidilla de irregularidades, empezando por el desacato de la JNJ a la resolución judicial que ordenaba la restitución de la fiscal, pasando por las maniobras del interino Tomás Gálvez para evitar que Delia reingrese al Ministerio Público. La agraviada no escondió su desazón, y calificó la situación como una dictadura congresal y un quiebre del Estado Constitucional. Si así se comportan con una fiscal suprema, imaginen de lo que son capaces durante las elecciones.
Todo puede pasar el 2026.
Abogado de Pedro Castillo se defiende tras ser expulsado por comparar al Congreso con Hablando Huevadas: “Los he nivelado”
Carlos Torres Caro quiso hacer lo mismo que Raúl Noblecilla: decirles en su cara a los congresistas lo que todos los peruanos quisieran. Pero él sí se pasó unas cuantas revoluciones. El abogado no solo se burló deliberadamente de las denuncias que los congresistas presentan una y otra vez contra cualquiera que les resulte incómodo —incluido el expresidente—, sino que también cuestionó la Constitución con la que justifican esas denuncias. Y como si no fuera suficiente, remató riéndose de que algunos creadores de contenido, como el popular Curwen, hayan preferido rechazar los 100 mil soles que la ONPE está dispuesta a dar para que emitan la franja electoral, solo porque les daría vergüenza hacer propaganda de los partidos a los que pertenecen nuestros actuales padres de la patria.
No contento con eso, soltó los nombres de los comediantes Ricardo Mendoza y Jorge Luna, asegurando que ellos también llegaron lejos por la misma razón que los congresistas: hablando huevadas. Solo que con una pequeña diferencia: ellos sí dan risa, en cambio el Congreso da pura pena.
Los congresistas por poco lo sacan a patadas del hemicirco, lo que, obvio, terminó en otro espectáculo dentro del pleno. Afuera, el abogado del profe aseguró que no había faltado el respeto a nadie porque solo usó una palabra coloquial del peruano y que, con su frase “los he nivelado”, lo único que hizo fue describir cómo nuestros padres de la patria conducen el parlamento.
No sabemos si reír o llorar.
Comandante de la PNP asegura que los derechos humanos entorpecen labor policial
Parece que la lucha contra el crimen en el Perú tiene un villano inesperado, y no es quien piensas. El comandante general de la PNP, Óscar Arriola, ha declarado que los archienemigos que desestabilizan y bajan la moral de la policía son… los derechos humanos y las ONG, de quienes especula, con una delicadeza encomiable, «no sé pagados por quién».
Mientras su institución lidia con un déficit de personal y la persistencia de notas extorsivas, Arriola pide a la sociedad que proteja la moral de sus agentes, la cual, según él, debe estar «al tope». Para demostrar su eficiencia, destacó operativos exitosos con capturas y la incautación de un arsenal digno de una película: 130 mil cartuchos de dinamita y 150 toneladas de pirotécnicos (un ‘gran golpe’ a las festividades navideñas).
Y, en un giro que aclara las cosas para los criminales con aspiraciones, sentenció que la ley ampara a los policías para «abatir» a quien porte un arma, ya sea real o falsa, porque al parecer, en el combate al delito, los malentendidos se pagan caro.
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Periodista y editora audiovisual. Culminó sus estudios en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y se ha especializado en periodismo digital gracias a la formación de Google Adsense, Google News Initiative y la Fundación Gabo.
JUNÍN: 90 feminicidios en la última década revelan una violencia normalizada y sin freno
AYACUCHO: Nueve feminicidios y más de cuatro mil casos de violencia alerta al país este 25 de noviembre
CUSCO: José Luna se lanza al ruedo y Noblecilla lo vende como el “cholo político” rechazado por las élites
LAMBAYEQUE: Otra orquesta de cumbia de Chiclayo denuncia ser víctima de extorsión
LORETO: Toman colegio exigiendo construcción Arequipa: Taxistas anuncian marcha rodante contra plaqueo en Centro Histórico
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Productora del programa Pico a Pico de El Búho. Estudió en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Se especializa en producción audiovisual, locución y creación de contenido para redes sociales.
Ayacucho: Nueve feminicidios y más de cuatro mil casos de violencia alerta al país. Cusco: José Luna se lanza al ruedo y Noblecilla lo vende como el “cholo político” rechazado por las élites
Pasó en el Perú | Junín. Junín suma 90 feminicidios en la última década y mantiene una tendencia crítica que no retrocede. El 2023 fue el peor año, con 16 víctimas, y en 2024 se registraron 13 casos. En lo que va del 2025, la Fiscalía especializada reporta nueve feminicidios y diez tentativas, lo que confirma que la región sigue en un nivel alto de violencia letal contra las mujeres.
La fiscal superior Brenda Montenegro advirtió que las víctimas son cada vez más jóvenes, pues la mayoría de ellas tiene menos de 35 años. Este patrón coincide con la data acumulada de 2015 a 2024.
Mientras la violencia aumenta, las denuncias disminuyen. Junín pasó de 14.225 denuncias por violencia contra la mujer en 2019 a 9.883 en 2024, una caída que refleja la creciente desconfianza en la Policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial.
A esta crisis se suma una alta tolerancia social a la violencia. La ENARES 2024 revela que el 88.8% de la población de Junín justifica o tolera en alguna medida la violencia contra las mujeres. Pese a este escenario, los gobiernos regionales y municipales destinan escasos recursos a prevención y atención, lo que perpetúa un ciclo de riesgo que sigue cobrando vidas cada año, informó Huanca York Times.
Ayacucho: Nueve feminicidios y más de cuatro mil casos de violencia alerta al país este 25 de noviembre
Pasó en el Perú | Ayacucho. Las actividades por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer culminaron en Ayacucho con un mensaje contundente: los nueve feminicidios y más de cuatro mil casos de violencia familiar registrados este año reflejan una crisis que exige respuestas inmediatas del Estado.
Durante la jornada, colectivos feministas, instituciones educativas y organizaciones sociales marcharon por las principales calles para visibilizar la situación que enfrentan mujeres, niñas y adolescentes. Las participantes advirtieron que las cifras oficiales no muestran la magnitud real del problema debido al miedo a denunciar y a la desconfianza en el sistema de justicia.
Especialistas que acompañaron las actividades señalaron que el entorno familiar continúa siendo el lugar donde ocurren la mayoría de agresiones. Además, recalcaron que los servicios de atención siguen siendo limitados, lo que deja a muchas víctimas sin protección efectiva.
La marcha finalizó con un llamado a fortalecer la prevención, garantizar atención integral y acelerar los procesos judiciales para evitar más impunidad. Las organizaciones remarcaron que este 25 de noviembre no solo conmemora una fecha, sino la urgencia de frenar una violencia que sigue cobrando vidas. Jornada.
Cusco: José Luna se lanza al ruedo y Noblecilla lo vende como el “cholo político” rechazado por las élites
Pasó en el Perú | Cusco. Desde la comunidad de Huayllarcocha, donde ni el WiFi ni la fama siempre llegan, José Luna Gálvez lanzó oficialmente su candidatura presidencial por Podemos Perú. Lo acompañaron su nuevo fichaje Raúl Noblecilla, la periodista Cecilia García y, Guido Bellido, que busca reelegirse ahora al Senado.
El detalle fue que buena parte de la población… no tenía idea de quién era el candidato. Y varios comuneros expresaron su malestar por la presencia de Bellido, cuestionando su gestión en el Congreso.
Frente a los cuestionamientos de la prensa, su jale y estelar Raúl Noblecilla intentó blindar al cuestionado Pepe Luna, pintándolo como el “cholo político” que jamás será aceptado por las élites. CuscoPost.
Lambayeque: Otra orquesta de cumbia de Chiclayo denuncia ser víctima de extorsión
Pasó en el Perú | Lambayeque. La orquesta “Las Estrellas de la Cumbia” de Chiclayo, denunció ser víctima de extorsión desde hace unas semanas.
Sujetos, se comunicaron el promotor de conjunto musical para exigirle el pago de S/20 mil, a fin de no atentar con su seguridad y no cometer ningún acto que ponga en peligro a los asistentes a sus espectáculos, informó Semanario Expresión.
Loreto: Toman colegio exigiendo construcción
Pasó en el Perú | Loreto. Padres de familia del colegio de Quistococha, un poblado ubicado a 10 kilómetros de Iquitos, tomaron las instalaciones exigiendo que el Gobierno Regional de Loreto, construya la nueva infraestructura, tal como se comprometió el gobernador René Chávez el año 2023 en una visita que hizo acompañado del alcalde de Maynas, Vladimir Chong Ríos.
Esta toma de local es el complemento a la medida de fuerza que se hizo ayer con el bloqueo de la carretera Iquitos-Nauta por la misma exigencia, según señaló el profesor Renato Achata. La protesta de los padres de familia, apoyada por los docentes y algunos alumnos, se debe a que ningún funcionario del gobierno regional informa sobre la situación del proyecto de construcción.
Además, según el propio Achata, la Municipalidad Distrital de San Juan, construyó una cancha múltiple en la parte externa del colegio, lo que impide el normal ingreso de alumnos, situación que perjudica el normal desarrollo de las clases, expresó. ProyContra.
Arequipa: Taxistas anuncian marcha rodante contra plaqueo en Centro Histórico
Pasó en el Perú | Arequipa. Ante el rechazo unánime del Concejo Provincial de Arequipa a modificar la Ordenanza Municipal 927, que mantiene la restricción del plaqueo para el ingreso de taxistas formales al Centro Histórico, el gremio de conductores ha anunciado una marcha rodante de protesta.
Adolfo Paco, presidente de la Cámara de Empresas de Taxis de la Región Arequipa (Cetara), calificó la decisión como un golpe al sector formal y un incentivo a la informalidad. La movilización, programada para el miércoles 26 de noviembre, partirá de tres puntos de concentración con el objetivo de visibilizar sus principales demandas.
Entre estas exigencias se encuentran la eliminación del plaqueo, acciones efectivas contra el transporte informal, facilidades para renovar el Setare, la implementación del taxi caracterizado y una solución urgente al problema de abastecimiento de Gas Natural Vehicular.
El sector hace un llamado al diálogo con las autoridades municipales para encontrar soluciones a esta problemática, informó El Búho.
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Un reciente informe de la Contraloría General reveló fallas en el manejo de los alimentos del programa Wasi Mikuna en instituciones educativas de Arequipa. La supervisión, realizada a finales de octubre de 2025, evidenció irregularidades que comprometen la seguridad de los productos destinados a los estudiantes.
El órgano de control identificó que dos colegios, la I.E. N° 40211 Héroes del Pacífico y la I.E. N° 40134 Mandil Azul, no registran diariamente el ingreso y salida de productos en sus kardex. Esta omisión impide un control adecuado del stock y la trazabilidad de los alimentos. Esto genera riesgos de desabastecimiento y deterioro de productos ante la imposibilidad de verificar su existencia de manera periódica.
La situación es particularmente preocupante en la I.E. Héroes del Pacífico, donde se detectó la falta de fumigación del ambiente de almacén. Además, la institución incumplió las indicaciones de limpieza y desinfección del área de recepción de alimentos consignadas en los anexos de la Norma Técnica del programa.
Estas negligencias podrían generar contaminación cruzada en los alimentos, con la consecuente afectación a la salud de la población estudiantil. El informe advierte que no se están previniendo adecuadamente los riesgos de contaminación en el ambiente de almacenamiento.
La supervisión se enfocó en el cuarto hito de control del proceso de recepción, almacenamiento y distribución de alimentos de la sexta entrega del año 2025. El examen abarcó una muestra aleatoria de cuatro instituciones educativas del ámbito de la UGEL Suren los distritos de José Luis Bustamante y Rivero, Paucarpata y Mariano Melgar.
La Contraloría instó al titular de la entidad a adoptar acciones preventivas y correctivas inmediatas. Se recomendó implementar medidas que aseguren la continuidad del proceso y garanticen el logro de los objetivos del programa de alimentación escolar.
Las autoridades disponen de un plazo de cinco días hábiles para comunicar las acciones adoptadas ante estas situaciones adversas.
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Delia Espinoza manifestó su indignación luego de que la Comisión Permanente del Congreso aprobara un informe que recomienda su inhabilitación por 10 años, mientras absuelve a los otros fiscales supremos denunciados pese a estar en la misma denuncia. La fiscal suspendida cuestionó que lo ocurrido es un “quiebre del Estado constitucional” y una “dictadura parlamentaria”.
El Congreso decidió votar por separado los informes contra los cuatro fiscales supremos, pese a que todos estaban implicados en los mismos hechos. Según ella, esa separación revela que el objetivo estaba dirigido exclusivamente en su contra. Por su parte, la Comisión Permanente apoyó el informe con 16 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones.
Espinoza calificó la medida como un acto de venganza política por haber presentado denuncias constitucionales contra varios legisladores. Afirmó que “están consumando una venganza política” contra ella por ejercer su labor fiscal con rigor.
El informe no solo recomienda su inhabilitación, sino también la denuncia penal por supuestos delitos como usurpación de funciones, abuso de autoridad, prevaricato y falsedad genérica.
La acusación constitucional es porque habrían emitido un reglamento que permite al Ministerio Público continuar con investigaciones preliminares, a pesar de que el Congreso aprobó una ley que otorga esa facultad a la Policía.
Samuel Abad cuestionó tanto el fondo como la forma de la denuncia constitucional que buscaba sancionar a cuatro fiscales supremos por defender el control difuso y advertir que las leyes del Congreso recortaban la autonomía del Ministerio Público. El abogado evidenció que, en realidad, los congresistas solo buscan tener la razón y apartar del camino a quienes les resultan incómodos.
Por ello, de los cuatro fiscales supremos denunciados, solo aprobaron el informe contra Delia Espinoza, a quien pretenden inhabilitar por 10 años y denunciar penalmente por abuso de autoridad y prevaricato. Además, exigen que el actual fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, la denuncie ante la Corte Suprema en un plazo máximo de cinco días.
La acusación constitucional es porque habrían emitido un reglamento que permite al Ministerio Público continuar con investigaciones preliminares, a pesar de que el Congreso aprobó una ley que otorga esa facultad a la Policía. Pese a que la propia congresista Gladyz Echaíz, quien fue fiscal de la Nación, dijo que era inconstitucional esta pretensión y votó en contra en todas las oportunidades, sus colegas votaron a favor, pero solo en el caso de Espinoza Valenzuela.
El caso de la bancada Fuerza Popular fue singular dado que sus integrantes no se aparecieron en las votaciones de Villena, Sánchez o Ávalos, pero sí lo hicieron para votar a favor de la inhabilitación de Delia Espinoza.
La Contraloría General de la República identificó serias irregularidades en la obra “Mejoramiento del servicio de infraestructura vial vecinal, tramo desvío Chapapampa – Jonsani”, ejecutada por la Municipalidad Provincial de Huancané. Entre los hallazgos más relevantes figura el pago de S/ 30 000 por un expediente técnico incompleto, así como la adjudicación de la buena […]
La Contraloría General de la República identificó serias irregularidades en la obra “Mejoramiento del servicio de infraestructura vial vecinal, tramo desvío Chapapampa – Jonsani”, ejecutada por la Municipalidad Provincial de Huancané. Entre los hallazgos más relevantes figura el pago de S/ 30 000 por un expediente técnico incompleto, así como la adjudicación de la buena pro a un postor que no cumplía los requisitos establecidos.
La acción de control examinó las contrataciones vinculadas a la elaboración y aprobación de los expedientes técnicos y las etapas previas de los procesos de selección para la ejecución y supervisión de la obra. Estos procesos se realizaron a través de la Licitación Pública n. 003-2022-MPH/CS-1 y la Adjudicación Simplificada n.° 23-2022-MPH/CS-1. En total, las contrataciones relacionadas suman S/ 3 511 000, de los cuales los expedientes técnicos representan solo una parte.
De acuerdo con el Informe de Auditoría de Cumplimiento n. 023-2025-2-0460, que evaluó el periodo del 15 de octubre de 2020 al 20 de febrero de 2023, la municipalidad otorgó conformidad y pagó al consultor encargado de actualizar el expediente técnico pese a que este no cumplió con los términos de referencia ni con las obligaciones contractuales. Ello derivó en la aprobación de un expediente incompleto y en la omisión de penalidades ascendentes a S/ 3 000, generando un perjuicio económico para la entidad.
El informe también reveló que el comité de selección no respetó las bases estándar ni atendió observaciones relevantes durante el proceso. La buena pro fue otorgada a un postor que ofreció el precio más alto y no acreditó el equipamiento requerido. Además, la municipalidad registró tardíamente la adjudicación en el SEACE, lo que permitió que el contratista presentara documentos fuera de plazo y lograra firmar el contrato sin cumplir todas las condiciones exigidas.
Como resultado, la Contraloría identificó presunta responsabilidad penal y administrativa en tres funcionarios municipales, quienes habrían incumplido la normativa vigente y sus deberes funcionales.
El organismo de control recomendó a la municipalidad adoptar medidas para el deslinde de responsabilidades y fortalecer sus procesos internos de contratación. Asimismo, dispuso remitir el caso a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción para que inicie las acciones legales correspondientes.
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La Comisión Permanente del Congreso aprobó, el informe que recomienda inhabilitar por diez años para ejercer la función pública al expresidente Pedro Castillo, por el presunto delito de rebelión- por infringir 18 artículos de la Constitución al perpetrar su golpe de Estado, el 7 de diciembre del 2022.
La sesión se vio interrumpida cuando el tercer vicepresidente del Congreso, Ilich López, ordenó que el abogado de Castillo Terrones, Carlos Torres Caro, fuera retirado del hemiciclo por la seguridad del Parlamento.
El incidente se produjo porque la defensa legal dijo que “Jorge Luna y Ricardo Mendoza llenaron el Madison Square Garden por hablar huevadas como ustedes”, en referencia a los congresistas.
Carlos Torres Caro recién había asumido la defensa de Castillo el 21 de noviembre, por lo que afirmó que no se le había otorgado el tiempo necesario para prepararse, afectando el debido proceso.
Precisamente, esta sesión para tratar la inhabilitación previamente aprobada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), debió realizarse la semana pasada, pero el exmandatario pidió que se reprograme porque, según argumentó, no tenía abogado.
Previamente, la presidenta de la SAC, Lady Camones, sustentó el informe final y el pedido de sanción, para luego escuchar al abogado de Castillo presentando los descargos.
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La Policía Nacional desarticuló la presunta banda criminal “Los Intocables de La Tinguiña” en un operativo simultáneo realizado por la División Regional de Ica y la División de Investigación Criminal. Los intervenidos son investigados por amenazas, extorsión y la detonación de un artefacto explosivo contra una fiscal penal del distrito de Parcona. La operación se […]
La Policía Nacional desarticuló la presunta banda criminal “Los Intocables de La Tinguiña” en un operativo simultáneo realizado por la División Regional de Ica y la División de Investigación Criminal. Los intervenidos son investigados por amenazas, extorsión y la detonación de un artefacto explosivo contra una fiscal penal del distrito de Parcona.
La operación se ejecutó en horas de la mañana de ayer lunes 24 de noviembre en dos puntos del distrito de La Tinguiña, específicamente en la avenida Luna Victoria y la avenida Lambayeque. En esos lugares fueron detenidos Guillermo Jerson Huamantoma Huamaní, alias “Cabezón”, y Raúl Alex Janampa Ninahuamán, alias “Saposito”.
Según las primeras diligencias, los detenidos habrían participado en la detonación de un explosivo en una vivienda contigua a la Fiscalía Penal de Parcona, con el objetivo de intimidar a la fiscal Sara Torres Zúñiga. En el lugar también se dejó un panfleto con amenazas directas para obligarla a apartarse de un proceso penal que ella investigaba.
Detenidos están bajo detención preliminar por seis días en Ica
El jefe de la Región Policial Ica, general Leiby Huamán Daza, informó que la identificación de los presuntos autores se logró mediante técnicas especiales de investigación, lo que permitió solicitar y obtener la orden de detención preliminar del Juzgado de Investigación Preparatoria de Parcona. Ambos sujetos fueron intervenidos cuando salían de sus viviendas tras un periodo de vigilancia policial.
Durante la intervención se incautaron celulares, una mototaxi vinculada a uno de los detenidos y documentos manuscritos que serán sometidos a peritaje de grafotecnia para determinar si están relacionados con el panfleto usado en la amenaza. La Policía presume que los investigados tienen vínculos con personas actualmente procesadas por delitos graves.
Los dos detenidos permanecerán seis días en detención preliminar mientras se recaban más elementos de convicción. La Policía sostiene que esta banda tendría participación en otros hechos de intimidación en la provincia y que la investigación continuará para identificar a más implicados.
Lea la nota original aquí o visita el medio LA LUPA
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